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Desde el 30 de junio del 2021, el dueño de la sede de campaña de Rodrigo Chaves le informó a la Policía que este inmueble serviría como local del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), a pesar de que el pago del alquiler no corría por cuenta de la agrupación, sino de un fideicomiso.
Ese día, el representante legal de la propiedad, José Luis Simón Gómez, le escribió a la Delegación Policial de El Carmen de San José en un formulario: ”Actuando en mi condición de propietario, o titular con derecho suficiente para estos efectos, declaro expresamente que la firma abajo visible indica que he dado el respectivo permiso (asentimiento) para que el Partido Progreso Social Demócrata instale en el inmueble referido un local destinado a actividades políticas”.
La casa de campaña, de casi 2.000 metros cuadrados, está ubicada en barrio La California y el alquiler fue cubierto por un fideicomiso llamado Costa Rica Próspera, el cual pagó $5.000 mensuales (¢3,2 millones) mensuales de julio a setiembre del 2021.
Así ocurrió pese a que el Código Electoral prohíbe el financiamiento paralelo de las actividades político-electorales y prevé hasta seis años de cárcel para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que los reciban.
Aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido. Todos los gastos electorales deben se tramitados mediante las cuentas partidarias.
En este caso, de la casa de campaña, la presidente del PPSD, la diputada electa Luz Mary Alpízar, remitió el 15 de julio del 2021, a la misma delegación policial, una solicitud para abrir el local de Progreso Social Democrático en ese mismo inmueble, en donde detalló que hay “oficinas, salas de reuniones, baños, vigilancia y parqueos para 20 vehículos”.
En ese mismo documento, indicó que uno de los correos para notificaciones era contacto@progreso.cr y que la encargada del local era Kattia Calvo Cruz, quien desempeñó labores administrativas en el partido y fue candidata a diputada en las elecciones del 6 de febrero anterior, en el sétimo lugar por San José.
El pago de la casa de campaña, por parte del fideicomiso Costa Rica Próspera, consta en las cuentas bancarias de la empresa ATA Trust, las cuales fueron abiertas por orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el marco de una investigación por financiamiento paralelo de la campaña de Chaves.
Este fideicomiso fue constituido por el candidato presidencial y por el empresario Jack Loeb en febrero del 2021. La estructura captó recursos de 11 personas (incluido un extranjero) y tres jurídicas, para financiar gastos electorales, cuyas identidades se mantuvieron ocultas antes de la primera ronda del 3 de febrero.
Los depósitos de la casa de campaña se hicieron a nombre Minos S. A., y en los detalles de las transferencia se consignó: “Casa La California”, “alquiler de la sede” o “arrendamiento mes de setiembre”, por ejemplo.
El contrato de alquiler se suscribió desde marzo del 2021 y fue firmado por Jack Loeb Casanova y Carlos Vásquez Landergreen, en calidad de arrendatarios. Vásquez aparece como director de Operaciones del fideicomiso Costa Rica Próspera.
En ese contrato de alquiler se consignó: “Y dicen que han acordado celebrar el presente contrato de arrendamiento de una propiedad para sede de oficinas de un partido político”.
En ningún momento, se menciona que era para un “grupo de estudio, pensamiento y acción” de la realidad nacional, como han alegado Rodrigo Chaves, la fiduciaria y el partido para justificar los gastos al margen de la legislación electoral.
Carlos Vásquez, incluso, envió una consulta al TSE, el 14 de febrero del 2021, sobre la “posibilidad de aportar dinero a un fideicomiso, para financiar un candidato de un partido político para las elecciones del 2022″, según relató Adriana Brenes, la secretaria general del PPSD.
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Alegato de ‘grupo de pensamiento’
Como vocero designado por la agrupación, Arnoldo André Tinoco, quien preside la empresa ATA Trust, insistió en que los pagos de la sede de campaña, por un total de $20.000 (¢13 millones), eran para el grupo de pensamiento Costa Rica Próspera y no para la agrupación política.
“El fideicomiso pagó, me parece, julio, agosto y setiembre, para sus propósitos. Y a partir del periodo electoral, a partir de octubre, asumió ese inmueble el Partido Progreso Social Democrático hasta donde yo estoy enterado”, dijo André Tinoco, quien tendría un cargo diplomático en un eventual gobierno del PPSD.
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Estructura paralela en la mira
Además de pagar el alquiler de la sede partidaria, este polémico fideicomiso cubrió gastos, por al menos ¢95 millones, de publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.
La estructura paralela pagó gastos de campaña hasta octubre del 2021; es decir, antes y después de que el Chaves fuese electo candidato presidencial del PPSD.
Antes de que el TSE abriera las cuentas del fideicomiso en el Banco Nacional, Chaves se había negado a revelar quiénes aportaron recursos para este fideicomiso, alegando que había una cláusula de confidencialidad que impedía dar los nombres. No obstante, ahora reconoció que tal cláusula nunca existió.
Los contribuyentes y gastos salieron a la luz pública hasta el sábado 5 de marzo, cuando La Nación reveló la información contenida en en los estados financieros del fideicomiso, la cual fue revelada por la secretaria general de la agrupación, Adriana Brenes.
