EscucharDos exjerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmaron que la Casa Presidencial presionó para conocer el presupuesto de publicidad de la institución autónoma y el mecanismo de asignación y que llegaron al punto de advertirle al Poder Ejecutivo que no podía interferir en la forma en que la institución administra su dinero.
Álvaro Ramos Chaves, quien presidió la CCSS de mayo del 2022 hasta su destitución en setiembre de ese año, y Xinia Fernández Delgado, quien fue directora de Comunicación hasta su jubilación este año, corroboraron las declaraciones que hizo bajo juramento, ante diputados, la noche del lunes, Patricia Navarro Molina, ministra de Comunicación entre mayo y agosto del 2022.
Consultados por La Nación, Ramos y Fernández coincidieron, por separado, en que la CCSS rechazó la injerencia del Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto para publicidad.
Ante los diputados, Navarro relató que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, la presionaba todos los martes para que pidiera información a las instituciones descentralizadas sobre los fondos publicitarios. “Fue muy incómodo y yo sabía que si yo insistía en eso iba a cometer un delito, porque yo no puedo violentar la independencia o la autonomía de las instituciones autónomas”, declaró.
Citó, en especial, lo sucedido con la CCSS. Dijo que, ante la persistencia del mandatario, ella hizo la petición a varios directores de Comunicación, entre ellos a Xinia Fernández, quien se negó a facilitar la información y contestó remitiendo un fundamento legal para justificar su decisión.
Fernández relató a este diario que, efectivamente, la entonces ministra le pidió “el desglose del presupuesto de publicidad y el mecanismo de asignación”.
“Le mandé el articulado que establece que la Caja es una institución autónoma, de tal manera que no podía el Ejecutivo interferir en la manera en que la institución administra los recursos.
“Adicionalmente, le pasé, en el mismo documento, la información técnica que establecía los criterios bajo los cuales nosotros otorgábamos la publicidad, que tiene que ver con el rating y la valoración del público al que va dirigida una determinada campaña de comunicación”, detalló Fernández en una llamada telefónica con un periodista de este diario.
Álvaro Ramos, por su parte, recordó que él conversó sobre esa petición con Xinia Fernández y que, luego de las explicaciones que ella le dio, decidieron “no cambiar nada de cómo se pautaba”.
“Me comentó (Fernández) que tenían un mecanismo bastante desarrollado en que se asignaba el recurso por impacto (…). Yo respaldé a doña Xinia con esa decisión”, expresó Ramos, quien dijo que, en su caso, el presidente Chaves nunca lo llamó para conversar del tema.
“No creo que hayan estado felices en Casa Presidencial con nuestra posición, pero no me dieron a entender que mi puesto estuviese en peligro por esa decisión. Claro, en mi caso nunca me dieron a entender que estuviese en peligro hasta que me destituyeron”, precisó Álvaro Ramos. Su despido, el 17 de setiembre de 2022, se dio por avalar un aumento salarial para los empleados de la CCSS.
Las declaraciones de Navarro
Patricia Navarro aseguró, bajo juramento, que “la insistencia del presidente Chaves fue mucha, fue muy persistente durante muchos martes, durante los casi cuatro meses que estuve ahí (como ministra), para que yo pidiera información a las instituciones autónomas sobre la pauta publicitaria”.
Según dijo, Chaves pretendía acceder a los fondos de publicidad de las autónomas porque los ministerios no tenían presupuesto para ese rubro.
“Nadie tenía plata por los recortes que se hicieron por la covid-19. Ningún ministerio tenía plata y las autónomas evidentemente sí tenían plata. Entonces, era con los únicos que se podía gestionar. No sé cuál era la intención del presidente, no sé cuál era la fijación que tenía, pero él sí quería la información”, manifestó Navarro, en respuesta a una consulta de la diputada Andrea Álvarez Marín, de Liberación Nacional (PLN).
Las declaraciones las hizo ante los diputados de la comisión especial que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), algunos sin concurso público, así como un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
La exministra relató que, para obtener la información publicitaria solicitada por Chaves, conversó con algunos de los jerarcas de las instituciones autónomas y se reunió con Esmeralda Britton, la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS) para hablar del tema.
Agregó que el mandatario preguntó: “‘¿Esmeralda (Britton) no le mandó lo que yo le pedí?’. Yo le dije que no, y me respondió: ‘Es que ella no está haciendo lo que yo le dije’”.
La exministra agregó: “Don Rodrigo Chaves llegó a decir que si Esmeralda no hacía lo que él decía, íbamos a tener que buscar una nueva presidenta ejecutiva de la JPS. Yo no sé qué le dijo él a ella. A uno eso le afecta mucho porque uno no quiere que haya ese tipo de presiones. Creo que fue una falta de respeto”.
Meses después de estos acontecimientos, el 28 de marzo del 2023, La Nación confirmó que la JPS le entregó el manejo de su publicidad al Sinart, pese a que un estudio advertía de la falta de criterios técnicos y financieros para fundamentar la decisión.
Incluso, consta en actas de noviembre del 2022, Britton confirmó en sesiones de la Junta Directiva que la instrucción de entregar la publicidad al Sinart venía desde Casa Presidencial.
“Yo creo que el propósito de la directriz es que el Sinart cuente con todos esos fondos y tener una ganancia por volumen”, afirmó la presidenta de la Directiva. Agregó que “lo más importante” era “que no pareciera como que la Junta quiere ir por otro lado diferente a la directriz o la intención del gobierno de consolidar todo en el Sinart”.
Consultado por Telenoticias, la mañana del martes, el fiscal general, Carlo Díaz, informó de que analizará las declaraciones hechas por Patricia Navarro, para determinar si hubo delitos en el manejo de la publicidad estatal.
