EscucharEl diputado Eliécer Feinzaig, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), denunció que el Gobierno otorgó a dedo un contratación de $60 millones a Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) sin hacer una licitación pública internacional, ni corroborar la idoneidad de la empresa estatal.
El contrato entregado a Racsa es para la instalación de escáneres electrónicos antidroga en los puertos del país. Racsa es una sociedad anónima propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Feinzaig denunció públicamente la contratación el pasado miércoles 3 de mayo, en su respuesta a la rendición de labores del presidente Rodrigo Chaves.
“Racsa no tiene la menor experiencia en inspección no intrusiva. En lo que sí tiene experiencia es en fracasar absolutamente todos los proyectos que los distintos gobiernos le han asignado”, dijo el congresista.
El diputado expresó sus dudas de que Racsa “llegue ni siquiera cerca” del 70% de la contratación. “Esto es un brinco que se hace burlándose de la ley, Racsa lo que va a hacer es ir a contratar a un tercero evitando los procesos”, previó Feinzaig.
A su vez, la firma legal Alta Batalla presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia, a nombre de la empresa Nuctech Panamá, contra el Ministerio de Hacienda, por “la designación irregular, arbitraria e ilegal de Racsa como encargado del Sistema de Inspección No Intrusiva (SINI)”.
En el discurso de rendición de cuentas del 2 de mayo, el presidente Chaves aseguró que estaba a punto de instalar escáneres para revisar los contenedores que salgan del país. El mandatario sostuvo que esta era una de sus propuestas desde que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
Sin embargo, Feinzaig criticó que Chaves no dijo que había una contratación arbitraria de por medio, según su criterio.
“Dice el presidente que pronto estarán instalados los escáneres para inspeccionar el 100% de los contenedores que salgan del país, lo que no nos dice es que en vez de abrir un concurso internacional para encontrar al mejor proveedor y el mejor precio, se lo adjudicaron a Racsa por decreto, lo cual es absolutamente ilegal”, criticó.
Según la Ley de Contratación Pública, la contratación directa entre empresas públicas solamente se puede realizar si hay un estudio de mercado que considere a los potenciales proveedores públicos y privados, de manera que se expongan las razones por las cuales se escoge contratar al ente público.
Además, la legislación dispone que debe acreditarse la idoneidad del ente público para ofrecer el objeto o servicio. Asimismo, la entidad contratada debe realizar al menos un 70% de las tareas, es decir, Racsa no podrá subcontratar más del 30% de sus funciones.
El diputado Feinzaig cuestionó que Racsa pueda cumplir con estos requisitos.
La Nación pidió a Casa Presidencial la fundamentación técnica utilizada para contratar a Racsa, estudios que respalden que no había más empresas que pudiesen brindar el servicio o informes que comprueben la idoneidad de la empresa estatal. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta desde Zapote.
Empresa Nuctech Panamá denunció a Hacienda
La empresa Nuctech Panamá, representada por la firma legal Alto Batalla, presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 12 de abril, alegando una “designación irregular, arbitraria e ilegal de Racsa como encargada del Sistema de Inspección No Intrusiva”.
La empresa reclamó que el Poder Ejecutivo designó a la empresa pública como proveedora del equipamiento mediante el decreto 43806, del 29 de noviembre de 2022, y ordenó que las instituciones públicas interesadas en esta tecnología suscribieran convenios o contrataran a Racsa.
Según la compañía, el mandatario Chaves anunció la instalación de escáneres por $60 millones en 10 años en una cadena nacional realizada el 4 de diciembre de 2022 y aseguró que el proyecto estaría a cargo de Racsa, institución que ya se encontraba contactando a proveedores para la contratación.
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Nuctech alega que el Ministerio de Hacienda nunca realizó un procedimiento de contratación administrativa, como lo estipula la ley.
“El decreto ejecutivo designó a Racsa sin seguir un procedimiento de contratación administrativa de ningún tipo y sin utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). En otras palabras, el Poder Ejecutivo adjudicó vía decreto, de manera arbitraria”, cita la denuncia planteada por Alta Batalla.
La empresa solicitó a la Contraloría declarar la nulidad absoluta del proceso, ordenar que la contratación se haga de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y sentar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el procedimiento ilícito.
