Frente Amplio se inventa 60.000 despidos para atacar plan que reduciría déficit fiscal a la mitad

La fracción del Frente Amplio (FA) se basó en proyecciones propias de escenarios supuestos para afirmar que el Gobierno despediría 60.000 funcionarios, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto que crearía una regla fiscal en la Constitución Política, para reducir el actual déficit fiscal a la mitad.

Aunque ese argumento ha sido el caballo de batalla del partido político y, de un grupo de cuatro legisladores independientes para rechazar la propuesta de ley, el diputado y excandidato presidencial del FA, Edgardo Araya, aceptó que los supuestos despidos, que serían necesarios para alcanzar los objetivos fiscales, son un escenario supuesto elaborado por el equipo de economistas de su bancada.

La premisa levantó de inmediato el rechazo de los parlamentarios del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes desmintieron que en el proyecto de ley, para reformar los artículos 176 y 184 de la Carta Magna, se proponga el cese de miles de funcionarios públicos, para reducir el déficit fiscal de un 6,2% del producto interno bruto (PIB) en el que está actualmente, a un 3% al cabo de cuatro años, de aplicarse las medidas para limitar y depurar el endeudamiento y el gasto público.

Pero, según Edgardo Araya, su fracción planteó los despidos como la única ruta probable para reducir a la mitad el déficit, pues los proponentes del proyecto, que se tramita bajo el expediente N.° 20.179, no les han contestado cuáles rubros se tendrán que recortar para achicar la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central en tres puntos porcentuales.

La iniciativa propone, en un artículo transitorio, que ese objetivo se logre a un ritmo de un 0,75% del PIB anual, hasta estacionar el déficit en un 3% del PIB, que sería su límite superior, según la propuesta.

Al 2017, cada punto porcentual del PIB era el equivalente a unos ¢330.000 millones, es decir, que un 0,75% del PIB equivale a unos ¢245.000 millones. No obstante, los números que estimó el FA son distintos.

Según Araya, los recortes anuales a los que obligaría la regla fiscal serían de unos ¢400.000 millones, aunque no explicó los fundamentos para calcular esa cifra.

"Si los nuevos ingresos tributarios que se aprobarían no fueran sustanciosos y tomando en cuenta que los recortes en el Presupuesto de la República no sean muchos, pues el 95% está amarrado por ley, entonces, para ajustar ese 0,75%, habría que, más o menos, sacar (despedir) a unas 15.000 personas por año. Por eso hablamos de 60.000 despidos (al cabo de cuatro años)", estimó Araya.

Los argumentos del FA los reprodujo en su cuenta de la red social Twitter el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, quien calificó la propuesta de regla fiscal como "terrorismo fiscal" y repitió que se perderían 20.000 empleos por cada punto porcentual, de los tres en que se reduciría el déficit.

Edgardo Araya recurrió a evasivas al consultársele si la tesis del FA es comparable a una campaña del miedo, al valerse del supuesto de los 60.000 despidos para oponerse a la iniciativa de regla fiscal.

"Que alguien de los que proponen la regla fiscal nos diga de dónde van a sacar ese ahorro. Nadie nos lo ha contestado (...). Con que nos respondan tranquilamente de dónde van a lograr eso... mientras tanto, nuestra posición se mantiene porque no nos han dicho. Nuestra posición es que tendrán que despedir gente de acuerdo con los números que tenemos", subrayó.

El legislador de izquierda también afirmó que el proyecto de ley le daría la potestad al Gobierno, si la situación fiscal es apretada, de no cumplir con transferencias presupuestarias ordenadas por ley, lo cual, en su criterio, dejará en peligro a las ayudas sociales y para programas de la educación pública.

Respeto a derechos adquiridos

Rafael Ortiz y William Alvarado, legisladores del PUSC, enfatizaron en que el plan para crear la regla fiscal que discute el plenario no contempla despidos en el sector público como mecanismo para lograr, primero, reducir el faltante de recursos y, segundo, para ponerle un tope.

"Lo que se pretende es el recorte de gastos superfluos que tengan que ver con viajes, consultorías y una seria de cosas más, pero no le quita libertad al Poder Ejecutivo para manejar sus presupuestos.Hay derechos adquiridos y los empleados públicos los siguen teniendo. Lo que se plantea es que el Gobierno establezca sus gastos de manera tal que no haya diferencia abismal entre ingreso y gasto", alegó Alvarado, jefe de fracción socialcristiana.

El diputado agregó que es más bien, en el contexto actual de crisis fiscal, es en el que los puestos de los empleados del Gobierno Central están en peligro. Y recordó el episodio de diciembre pasado en el que el Ministerio de Hacienda retrasó algunas horas el depósito de los salarios de los trabajadores del Gobierno por falta de liquidez.

"Hay que tener cuidado con la tesis que está manejando el FA. Esto más bien le da seguridad a las entidades públicas de que podrán contar con los recursos necesarios", zanjó.

Rafael Ortiz, también proponente de la iniciativa de regla fiscal, agregó que el proyecto de ley, en ningún caso, busca reformar la normativa vigente que garantiza el debido proceso para despedir a empleados del sector público.

"Hay rubros en los que se puede ir reduciendo sin necesidad de despedir a nadie. Hay muchos, se han señalado muchos empezando por consultorías, que no es poca plata, las transferencias de ley, aquí esto liga con la importancia de aprobar el proyecto para que los presupuestos de los órganos desconcentrados los apruebe la Asamblea Legislativa para tener control sobre las transferencias que salen del presupuesto", agregó.

• ¿Qué pretende la regla fiscal constitucional? 
• El déficit fiscal deberá disminuir cada año, al menos en un 0,75% del PIB, hasta alcanzar el límite superior de un 3% del PIB.
• La Contraloría deberá informar a la Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de cualquier proyecto de ley, sobre su impacto presupuestario y regulatorio.
• Cuando los gastos autorizados en el presupuesto ordinario o en los presupuestos extraordinarios del mismo año superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB, la aprobación del presupuesto requerirá el voto favorable, ya no de una mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes), sino de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa (29 votos).
• Aplicará reglas de contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria cuando los presupuestos superen en más de un 3% del PIB los ingresos tributarios de ese mismo año.
• Las mismas disposiciones serán aplicables cuando el endeudamiento público del Estado supere el 60% del PIB.
• El Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, sin perjuicio de la aprobación de presupuestos plurianuales.
• Reitera el objetivo constitucional del equilibrio fiscal, es decir, que los gastos presupuestos no superen los ingresos probables.