EscucharCarlo Díaz, fiscal general de la República, informó de que analizará las declaraciones hechas la noche del lunes por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, para determinar si jerarcas o particulares cometieron algún delito en el manejo de la publicidad estatal o en el trámite de un contrato de $300.000 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Así lo dijo Díaz esta mañana, en declaraciones a Telenoticias.
“Corresponde analizar, con detalle, las declaraciones de la exministra Navarro, incluso citarla como testigo en la Fiscalía General y, de existir algún delito, iniciaríamos las investigaciones que correspondan. Si se trata de un miembro de los supremos poderes, la investigación la tenemos que llevar en la Fiscalía General, pero si no se trata de un miembro de los supremos poderes, irían a las fiscalías que correspondan”, dijo.
“Vamos a investigar todo, reitero, vamos a analizar esa declaración y a separar las causas que correspondan a miembros de los supremos poderes de aquellas relacionadas con personas que no lo son”, continuó.
Patricia Navarro, en declaraciones hechas en el Congreso, declaró que el asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, le habló “de lo mío con el BCIE” desde el principio de la administración de Rodrigo Chaves.
Precisó que, en un mensaje por Whatsapp, Cruz se refirió a la forma en que estaban armando el equipo de comunicación del gobierno, aunque él no es funcionario público, y dijo: “Yo con el tracking y lo mío con el BCIE”.
El tracking se refiere a la medición del comportamiento de usuarios en redes sociales.
Navarro precisó que la conversación debió producirse a finales de mayo o principios de junio del 2022.
Unos meses después, el 26 de agosto del mismo año, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sacó a licitación internacional un contrato de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
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Ese contrato del BCIE lo ganó la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli. Bajo juramento, Patricia Navarro dijo que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, preguntó si Choreco estaría dentro del contrato con el Banco y el empresario respondió que sí.
El contrato incluía, explícitamente, labores de listening (monitoreo de redes sociales).
Según la exjerarca, desde el 20 de mayo del 2022, el entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, le indicó que había fondos del BCIE para una contratación de servicios de comunicación.
Agregó que el asesor presidencial Federico Cruz elaboró los términos de referencia del concurso del BCIE junto con Bulgarelli y, finalmente, Nocaut ganó la licitación.
Navarro también dijo que el concepto de “democratización de la pauta publicitaria” del gobierno de Rodrigo Chaves implica “torcer el brazo a los periodistas” y “pagar publicidad para que hablen bien del presidente”.
Según la exministra, el presidente Chaves era muy persistente en conocer el presupuesto publicitario de las instituciones autónomas, en vista de que los fondos de los ministerios para ese fin eran muy bajos.
Así lo dijo ante la comisión especial que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para el manejo de la publicidad estatal.
En sus declaraciones, Navarro también reveló que el presidente Rodrigo Chaves habló de destituir a Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), si no cumplía sus órdenes en lo que respecta a la publicidad estatal.
Navarro afirmó que el jefe de despacho presidencial y actual jerarca de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, le ordenó asignar más recursos a dos medios de comunicación específicos, El Mundo CR y El Guardián.
Esta mañana, el ministro Rodríguez Vives negó los señalamientos de Navarro y aseguró lamentar que se le diera “crédito a una persona que sin pruebas mintió bajo juramento”. Añadió que se trata de un “juego político de algunos”.
Rodríguez sostuvo que no existe ninguna denuncia de acoso en su contra, por lo que invitó a Navarro a acudir a los juzgados. Finalmente, anunció que irá a la vía judicial para defender su honor, al considerar que la exministra dañó su imagen.
En tanto, Casa Presidencial difundió un documento del 22 de agosto del 2022, en que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, informa al BCIE de quiénes integrarían el comité de evaluación encargado de calificar las ofertas técnicas y económicas del concurso del BCIE para dar servicios a Casa Presidencial.
Cita cuatro nombres: Patricia Navarro, Henry Oviedo, Sofía Alfaro y Mónica Taylor.
Navarro fue destituida diez días después, el 2 de setiembre del 2022.
