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La exfiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció este lunes, en Costa Rica, que presentó una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por amenazas a su vida, ante la Fiscalía costarricense y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Ortega sostuvo una reunión de casi dos horas temprano, el lunes, con el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y dio una conferencia de prensa en la que dijo que no puede regresar a Venezuela porque sería víctima de encarcelamiento, tortura y desaparición.
Después de denunciar una ruptura del orden constitucional, ella fue destituida de su cargo por la Asamblea Constituyente instalada por Maduro, quien dijo que pediría una orden de captura internacional en su contra.
En declaraciones ofrecidas hoy, Ortega añadió que tiene pruebas de serios casos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y miembros de la Asamblea Constituyente instalada por él.
Las denuncias presentadas por la exjerarca del Ministerio Público de Venezuela tienen un carácter más bien simbólico, pues la Fiscalía costarricense no tiene ninguna potestad para abrir un proceso ante esos reclamos.
En el caso del reclamo que lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el proceso es más engorroso aún, pues tendría primero que presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que esta analice si se puede elevar ante la Corte. A veces, ese proceso se tarda varios años antes de llegar a manos de los jueces interamericanos.
Mencionó que, entre otras cosas, tiene evidencias de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Dijo tener pruebas que incriminan a Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, y que le entregó las evidencias a las autoridades brasileñas y que también conversó del asunto con fiscales de Estados Unidos.
Según Ortega, en Venezuela existen 37 privados de libertad por razones políticas, a quienes los jueces han otorgado órdenes de excarcelación, pero siguen presos por órdenes del gobierno de Maduro sin la posibilidad de que alguien intervenga en favor de ellos.
Afirmó que tiene identificados a los autores de torturas y que las autoridades policiales, militares y de inteligencia han institucionalizado "el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles".
"Se cometen delitos contra la población indefensa. Esta situación se ha agravado con la ilegítima Asamblea Constituyente del presidente Maduro. Con esta Asamblea se buscan mecanismos de violación a los derechos humanos, la aniquilación de la disidencia política", afirmó.
Añadió que el Gobierno toma medidas administrativas que impiden la libre circulación de ideas, como el cierre de emisoras de radio, televisoras, la restricción del papel para los medios impresos y, ahora, pretende controlar las redes sociales, "lo último que les queda a los venezolanos".
"Se procura un pensamiento único mediante la censura", dijo la exfiscala.
Luisa Ortega dijo que trajo a Costa Rica documentos relacionados con las pruebas sobre violaciones de derechos humanos.
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"Nosotros ejercimos un sinfín de acciones para castigar, sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos, pero el Gobierno y el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia torpedearon cualquier iniciativa y se convirtió en perseguidor de todo aquel que reclamara justicia".
"Hemos emprendido una cruzada, porque en Venezuela no es posible tener justicia y mucho menos en casos de derechos humanos, libertad de expresión", continuó.
Mencionó, por ejemplo, que el Gobierno quería que ella dijera que un muchacho murió por una bala perdida en una manifestación, cuando las evidencias decían que la Guardia Nacional lo había asesinado tras dispararle directamente un cartucho de gas.
"Visibilicemos lo que está pasando en Venezuela, estamos aportando las pruebas necesarias para el juzgamiento de los responsables."
Agregó que, luego de que la Asamblea Constituyente la destituyó, allanaron su casa y despojaron de la inmunidad a su esposo, el exdiputado Germán Ferrer.
Ortega declaró que visita varios países con la intención de dejar evidencia de lo que tiene y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección en su favor, aunque dice tener informes de que contrataron sicarios para acabar con su vida.
"Por eso quiero formular una denuncia en Costa Rica y a favor de los distintos fiscales en Venezuela. Tengan confianza de que vamos a salir de esta pesadilla, los venezolanos volveremos a ser los mismos de siempre".
"Ojalá no esté permeando en la región"
La exfiscala también opinó, ante consulta de La Nación, sobre el polémico episodio de la invitación de la diputada Ligia Fallas, del Frente Amplio, a cuatro diputados constituyentes venezolanos a un encuentro mesoamericano que se celebraría en la Asamblea Legislativa, el viernes pasado.
Ortega lamentó que los chavistas hayan sido invitados al país, aunque añadió que cada nación es libre de hacer lo que quiera.
"Ojalá lo que está pasando en Venezuela no esté permeando a la región", comentó la exfiscala, quien solamente atendió a cuatro o cinco medios, pues pocos minutos después de que llegó un equipo de Telesur a la conferencia, medio cercano al régimen de Nicolás Maduro, la fiscala decidió no atender más preguntas de los medios de comunicación y salió por una puerta lateral, diferente a la que usó para ingresar al salón.
Hasta la 1:30 p. m., Ortega se mantenía en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, desde donde se dirigiría a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de dejar la conferencia, la exfiscala Ortega rechazó la violencia, "venga de donde venga" y afirmó que la persona tiene derecho a manifestarse, pero apuntó que el Gobierno de Venezuela está impidiendo esto y "está provocando que se originen hechos de violencia".
"Eso fue lo que ocurrió en Venezuela, no se les permitió llegar a la Defensoría del Pueblo. Yo siempre rechacé esos hechos que generaron violencia", comentó Ortega, quien añadió que ha sido una práctica del gobierno de Nicolás Maduro la de armar a los civiles, "a pesar de que tenemos una ley para el desarme y el control de armas y municiones".
Acusaciones a Maduro
Entre las acusaciones específicas que hizo Luisa Ortega, está una dirigida a una supuesta sustracción de recursos del fisco que le atribuyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien señaló de retirar entre $8 y $10 millones en efectivo para pagárselo a "una importante firma".
La fiscal destituida aseguró que ese pago se realizó a través de una "empresa fachada", llamada Contextus Comunicación Corporativa, compañía propiedad de una persona llamada Mónika Ortigosa, familiar del diputado constituyente Hermann Escarrá.
Ortigosa es esposa de un sobrino de ese constituyente, Alejandro Escarrá, de quien la exfiscal aseguró que vive en Estados Unidos y que posee gran cantidad de propiedades. La exjerarca del Ministerio Público de Venezuela apuntó que, si bien no le consta, ha tenido información sobre supuestas investigaciones hacia Alejandro Escarrá.
"Esta millonaria operación de corrupción involucra también a Jorge Rodríguez (ex vicepresidente de Hugo Chávez y alcalde del municipio Libertador), Jesse Chacón (ministro de Energía Eléctrica), Elías Jaua (ministro de Educación del gobierno de Maduro), Maximilien Sánchez Arveláiz (exembajador venezolano en Washington), un funcionario del Estado venezolano", dijo la exfiscal general venezolana.
"Por cuanto en Venezuela no va a ser posible hacer justicia, yo estoy entregando esta evidencia a los distintos países", finalizó Luisa Ortega.
