EscucharEl fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, considera que el mandatario Rodrigo Chaves incurre en intromisión en las pesquisas judiciales sobre el otorgamiento de permisos de tala en terrenos que el Estado debe reincorporar al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca.
Díaz calificó de desafortunadas las declaraciones hechas por el gobernante en torno a la investigación penal, la cual también se extiende a la creación del plan regulador costero de la zona marítimo-terrestre de este cantón. El Ministerio Público sospecha que se procuraría el otorgamiento de permisos de construcción dentro de la zona restringida.
En una entrevista con el medio Puro Periodismo, el periodista Édgar Fonseca preguntó a Díaz si consideraba que las declaraciones constituían una “abierta intromisión del Ejecutivo en las funciones jurisdiccionales”.
El fiscal general le respondió: “En cierta manera, sí. Nosotros somos respetuosos de la división de poderes. A mí, cuando me preguntan por decisiones del Ejecutivo, digo ‘no, no es mi campo’, pero creo que sí son manifestaciones desafortunadas del señor presidente”.
El fiscal también señaló que el mandatario desconoce el procedimiento básico y los hechos investigados por el Ministerio Público. “Él no es abogado, lo ha manifestado (...). Nosotros esas manifestaciones las respetamos, pero no las compartimos. Hay un desconocimiento de lo que se está hablando en este caso y de las acciones que ha tomado el Ministerio Público”, subrayó.
Según Carlo Díaz, el Ministerio Público toma las declaraciones del mandatario como acciones desde un punto de vista político, pues desde la parte jurídica, considera que se “está haciendo un gran trabajo de manera técnica y científica”.
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Chaves ha hecho declaraciones sobre la investigación sobre Gandoca en varias oportunidades.
El 28 de agosto, por ejemplo, dijo que visitó Gandoca-Manzanillo y no observó tala de árboles en la zona de protección. Además, no consideró un daño el camino que, según la Fiscalía, se construyó sobre un humedal. Un mes antes, el 22 de julio, dijo que solo se habían cortado 23 árboles y que el “escándalo” era un distractor.
El mandatario también ha salido en defensa del empresario Allan Pacheco Dent, representante de la firma Playa Manzanillo S. A., que recibió el permiso de tala. Ambos son conocidos.
Pacheco registra al menos siete visitas a Casa Presidencial y recibió un nombramiento en el Ministerio de Cultura. A su vez, funcionarios de gobierno han hecho fiestas en una finca de la familia del empresario en Barva de Heredia.
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El 21 de agosto, Rodrigo Chaves también cuestionó los 26 allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en relación con el plan regulador.
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“No pasa nada. Ayer hubo 26 allanamientos. Vaya y pregúntele al fiscal ambiental por qué hubo 26 allanamientos cuando un juez penal, al considerar la misma solicitud de prisión preventiva, creo que debió haber sido de él mismo, del fiscal ambiental, le respondió ‘aquí no se tipifica, no se forma un delito”, pronunció el presidente.
Luego, continuó: “Algo está pasando. Sería irrespetuoso decir que nada pasa. Esperemos que el fiscal ambiental vuelva a pedir a algún juez penal una acción contra algunas personas sobre la base de la evidencia que tenga; mi expectativa es que le va a responder lo mismo: ¿dónde está el crimen?”, agregó el presidente.
Chaves hizo referencia a la resolución del 6 de agosto, en la que el juez penal Félix Castellón Ruiz rechazó imponer medidas cautelares al empresario Allan Pacheco Dent, a dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la administradora del refugio. Sin embargo, la resolución no concluye lo dicho por el mandatario.
El juez Castellón Ruiz señaló que, aunque el hecho es grave desde la óptica del daño ambiental, no existen pruebas que indiquen la existencia de un plan previo.
Castellón Ruiz no halló dolo en los hechos denunciados por el Ministerio Público. Argumentó que no bastaba “el error en la calificación de los hechos y en la aplicación de las normas legales”, sino que también se requería aportar pruebas que demostraran que los quebrantamientos de la ley fueron intencionales.
El fiscal Díaz calificó esa resolución como “ilegal” y señaló que “hubo un pésimo análisis de la prueba y un desconocimiento jurídico por parte del juez”. Indicó que el Ministerio Público sigue trabajando para recabar más pruebas, con el fin de sustentar una acusación futura, o bien, una desestimación o sobreseimiento, si no se logra demostrar la participación de los implicados.
Díaz concluyó: “El hecho de que un juez nos diga eso no es santa palabra”.
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Caso Gandoca-Manzanillo
Este caso se originó en mayo de 2024, cuando vecinos de Talamanca denunciaron la aparente extracción ilegal de madera del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. En redes sociales, circularon fotos y videos que alertaban sobre la situación.
Días después, en una conferencia de prensa el 24 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves llamó al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, quien afirmó que los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por el Sinac a la empresa Playa Manzanillo S. A., vinculada a Allan Pacheco Dent, estaban en regla.
La finca en cuestión se encuentra dentro de 188 hectáreas de bosque cedidas a terceros mediante una ley aprobada en 2014. No obstante, en julio de 2019, la Sala IV declaró inconstitucional esa ley. Pese a esta resolución, cinco años después, esas tierras no han sido reincorporadas al refugio.
El Ministerio Público llevó a cabo varios allanamientos, incluidas la Municipalidad de Talamanca y la residencia del alcalde Rugeli Morales, debido al supuesto otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal.
