El candidato presidencial del PLN, José María Figueres, aún no define su posición sobre la agenda de proyecto de ajuste fiscal incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este martes, el aspirante del Liberación Nacional (PLN) declaró que, junto a la fracción de su partido, estudiará el asunto “en las próximas semanas para estar seguros que lo que se propone por parte el Poder Ejecutivo es lo mejor”.
Entre los proyectos contemplados están la reforma al empleo público, el impuesto a los premios de lotería, el plan de renta global, la eliminación de exoneraciones fiscales como la del salario escolar de los funcionarios públicos, la modificación al impuesto a casas de lujo y el aporte empresas estatales para el pago de la deuda pública.
Antes de la convención nacional de PLN, del pasado 6 de junio, Figueres dijo que su postura con respecto a la agenda con el FMI la daría a conocer una vez superada la elección interna.
Sobre los proyectos de ley que están en el Congreso, el aspirante prefirió reservarse su opinión mientras no haya efectuado una evaluación.
Consultado nuevamente por su opinón, el expresidente de la República (1994-1998) contestó que estuvo de acuerdo en aprobar el crédito de $1.778 millones del FMI el mensaje que da a los mercados financieros.
“Debemos estar seguros que las cosas que se están proponiendo por parte del Poder Ejecutivo sean cosas que hagan sentido, que se puedan cumplir y que no recaigan sobre las personas con menos ingresos”, señaló el exmandatario.
Ampliar discusión de empleo público
Figueres mantiene su propuesta de iniciar un proceso de diálogo para mejorar la reforma al empleo público que ya fue aprobada en primer debate en el Congreso y que, actualmente, está en consulta en la Sala Constitucional.
“Me parece que también conviene que en esta etapa, mientras esperamos el pronunciamiento con respecto a la ley de empleo público, avanzar, estudiar entre sindicatos y cámaras empresariales si hay elementos de esa ley que se puedan mejorar”, manifestó.
Sin embargo, su propuesta de modificar el texto actual enterraría la iniciativa de ley que superó el primer debate en el Congreso.
Discutirla o ampliarla implicaría devolver el proyecto de ley a sus inicios en el procedimiento, lo que históricamente ha sepultado iniciativas legales.
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