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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, se reunió este lunes por la noche con el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, para justificarle el rechazo del Poder Judicial a las medidas de ahorro ordenadas por la ley fiscal.
En una cita realizada realizada en el Congreso, el magistrado presidente explicó al jerarca legislativo las acciones que la Corte pretende realizar en contra de la orden que giró la Contraloría General de la República para que se cumplan esas medidas.
A la salida del encuentro, Fernando Cruz dijo que le entregó a Benavides una carta sobre todo el capítulo que generó el rechazo de las medidas de ahorro que se le ordenaron.
“En medio de las informaciones y los argumentos, surge una serie de dudas o la impresión de que hay una actitud de rebeldía o de irracionalidad de la Corte, pero no es así. Nosotros respetamos la institucionalidad”, dijo el jerarca del Poder Judicial.
Una semana antes, en la sesión de la Corte Plena, Cruz había calificado la orden que le dio un departamento del ente contralor como una instrucción “casi policial”.
Luego de la cita con Benavides, el magistrado dijo que el recurso de revocatoria y la apelación tienen que ver con “dudas” que les surgieron a los magistrados.
“En poco tiempo la Contraloría resolverá y cuando lo haga, seguiremos los cánones y los cauces jurídicos que correspondan”, dijo Cruz.
Añadió que era importante explicarle sus argumentos en particular a Carlos Ricardo Benavides como jerarca “de uno de los poderes más importantes, para que supiera de primera mano el tema".
De acuerdo con el magistrado presidente, la apelación presentada ante la Contraloría se centra en la interpretación de los magistrados sobre l asunto de los derechos adquiridos.
Adujo que las demás acciones que se tomen después de la repuesta del ente contralor quedarán en manos de los gremios o empleados judiciales que se sientan afectados.
La Contraloría General le giró una instrucción, a Fernando Cruz, para que aplique los ajustes de ahorro que ordena la ley aprobada por el Congreso en diciembre del 2018.
Entre ellas están el pago de incentivos salariales como montos nominales y no porcentajes del sueldo.
La orden de la Contraloría se dio porque, en marzo del 2019, la Corte Plena (órgano integrado por los 22 magistrados) acordó mantener el pago de incentivos de manera porcentual para la mayoría de sus 14.000 empleados.
El pasado lunes 6 de enero, los magistrados acogieron las recomendaciones y el criterio legal de Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, por lo que rechazaron la orden de cumplir las medidas de ahorro de la reforma fiscal.
Ante preguntas de los medios, Cruz negó que hubiera una especie de vínculo entre la sentencia de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los derechos salariales adquiridos de los funcionarios de la Corte.
Sobre la cita con el magistrado presidente, Carlos Ricardo Benavides enfatizó que no hubo petición alguna de parte del jerarca del Poder Judicial y añadió que este le entregó una carta donde explica las razones de apelar la orden de la Contraloría General.
“Me vino a dar una carta en que explica las razones para oponerse a lo resuelto por la Contraloría, razones técnico jurídicas. Alega que no tienen un deseo de desacatar la orden de la Contraloría”, relató Benavides.
Añadió que Cruz dejó muy claro que las acciones que se presenten por la vía contencioso administrativa o por la Sala Constitucional contra lo que resuelva la entidad contralora no será resorte de los magistrados, sino de los gremios judiciales.
En cuanto a la intención que tiene la presidenta de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, Yorleny León, de llamar a cuentas a varios jerarcas judiciales sobre su negativa de cumplir las medidas de ahorro del plan fiscal, Cruz dijo que están abiertos a explicar.
“Nosotros estamos abiertos a explicar en cualquier momento. Las relaciones entre poderes tienen un grado de delicadeza y de prudencia, como siempre”, acotó.
A la cita con Benavides acudieron Rodrigo Campos, el director jurídico del Poder Judicial, y Róger Mata, el jefe de despacho de la presidencia judicial.
