EscucharLa Fiscalía concluyó que una finca sobrevalorada por el Banco Popular (BP), mediante el uso de datos falsos, respaldó el fallido crédito de $4,5 millones que esta entidad financiera otorgó en diciembre del 2015 al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien no usó los recursos para traer cemento ni pagó el préstamo.
Se trata de una propiedad de 19,5 hectáreas ubicada en Grecia, Alajuela. Según el Ministerio Público, casi el 60% corresponde a áreas protegidas porque tiene cinco nacientes y es atravesada por un río.
No obstante, a la hora de aceptar el terreno como garantía, el BP consignó que solo el 2,8% correspondía a área protegida.
Juan Carlos Bolaños, en tanto, alega que son falsas las afirmaciones sobre las nacientes.
Más de cinco años después de que el Banco Popular se adjudicó el terreno por el impago del crédito, no ha podido venderlo para recuperar la inversión pese a que lo ha sacado a remate en varias ocasiones.
El peritaje permitió a Bolaños y a la firma Inversiones e Inmobiliaria S. A., del Grupo JCB, acceder a una línea de crédito con la cual obtuvieron $13,5 millones en tres tractos.
Una línea de crédito funciona como una tarjeta de crédito con un tope. Cuando el cliente paga un desembolso, puede acceder a otros. En este caso, el tope era de $4,5 millones y, al final, quedó una deuda equivalente a ese monto.
El grupo importador tuvo problemas para pagar el segundo desembolso, pero el Banco Popular optó por aprobar un refinanciamiento con mejores condiciones para el empresario.
La polémica alrededor de la valoración de la finca ofrecida como garantía, en la transacción, forma parte de la acusación que el Ministerio Público (MP) planteó en contra de Bolaños, tres miembros de sus empresas y cinco funcionarios del BP.
Valoración aumentó en más de $1 millón
Durante las negociaciones por el crédito, en diciembre de 2015, Juan Carlos Bolaños propuso al BP como garantía real la finca con matrícula 2-90707, de 195.867 metros cuadrados (m²).
La propuesta se presentó luego de que el Comité Gerencial de Crédito Pleno del Banco Popular expresara dudas e inconformidades acerca de un seguro de caución ofrecido en primera instancia.
Este reaseguro estaba firmado por una agencia estadounidense llamada Savannah Insurance, que en ese momento se encontraba inactiva y aguardaba por un juicio de disolución.
De esa manera, cuando se ofreció la propiedad como garantía real, el Banco Popular procedió a hacer un estudio de valuación.
El 1.° de diciembre de 2015, un perito del banco de apellidos Arias Silesky realizó el primer estudio para verificar si la propiedad tenía el valor suficiente para considerarse como garantía idónea en caso de impago.
No obstante, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, desde ese momento el perito “insertó hechos falsos” en el documento con fe pública. Según las pericias, Arias Silesky indicó que, del área total de la finca, únicamente 36.295 m² (18,5%) correspondían a zonas de protección.
Insatisfecho con esos primeros resultados, una semana después, el 8 de diciembre de 2015, el empresario Juan Carlos Bolaños se presentó a las oficinas del Banco Popular con un avalúo privado y solicitó una reconsideración del avalúo del Banco, ya que con ese monto la propiedad no sería aceptada como garantía.
El 15 de diciembre siguiente, el perito bancario procedió a levantar un segundo informe, nuevamente con datos falsos, según la Fiscalía. En esta ocasión, el funcionario apuntó que el área protegida de la propiedad era de únicamente 5.495 metros cuadrados, para apenas un 2,81% de la finca.
“Lo anterior para lograr un aumento del valor de la finca partido de Alajuela número 90707 en un monto de $1.083.171, para una valoración total de $5.585.862, logrando con este monto que la propiedad fuera apta para ser aceptada a satisfacción del banco como garantía del crédito”, señala el informe de la apertura de juicio por el caso de Cemento Chino en el Banco Popular.
Contrario a los informes oficiales, la Fiscalía acreditó que en realidad el área protegida del terreno corresponde a 114.438 m², es decir, 58,4% de la propiedad. Incluso, se contó con un dictamen del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
De acuerdo con la acusación, el perito bancario no reportó el número real de nacientes de agua. La propiedad cuenta con cinco nacientes, además del margen del Río Rosales, que atraviesa la finca.
Estos cuerpos de agua, advierte la Fiscalía, generan “un castigo” en el precio final de la propiedad, debido a las restricciones que estas generan sobre posibles desarrollos.
Concedieron préstamo sobre el 80% del supuesto valor de la finca
Finalmente, luego de la valuación sobrevalorada del terreno, el Departamento Legal del Banco Popular dio el visto bueno del contrato por un equivalente al 80% del monto del avalúo de la finca.
En este caso, se concedió una línea de crédito por $4.485.306 ($4,5 millones). La pretensión inicial de Juan Carlos Bolaños era abrir un financiamiento por $5 millones.
En el desarrollo del caso, el Ministerio Público advierte que dos ejecutivos bancarios asignados para el análisis financiero, de apellidos Bogantes y Gómez, tenían conocimiento “de que era probable que la propiedad ofrecida en garantía tuviera un valor inferior al que indicó el perito, ya que se les informó mediante correo electrónico un posible valor”.
Ellos también son encausados en este caso.
El BP se adjudicó la finca en noviembre del 2017.
Bolaños: ‘Es falso’
Consultado por La Nación, Juan Carlos Bolaños alegó que los hechos acusados son falsos. Sostuvo que funcionarios públicos hacen creer que simples desfogues de aguas servidas y pluviales de propiedades colindantes son nacientes.
“Esa propiedad es una propiedad muy valiosa, de la cual hoy en día el mismo Banco Popular la está ofreciendo en venta, e indica que la comunicación publicitaria que el precio real es de ₡2.554.980,222.00”, indicó.
Agregó que él presentó una querella y acción civil en contra de funcionarios públicos que consignaron las nacientes.
Préstamo para importar cemento chino se habría usado para otros fines
La Fiscalía sostiene que Juan Carlos Bolaños usó una inmensa parte de esos recursos de la línea de crédito para otros fines. Entre ellos, el pago de obligaciones crediticias del grupo económico ante el Banco de Costa Rica (BCR) y gastos personales.
En tanto, el Banco Popular continuó desembolsando el segundo y tercer crédito, a pesar de que no acreditó que efectivamente el dinero del financiamiento se estaba usando para la importación del producto. Ese era uno de los requisitos.
Incluso, en apariencia, el Grupo JCB entregaba al Popular los mismos documentos de importación del cemento chino que entregaba al BCR, como forma de respaldar las operaciones crediticias.
La investigación del caso del cemento chino concluyó en julio del 2022, cuando la Fiscalía informó de que acusa a Bolaños de 28 delitos.
Colaboró en esta información el periodista Róger Bolaños
