EscucharLos diputados del Frente Amplio (FA) se abrieron a una negociación con el Gobierno para permitir el avance del proyecto de ley que legalizaría pozos de agua aprovechados por productores. El acuerdo consiste en que los frenteamplistas desbloqueen el trámite y, a cambio, el texto será sometido a consulta constitucional ante la Sala IV una vez que se apruebe en primer debate en el plenario.
Como resultado inmediato del acuerdo, los legisladores del FA permitieron que los diputados de la Comisión de Sociales votaran sin mayor discusión las 225 mociones de ajuste que defendía esta bancada.
De esa manera, la iniciativa quedó lista para ser votada en primer debate en el plenario, una vez que se remitan el informe de comisión, luego de superar la segunda etapa de ajustes.
Priscila Vindas, legisladora del FA que confirmó el acuerdo con el Poder Ejecutivo, indicó que, en el mes de diciembre, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, le contactó para proponer una negociación que permitiera el avance del plan.
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Vindas dijo que vio bien la propuesta, pues a la consulta de constitucionalidad se sumarían firmas del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Lo que nosotros estaríamos buscando y reiterando (ante los magistrados constitucionales) son las observaciones a la perforación ilegal de pozos y la no inscripción en las pasadas tres amnistías que se han otorgado”, adelantó Vindas sobre la eventual consulta.
El Frente Amplio mantenía el bloqueo del texto alegando que la amnistía está diseñada para que dos sectores específicos, los de cultivo de sandía y melón, “sigan exportando” a Estados Unidos y a la Unión Europea, cuando la provincia de Guanacaste sufre problemas de agua.
La Nación le envió consultas a la ministra de la Presidencia sobre la negociación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
El proyecto consiste en otorgar una amnistía para que los productores agropecuarios con pozos ilegales puedan regular su condición, con el fin de que continúen usando el recurso hídrico para sus actividades con una concesión otorgada por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El expediente busca suspender cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo, y facilitar su registro ante la Dirección de Aguas del Minae sin cobro retroactivo para operar.
El plan lo presentó el exdiputado restauracionista Eduardo Cruickshank y fue dictaminado por el Congreso anterior y superó dos etapas de ajuste con los actuales diputados.
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De no ser por este acuerdo, los congresistas de Sociales se habrían tardado semanas o meses discutiendo las mociones del segundo día de ajustes que desde finales de año habían quedado sin votar.
Por cada moción, se abre un espacio de 15 minutos para que los diputados hablen a favor y otro espacio de tiempo igual para que se manifiesten en contra. Haciendo uso de todo ese tiempo se discutirían entre 3 y 4 mociones por sesiones de dos horas y la comisión labora dos veces a la semana. Además, tiene otras iniciativas en discusióon.
Hasta finales del 2022 se habían discutido 100 propuestas de las 271 presentadas al proyecto. 225 eran del Frente Amplio, 26 del PLN, 19 del PPSD y una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El acuerdo permitió que las restantes se votaron en dos sesiones. Todas se rechazaron.
Consultada sobre la negociación, Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que no fue parte y que se enteró cuando observó que la diputada Vindas no estaba haciendo uso de la palabra en cada votación. Añadió que no le han solicitado la firma para la eventual consulta ante la Sala IV.
Luis Fernando Mendoza, legislador del PLN, adelantó que firmará la consulta atendiendo una solicitud del FA, pero sostuvo que desconoce la negociación.
Andrea Álvarez, diputada del PLN y presidenta de Sociales, dijo que no participó de esa negociación, “pero tengo entendido que fue así, como menciona la diputada Vindas. Y sí estoy dispuesta a firmar la consulta”.
