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Durante una intrincada audiencia judicial, la fiscala general de la República, Emilia Navas, recusó este martes a cinco magistrados de la Sala III que conocían la causa penal sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
A su vez, el abogado de uno de los investigados recusó al magistrado Jesús Ramírez, presidente de la Sala de Casación Penal, “por falta de idoneidad”. Esa acción contó con el respaldo del resto de defensores, incluidos los del presidente Carlos Alvarado.
Los hechos ocurrieron durante una audiencia, convocada por los altos jueces, para escuchar los argumentos en torno a un reclamo presentado por los abogados del mandatario sobre supuestas anomalías en la investigación penal sobre la UPAD.
Róger Guevara, uno de los dos defensores de Carlos Alvarado, informó a La Nación que las recusaciones surgieron a raíz de las actuaciones, en la audiencia, del magistrado Jesús Ramírez, las cuales calificó de erráticas, inentendibles e imprecisas.
Una recusación consiste en una gestión que pueden formular la Fiscalía o las partes involucradas en un proceso judicial, cuando consideran que hay motivos para poner en duda la imparcialidad del juez, por ejemplo, si adelantó criterio sobre el tema que se debate. Lo que busca quien la presenta es que se reemplace a dicho funcionario por otro, que no tenga el conflicto alegado.
La audiencia de este martes, convocada para la 1.30 p. m., tenía como objetivo que Guevara y Rodolfo Brenes, quienes representan al presidente de la República, presentaran dos reclamos por el decomiso de celulares y computadoras ocurrido el 28 de febrero en el allanamiento a Casa Presidencial, así como con las actuaciones de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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“Esta audiencia, que estaba programada para hoy a la 1.30 p. m., no se realizó de la forma que uno hubiese esperado, cumpliendo las etapas que uno hubiese esperado que se cumplieran, dando las audiencias y la oportunidad a las partes para exponer sus argumentos”.
"Estas decisiones motivaron que uno de los abogados de uno de los investigados presentara una recusación en contra del presidente de la Sala Tercera.
“Esa recusación fue respaldada por todos los presentes, por todos los abogados incluyendo la representación del Estado, salvo la fiscala general, que recusó a los cinco magistrados de la Sala Tercera.
"La Sala decidió suspender y trasladar las recusaciones a una Sala Tercera integrada por magistrados suplentes, para que esa integración conozca las recusaciones presentadas por la fiscala general”, narró Guevara.
De acuerdo con el abogado, los recusados son Jesús Ramírez, tres magistrados hombres y una magistrada mujer.
A través de su jefa de prensa, la jerarca del Ministerio Público confirmó que la audiencia en la que se iban a conocer las gestiones por actividades procesales defectuosas se inició este martes, pero que se debió suspender y los participantes están a la espera de que sea reprogramada.
La fiscala general, no obstante, dijo que en apego al artículo 95 del Código Procesal Penal, que establece la privacidad de las actuaciones, no puede referirse en lo ocurrido durante la audiencia.
El abogado del presidente Alvarado afirmó que, por deber profesional, no puede describir con precisión las acciones de la Sala que causaron la molestia de todos los presentes, desde la fiscala Navas hasta los representantes de los investigados por el caso UPAD y la Procuraduría General de la República.
“Pero sí fueron una serie de decisiones que no fueron claras, que no fueron inteligibles para las partes; que los que estuvimos ahí no entendimos qué fue lo que se resolvió. Fueron totalmente imprecisas las decisiones que se emitieron y eso conllevó que la recusación se presentara, por falta de idoneidad de quien presidía esa integración”, declaró Guevara.
Según el defensor del presidente, ahora deberá hacerse una nueva integración de la Sala de Casación Penal que analice la recusación planteada por la fiscala en contra de los cinco magistrados que participaron en la audiencia de hoy, lo cual, a la vez, atrasará el trámite del expediente en el que se investiga si la UPAD obtuvo y manipuló datos confidenciales de los habitantes.
“Definitivamente esto es lamentable. Nosotros, por órdenes del presidente, tenemos el total interés de que este proceso se lleve con la mayor normalidad y apego a las normas y las garantías procesales, y lo que pasó hoy con este actuar errático, con el que se desempeñó la audiencia, es algo que lamentamos de cara a la transparencia que esto tiene que tener”, agregó Guevara.
