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Una de las figuras clave de la campaña y del eventual gobierno del candidato presidencial del partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, propone que el país se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos, para renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Se trata de la abogada Alexandra Loría, quien ya para las elecciones nacionales del 2014 había sido aspirante a diputada con el partido de Alvarado, y a quien el aspirante citó como colaboradora y parte de un eventual gabinete suyo.
Loría ha propuesto, en varios programas de Radio Fides, principalmente, la opción de que el país denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y, con eso, se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte IDH.
Según la abogada litigante y activista provida, opositora al aborto desde 1990, la Corte busca imponer su criterio y su ideología con la opinión consultiva que difundió, el 9 de enero, en la que ordenó al país abrir la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica y en otras 19 naciones americanas.
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En las emisiones radiofónicas del programa Vida y Familia de la emisora católica Fides, el 15 y el 16 de enero, Loría afirmó que “si uno justifica bien por qué se sale (de la Convención Americana), la gran mayoría estaría de acuerdo”.
“Las reglas del juego cambiaron y esto mandaría un mensaje al resto de países, porque la mayoría está en desacuerdo”, comentó la abogada, quien ha trabajado de la mano de los diputados evangélicos en varias acciones contra la fecundación in vitro, la regulación del aborto terapéutico y la unión civil de las parejas gais.
De acuerdo con Loría, la opinión de la Corte Interamericana “va mucho más allá” y dice que, por eso, “Costa Rica debería rechazarla totalmente y salirse de la jurisdicción de la CorteIDH”.
“Nos van a seguir imponiendo sus criterios ideológicos, sin importar para nada los usos y costumbres de los costarricenses”, comentó Loría, figura clave en la campaña de Alvarado.
Loría, en sus redes sociales, ha hecho constantes llamados a votar por Fabricio Alvarado y por sus candidatos a diputados, tanto Carlos Avendaño por San José, como Jonathan Prendas, por Heredia.
Aunque la jurisdicción de la Sala Constitucional ha establecido, desde mediados de los años 90, que las opiniones consultivas de la Corte de Derechos Humanos son vinculantes para los países miembros de la Convención, en opinión de Loría ese criterio “no es vinculante”.
“No se puede aplicar si no se va a la Asamblea Legislativa con las reformas necesarias o se da una resolución de la Sala Constitucional”, comentó Loría en el programa de radio.
En la opinión difundida el 9 de enero, la Corte IDH estableció que Costa Rica debe garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
Los jueces interamericanos afirmaron que, mientras se emprenden reformas formales, el país igualmente tiene el deber de garantizar estos derechos de manera transitoria, sin discriminación alguna.
Además, la Corte IDH también estableció que se les debe dar la posibilidad a las personas para que cambien su nombre en los registros oficiales del Estado, según la “identidad de género autopercibida”, mediante un trámite expedito.
Fabricio Alvarado emitió una opinión similar a la de Loría, durante un debate organizado por la Conferencia Episcopal, en Alajuela, donde propuso abandonar la jurisdicción de la Corte, lo que implicaría salirse de la Convención y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en general.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, se firmó en noviembre de 1969 en nuestro país y es la base del sistema que promueve y protege los derechos humanos en todo el continente americano.
Por su firma, todos los estados miembros están obligados a adoptar medidas legislativas o las que sean necesarias para cumplir con esos derechos para todos sus habitantes.
En la historia desde su firma, solo se han salido de esa jurisdicción de la Corte el Perú de Alberto Fujimori, en los 90, y la Venezuela de Hugo Chaves y Nicolás Maduro.
'Costa Rica no puede, éticamente, salirse del Sistema'
A criterio del director jurídico de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal, plantear la posibilidad de salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es inviable y absurdo.
“Somos un estado que se jacta y que vende su marca país por ser un país respetuoso de los derechos de las personas. Costa Rica no puede, no solo jurídicamente, sino éticamente, salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, respondió Carvajal ante consulta de La Nación.
Aunque Loría enfatizó que el artículo 78 de la Convención Americana plantea la posibilidad de denunciar ese instrumento, allí mismo se establece que esa decisión no les permite a los estados desligarse de las obligaciones contenidas en el Pacto de San José.
“Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”, dice el párrafo segundo de ese artículo 78.
Carvajal enfatizó en el hecho de que existe todo un protocolo para salirse del Sistema de Derechos Humanos e insistió en que denunciar ese documento no exime de las obligaciones de protección de los derechos humanos.
“Es un proceso largo, que implica una decisión de la Asamblea Legislativa, que yo espero nunca tenga la insensatez, en ningún momento, de querer regresarnos 100 años en la historia de avance de los derechos humanos en nuestro país”, explicó el director jurídico de la Presidencia.
Carvajal, quien fue el funcionario encargado de preparar la consulta que se le hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, apuntó que es optimista de que nunca se va a conformar una Asamblea que opine, mayoritariamente, en el sentido de rechazar la jurisdicción del Sistema de Derechos Humanos.
