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Costa Rica avanza, pero tiene una larga lista de deudas pendientes. La violencia está ahí, pero en muchos casos no se ve. Oposición seguirá existiendo, pero la obligación del Estado es encontrar formas para garantizar derechos a la población sexualmente diversa.
Esos son tres de los mensajes que Mariel Ortega, especialista en derechos de la población LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), compartió la semana anterior durante su visita al país.
La experta presentó un informe de la CIDH sobre violencia contra la población LGTBI en el continente, durante un encuentro internacional convocado por la Defensoría de los Habitantes. En una entrevista con La Nación, Ortega instó a los gobernantes y a la sociedad civil a que se garanticen derechos para toda la población, y a que se acaben los mitos sobre las personas con identidades y orientaciones que rompen con lo convencional.
¿Qué ha encontrado la Comisión en su investigación sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTI en Costa Rica?
La Comisión está en su proyecto de buenas prácticas, en el que ha monitoreado los avances en la región y ahí se incluye Costa Rica. Por ejemplo, la Comisión saludó la decisión de incluir en la Caja de Seguro Social a las parejas del mismo sexo, la decisión modificar el estatuto de Servicio Civil para incluir el tema de no discriminación, el declarar el Ministerio de Justicia libre de discriminación (...)
"La Comisión ha visto cosas interesantes que ha hecho Costa Rica en pos de la defensa de las personas LGBTI. Igual faltan muchas otras, pero no es aislado en Costa Rica. Información sobre asesinatos y violencia no recibe tanto la Comisión, no obstante eso no quiere decir que no suceda, porque muchas veces la prensa no cubre esas situaciones y no nos enteramos, la sociedad civil no es tan fuerte o no está tan en contacto con nosotros.
"Por ejemplo, ayer comentaba la Defensoría que ellos reciben muchos quejas de trabajadoras sexuales trans que son agredidas por policías, entonces los casos sí se dan".
¿Y durante su visita actual? ¿Le han comentado sobre alguna situación en particular?
En esta oportunidad no he tenido el chance, pero sí en otras actividades de la Comisión. Por ejemplo, en la audiencia sobre la situación de personas intersex, participó un activista trans intersex de Costa Rica, y sí se recibe información de que por ejemplo en Costa Rica no hay un tratamiento adecuado para personas intersex. Lo mismo con el tema de salud de personas trans, no hay un acceso efectivo. No está regulado el trabajo sexual para personas trans, se ha informado que no tienen ley de identidad de género, no tienen facilidad de adecuar sus documentos de identidad, se habla mucho del tema de discriminación en el acceso al trabajo.
En este momento, activistas de los derechos de la población LGBTI protestan por el nombramiento de un diputado cristiano en la Asamblea Legislativa. ¿Le parece motivo de preocupación?
Bueno, en el Sistema Interamericano somos muy respetuosos de los procesos democráticos internos de cada país. En lo que sí se es enfático es que, independientemente de la línea que se encuentre en los diferentes cargos públicos, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas sujetas a su jurisdicción sin discriminación, y ya se ha establecido muy claramente en la jurisprudencia que eso incluye orientación sexual e identidad de género. En este sentido es irrelevante quién esté ahí, la obligación del Estado siempre continúa.
Los avances que usted mencionaba se han dado por la vía reglamentaria del Poder Ejecutivo, en el Legislativo no han tenido mayor avance los proyectos para garantizar derechos a población sexualmente diversa. ¿Cómo leer esa situación?
Esa situación, a como está la región hasta ahora, es hasta positiva. La verdad, América tiene muchos avances en materia de derechos LGTBI, pero es muy casuístico por qué vía avanza. Por ejemplo, Argentina ha logrado muchos avances por la vía legislativa, porque hubo una coyuntura que lo permitió. Colombia, otro referente en avances de derechos LGTBI, casi todo lo ha logrado por la Corte Constitucional, porque ningún otro órgano ha podido ponerse de acuerdo. Yo creo que es aprovechar la coyuntura local y tratar de avanzar en esa vía.
"No obstante, el mandato y las obligaciones internacionales aplican a todos los poderes públicos, de eso no queda duda. Si al Legislativo se le complica un poco más por su composición, ya ahí queda para la sociedad civil, cómo hacer un poco de presión por las líneas que les parezcan adecuadas".
¿Cómo hacer para alcanzar consensos?
Lograr consensos no se logra en una sola vía. Implica educación, que las personas se desprendan de los estigmas. Una de las principales causas del rechazo es el desconocimiento y el miedo a lo diferente, porque las personas piensan que si eres cis (persona cuya identidad de género y género asignado al nacer coinciden) y si eres heterosexual, eso es lo que está correcto, y que todo lo demás no. Ahí es donde salen todas estas campañas de "con mis hijos no te metas", que es algo sobre lo que la Comisión ha expresado preocupación, porque son retos para el progreso de los derechos y atentan con fuertes regresiones.
