Escuchar
En una audiencia especial, realizada durante un receso del plenario de la Asamblea Legislativa, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió a los diputados de las graves consecuencias de no aprobarse el proyecto de ley contra el crimen organizado.
En una intervención de media hora, Díaz hizo una exposición sobre la reforma como se tramita en el expediente 23.090 y señaló que cerca de 10 cabecillas de estructuras criminales y sus integrantes podrían quedar en libertad, de no aprobarse a tiempo dicha iniciativa legal.
“Delincuentes de grupos criminales, ahora presos, van a querer retornar a los puestos que ellos tenían y eso va a desatar más violencia en el país y más muertos”, manifestó.
También aseguró que la ausencia de la reforma va a generar impunidad, porque los plazos de prisión preventiva hoy son insuficientes para tramitar ese tipo de causas, que se caracterizan por su complejidad y duración.
“Con el mayor de los respetos, les pido aprobar este proyecto. Ustedes pondrían una piedra muy importante en la lucha contra el crimen organizado, herramientas que el Ministerio Público necesita para estos casos”, manifestó el jefe del Ministerio Público.
Posterior a la presentación, 17 diputados del PLN expresaron su apoyo al plan. Hicieron lo mismo dos legisladores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Gloria Navas, de Nueva República, quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea.
Al cierre de esta información, Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos, legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), también ofrecieron respaldar la reforma.
Plan en detalle
En su exposición en el plenario, Carlo Díaz explicó que el proyecto mejora la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre la distribución por competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
La iniciativa establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Adicionalmente, el proyecto busca que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva, así como los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros.
La iniciativa aclara a quién le corresponde nombrar el personal de la JEDO en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir el personal pasados ocho años.
Por otra parte, Díaz señaló que el proyecto faculta al Ministerio Público para que, una vez esté vigente la Jurisdicción Especial, se pueda solicitar por intermedio del fiscal general o el fiscal subrogante, independientemente de la etapa procesal, que la JEDO se arrogue el conocimiento de las causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto en discusión establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.
