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El exmandatario José María Figueres Olsen (1994-1998) salió en defensa de la compañía suiza SICPA, de la cual él es presidente para América Latina, en momentos en que diputados del PLN y del PUSC tratan de aprobar un proyecto de ley que obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un sistema de registro de licores como el que esa empresa vendió en Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana.
Luego de informaciones de este diario, Figueres hizo una publicación en Facebook en la que desliga a SICPA de la condena que recibió en Brasil el ex vicepresidente ejecutivo de la sucursal de esa compañía en el gigante suramericano, Charles Nelson Finkel, por pagar $15 millones en sobornos a Marcelo Fisch de Berredo Menesez, alto funcionario de la Casa de la Moneda, a cambio de que acomodara el concurso para que la firma suiza ganara el contrato.
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“En muchas empresas globales, Brasil por su tamaño e idioma es una división independiente de la división América Latina. Así es en SICPA. Cabe aclarar que una investigación en años recientes indagó a un consultor de SICPA por pagos indebidos. SICPA lo destituyó en el acto, y colaboró con la investigación lo cual sigue haciendo. Hoy SICPA continúa operando normalmente en Brasil”, adujo Figueres.
Según publicó el diario brasileño O Globo en mayo pasado, la empresa suiza obtuvo el contrato de $740 millones mediante un proceso de licitación que, desde su origen, estuvo contaminado para satisfacer sus intereses.
El convenio para instalar un sistema de rastreo de bebidas alcohólicas fue firmado en el 2008 entre la firma SICPA Security Solutions –y su filial brasileña SICPA Brasil Industria de Tintas e Sistemas–, y la Casa de la Moneda de Brasil por cinco años.
Sobre el proyecto para instalar el sistema en Costa Rica, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos presentaron una moción de texto sustitutivo para agregar un párrafo que diga: “Deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés”.
Este plan fue frenado el lunes, debido a las dudas que surgieron en las principales fracciones.
El expresidente Figueres, en tanto, defendió el sistema de trazabilidad de productos al decir que quienes se oponen son “los industriales y los importadores que producen y comercializan los productos que, al ser marcados, se controlarían”.
“También se oponen las cámaras empresariales que los representan. Eso era de esperarse, nunca van a estar de acuerdo con la implementación de programas tecnológicos de punta para controlar la producción que debe pagar impuestos, porque eso le da instrumentos a las autoridades de Tributación para fiscalizar mejor”, escribió.
Sobre la operación de SICPA en otros países del continente, agregó: “En Latinoamérica, mediante licitaciones internacionales, SICPA ha ganado contratos en Ecuador (aproximadamente 1.300 millones de marcas, por año, en cigarrillos, cerveza y licores); Chile (aproximadamente 800 millones de marcas, por año, en cigarrillos), y más recientemente, República Dominicana (aproximadamente 900 millones en cigarrillos, cerveza, y licores). En estos países el programa ha sido muy exitoso. Si no lo fuera, no estaría operando”.
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SICPA se pronuncia
Posteriormente, en un comunicado de prensa, SICPA defendió el mecanismo de registro de licores que desarrolló en Ecuador. La compañía asegura que lo recaudado en esa país, en los primeros dos años de funcionamiento, es tres veces superior al costo del sistema.
“Los hechos reales son que el programa Simar, para controlar el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas nacionales (cerveza, vino, licores), ha logrado un aumento positivo en los ingresos por impuestos especiales de $98 millones en los primeros dos años de operación, más de tres veces el costo del sistema, según reporta la autoridad tributaria del Ecuador”, señala la nota de prensa.
Esos datos distan de los que se consigan en el informe denominado “Comercio Ilícito de Alcohol en Costa Rica, desafíos y soluciones”, de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio llicito, de setiembre de este año.
En ese documento se afirma que el sistema empleado en Ecuador, llamado Simar, costó $23 millones en sus primeros dos años en uso, y el aumento en los ingresos por alcohol solo fue del $7,6 millones, es decir, un 67% menos.
Además, revela que hubo una disminución en la recaudación por tabaco de casi $14,5 millones, al término del 2018.
“Aunque el sistema Simar (en Ecuador) ha tenido algún impacto en el comercio ilícito de alcohol, esto ha tenido un costo muy alto para el gobierno (ecuatoriano), con una cantidad invertida en el sistema muy superior a los ingresos adicionales por impuestos especiales”, concluye ese estudio.
Encuentro entre diputado y representante de SICPA
Figueres también salió en defensa de esa firma suiza luego de que La Nación revelara que el director para América Central de esa compañía se reunió con el diputado liberacionista Daniel Ulate, quien es el principal promotor de la iniciativa que obligaría al Ministerio de Hacienda a crear una plataforma de trazabilidad de licores similar a la que se desarrolló en Brasil.
En específico, Ulate sostuvo un encuentro con el exministro de Seguridad y Transportes, Bernardo Arce Gutiérrez, quien al menos hasta el 2018 se desempeñaba como representante de SICPA.
En la cita, según el propio diputado, conversaron sobre la “implementación de tecnología aplicada” en la lucha contra el contrabando de licores. Eso ocurrió el 20 de setiembre del 2018, 23 días después de que Ulate presentara la primera versión del proyecto de ley que crearía el mecanismo de trazabilidad fiscal.
Arce ocupó esos cargos de ministro durante la administración Figueres Olsen, donde más que un miembro del gabinete, se caracterizó por ser un amigo cercano del mandatario, a quien conoció desde su infancia, en la finca La Lucha.
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