José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), le pidió al presidente de la República, Carlos Alvarado, impulsar una rebaja de ¢100 en el impuesto a la gasolina y el diésel, debido al aumento del precio internacional del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania. Tres horas después de que el PLN lanzó la propuesta, el Gobierno envió una iniciativa de ley al Congreso para congelar por 12 meses el impuesto a los combustibles.
De acuerdo con Figueres y su candidato a la vicepresidencia Álvaro Ramírez, la medida se podría aplicar durante un año, en un contexto extraordinario en el que el precio del barril del petróleo alcanza los $110, mediante un proyecto de ley que recibiría el apoyo del PLN.
La rebaja equivaldría a un 40% del impuesto a la gasolina y a un 65% del tributo al diésel. En criterio de los verdiblancos, se trata de una medida extraordinaria para llevar alivio a las familias ante el encarecimiento del crudo. Ramírez asegura que la inacción provocaría un mayor costo en el bolsillo de los costarricenses y en la economía.
Sin embargo, Figueres consideró que el que debe tomar la iniciativa es el Poder Ejecutivo.
“Lo más caro es no hacer nada. En este momento, las familias y las empresas van a sufrir muchísimo. Aquí definimos con claridad la responsabilidad fiscal. El Gobierno debe calibrar la fórmula para que sea lo menos costosa a la economía costarricense”, añadió Álvaro Ramírez.
Explicó que, a causa de la rebaja, Hacienda dejaría de percibir $350 millones en un año que tendrían que ser compensados mediante otra vía.
Una alternativa, dijo el candidato a vicepresidente, es tomar parte de las utilidades de las empresas públicas, incluyendo los bancos; otras opciones son reducir el gasto público en rubros como la gestión de la deuda pública, así como cobrar por la huella de carbono de productos importados.
También, planteó suspender por un año los ajustes trimestrales del impuesto al combustible, la compra anticipada de combustibles para aprovechar mejores precios y el tipo de cambio, y utilizar agregar hasta un 10% de etanol en las gasolinas y un 5% de biodiesel en el diésel.
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Consultado si ve factible que las empresas públicas puedan hacer aportes de sus utilidades, dado que se han negado destinar parte de sus ganancias al pago de deuda pública, Ramírez dijo: “El año pasado, por ejemplo, los bancos tuvieron utilidades récords. En este momento, cuando hay una necesidad de ser solidarios, aquí no hay manera de que esta crisis acabe a costo cero. En cualquier decisión hay un costo, en este momento el costo lo están pagando las familias y las empresas a un precio que no hemos visto en la última década”.
No obstante, tanto Figueres como Ramírez, dejaron en manos del gobierno de Alvarado dialogar con las instituciones para persuadirlas de hacer el aporte.
En cuando a crear un impuesto a los productos importados que dejan una huella de carbono, Ramírez dijo que podrían ser vehículos que usan combustibles fósiles, por ejemplo. Las zonas francas siempre estarían exentas.
“Nosotros hemos dicho que la carga tributaria no puede aumentar. Este no sería un aumento en la carga, sino un reacomodo de carga si eventualmente el Gobierno optara por impulsar la propuesta. Sería quitar una cosa por un lado y compensarla por otro”, finalizó Ramírez.