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La bancada del Partido Nueva República (PNR), liderada por el diputado Fabricio Alvarado, acusó de traición al gobierno por incumplir compromisos asumidos por Rodrigo Chaves durante la campaña electoral, en relación con la agenda programática que impulsa esa agrupación.
Este viernes, durante la sesión del plenario legislativo efectuada en Puntarenas, el diputado David Segura aseveró: “Traición a la patria es decir en campaña que se iba a eliminar la norma técnica del aborto y no lo hicieron; ellos firmaron en campaña un acuerdo para ganarse el voto de los cristianos y más bien nos traicionaron.
“Traición a la patria es jurar ante Dios y la patria que iban a eliminar la ideología de género en las escuelas y colegios, y no lo hicieron, más bien hemos tenido que denunciarlo”, aseveró.
Al respecto, Fabricio Alvarado, jefe de fracción del PNR, afirmó que lo dicho por su compañero es la posición de la bancada.
Segura también le reclamó al mandatario por “negociar con millonarios industriales para dejar en la quiebra a pequeños arroceros en Guanacaste y aquí en Puntarenas” y por “comprometer ante la OMS (Organización Mundial de la Salud) nuestro activo político más valioso, como es la soberanía”.
Además, le recriminó por “tratar de clavar con más impuestos a la gente”, al tiempo que adelantó una investigación para determinar si el Poder Ejecutivo negoció con narcotraficantes.
Esto último lo dijo en referencia a una publicación del diario mexicano El Universal que informó, con base en fuentes anónimas, sobre presuntos acercamientos entre autoridades del Gobierno con redes mafiosas costarricenses ligadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El acuerdo de campaña
En marzo de 2022, cuando Chaves aún era candidato presidencial, firmó un acuerdo con pastores evangélicos, comprometiéndose a eliminar la llamada “ideología de género” en el sistema educativo nacional, en caso de que ganara las elecciones.
Por otro lado, en mayo del mismo año, siendo ya inquilino de Casa Presidencial, les garantizó a los obispos de la Conferencia Episcopal, que el Ministerio de Salud revisaría la norma técnica, aprobada durante la administración anterior, para regular la interrupción del embarazo cuando peligran la vida y la salud de la madre.
Origen de la molestia
Consultado por La Nación sobre los señalamientos, el diputado Segura dijo sentirse muy molesto por las manifestaciones de los últimos días de la jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, y del mismo gobernante, pues sostuvo que daban a “entender que los diputados son traidores de la patria, que no están al favor del pueblo”.
“Pero la realidad que vivimos en Puntarenas, en las provincias costeras y en las zonas rurales, es un sentimiento de traición”, añadió.
El pasado martes, Cisneros llamó traidora a su compañera de fracción Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, por votar a favor del resello de la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea, la cual había sido vetada parcialmente por Chaves.
Por su parte, el mandatario calificó de “cínico”, “vergonzoso” y “antipatriótico” el voto de los 38 diputados a favor del resello.
Alejamiento del Gobierno
Los fabricistas, a quienes sectores de la oposición les han señalado una cercanía con el Gobierno, también se alejaron de la línea oficialista durante la última etapa de discusión del proyecto para rebajar el marchamo.
La propuesta fue originalmente aprobada en comisión por diputados de los partidos Liberal Progresista (PLP) , Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio. Votaron en contra el PPSD, PNR y el Partido Unidad Social Cristiano (PUSC).
Sin embargo, una vez que el Gobierno anunció sus intenciones de vetar la propuesta, Nueva República se sumó a los esfuerzos para encontrar un acuerdo y terminaron apoyando la versión final que se convertirá en ley de la República, una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
Asimismo, dicha divisa apoyó la creación de la comisión investigadora de los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Dicho foro tendrá la misión de indagar los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sinart, varios de ellos de forma directa y sin concurso público.