En una entrevista reciente, la ministra de Educación habló sobre cómo en considera que en los centros educativos hay que hablar de diversidad sexual, y eso generó reacciones en contra. ¿Cuáles son buenas prácticas en educación? ¿En qué espacios se debe hablar de diversidad y a partir de qué momento?
En ese sentido la Comisión, en la parte en la que analiza el bullying escolar, identifica que una herramienta fundamental para poder contrarrestar estas situaciones de violencia y discriminación es la educación, y hay que iniciarla desde pequeños. Sí se recomendó textualmente modificar las currículas de las escuelas para que se incluyan temas relacionados con la diversidad.
"Recuerdo que en la escuela se nos dice: 'Mujer, esto, hombre, esto, mamá con papá' y no se te dice que puede haber mamá con mamá. O mamá puede estar con mamá y con papá, o cualquier persona que se identifique como mujer, independientemente de sus genitales. Lo mismo para los hombres. Este tipo de lenguaje debe iniciarse desde temprano, en las escuelas. Hacerlo accesible según la edad de los chiquitos, pero siempre brindando la información.
"(...)Y brindar información certera sobre estas cosas porque se puede crear desinformación. A veces una de las estrategias de algunos grupos es desinformar y generan un contexto en el que la gente cree que con este tipo de cosas puede pasar lo que sea, como que su hijo se haga gay o lesbiana. Primeramente, eso no tendría nada de malo, pero el hecho de que te incluyan eso en la escuela no va a hacer que tu hijo pueda ser o no lesbiana o gay. El Estado tiene la obligación de informar adecuadamente".
¿Cómo deben hacer los gobernantes para garantizar derechos y a la vez lidiar con grupos opositores? ¿Cómo se debe mediar y hasta qué punto se debe hacer?
En este sentido, jurídicamente y bajo las premisas que establece la Convención (Americana de Derechos Humanos), el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad y la no discriminación.
"Este no es un tema de que hay dos derechos en pugna, porque cuando hay dos derechos en pugna jurídicamente lo que se establece es que se debe hacer un test para ver cuál va a primar sobre el otro. Pero en este caso que usted plantea, no es así. Si hay personas a las que les molesta o no están de acuerdo, el Estado debe garantizarlos, independientemente de lo que suceda a nivel interno".
¿Cuáles son los siguientes pasos que se deberían dar?
Las personas indicadas para contestar eso están en la sociedad civil, que digan cuáles son los requerimientos de las personas LGTBI en Costa Rica. A nivel general, al margen de que pueda que estas personas puedan tener otros intereses y otras prioridades, lo básico es garantizar la igualdad y la no discriminación en todos los aspectos de su vida.
Se debe garantizar la inclusión en políticas públicas que tiendan a romper esa discriminación histórica que los pone en desventaja: sean becas en el sistema educativo, garantizar que personas que hayan salido de la escuela puedan completarla, que reciban capacitación técnica si desean ingresar al trabajo formal, introducir garantías para la no discriminación en el ámbito laboral.
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Una cosa es que el Estado te brinde las oportunidades para poder estudiar. Ahora: ¿Quién te contrata? Siempre me hago esta pregunta: ¿Vemos personas trans trabajando en oficinas, o en ámbitos públicos? Generalmente no. ¿Y por qué no? No es que no hay, es que no se les da la oportunidad y se vuelve un privilegio.
También garantizar acceso a la justicia, que es básico, porque si sufres discriminación o eres afectado, necesitas acceder y, por ejemplo, muchas veces se dice que cuando vas a hacer la denuncia no te la toman, o se burlan de tí, o tienen el prejuicio e inclusive la justicia te agrede, y entonces ¿Qué haces?
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Además hay un tema de reconocimiento de la identidad de género, que la Comisión ha identificado que es vital para acceder a una multiplicidad de derechos.
¿Eso qué implica?
Por ejemplo, si tú no tienes un documento que refleje quien tú eres, ¿Cómo vas a acceder a un trabajo formal? Porque si yo me identifico como Juan y mi documento dice Mariel, ¿Quién me va a contratar? Igual, si no tienes un documento que refleje tu identidad, tienes problemas con transacciones en el banco. Incluso se ven comprometidos tus derechos civiles y políticos porque ¿cómo te eligen?, en caso de que quisieras iniciar una carrera política.
También está el derecho a la salud, porque algunas personas trans quieren acceder a tratamientos de reafirmación de identidad de género, sean cirugías o tratamientos hormonales, que a veces las personas no pueden cubrir. Personas que ya están envueltas en un círculo de pobreza, que no tienen vivienda, a veces usan procedimientos artesanales que ponen en peligro su vida, muchas personas trans fallecen por eso.
Los tratamientos de reafirmación de género, ¿Se consideran un derecho de las personas trans?
El derecho a la salud se debe garantizar a todas las personas. De acuerdo a las necesidades de cada una a veces hay que adaptar. Una mujer cis tal vez no requiera algunos tratamientos que sí requiere una mujer trans. Ahí el Estado tiene un deber de adecuar los diferentes estándares para garantizar una salud integral para todas las personas sujetas a su jurisdicción. Evidentemente es un tema de salud, no estético.
