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La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, allanó este viernes Casa Presidencial junto con policías judiciales en Zapote, San José, al tiempo que el Ministerio Público ingresa en nueve puntos más.
La diligencia, que se inició a las 8 a. m., está relacionada con una investigación para determinar si una oficina asesora de Presidencia accedió o no a datos confidenciales de los habitantes.
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Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acordonaron con cinta amarilla el ingreso principal a la Presidencia de la República.
La Fiscalía precisó que investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Alejandro Madrigal, uno de los analistas de datos, llegó a pie a Casa Presidencial unos diez minutos después de que empezó el allanamiento y se devolvió. “No me dejan pasar”, comentó.
Además de la Presidencia, la Fiscalía desarrolla diligencias en el Ministerio de Planificación (Mideplán), y cuatro casas de habitación.
El presidente Carlos Alvarado figura como investigado, así como el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro.
También, aparecen como investigados los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como el comisionado de derechos LGTBI, Luis Salazar Muñoz, y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
Según informó la Fiscalía, al parecer Madrigal y Fernández se desempeñaron como asesores de datos de la Presidencia desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019 “y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, sin ningún respaldo legal”.
“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”.
“Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esa actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringían la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogadora de este decreto”, añade el comunicado del Ministerio Público.
En el Ministerio de Planificación (Mideplán), dos vehículos con siete oficiales del OIJ, fiscales y jueces ingresaron al edificio también a las 8 a. m.
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Nancy Marín, ministra de Comunicación, confirmó que el mandatario no se encontraba en Casa Presidencial en el momento del allanamiento.
No obstante, dijo la vocera, Alvarado se presentará a Presidencia durante la mañana de este viernes y, por la tarde, tendrá varias reuniones con distintos jerarcas en su oficina.
Marín reiteró que se encuentran “de puertas abiertas” ante los requerimientos judiciales y recalcó que el equipo con el cual operaba la UPAD está a las órdenes de las investigaciones.
"Desde días anteriores, el ministro de la Presidencia (Víctor Morales) se ha puesto a la orden de las autoridades judiciales para cualquier requerimiento y entrega de información, así como la entrega de los equipo donde el personal de análisis de datos hacía su trabajo. Esas computadores se encuentran resguardadas, desde hace varios días, esperando la solicitud judicial”, afirmó.
Alrededor de las 11 a. m., entró a la Presidencial abogado penalista Cristian Arguedas, defensor de Diego Fernández.
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El caso nació luego de la publicación de un decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual le otorgaba a esa unidad acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones públicas. El presidente Carlos Alvarado derogó el decreto el 21 de febrero, cuatro días después de su publicación.
La fiscala general, quien asiste al operativo por tratarse de un caso relacionado con el Poder Ejecutivo, se mantuvo durante casi todo el día en Presidencia.
En el transucurso de la tarde, salieron funcionarios judiciales con equipos decomisados.
La causa judicial se abrió luego de que se recibieran tres denuncias y un informe de la Defensoría de los Habitantes, entidad que solicitó un peritaje técnico al Ministerio Público.
El mandatario admitió que hubo “errores” en la conformación de esa unidad y calificó de “legítimas” las inquietudes relativas al decreto mediante el cual fue creada.
Asimismo, el ministro de la Presidencia envió una comunicación oficial a la fiscala general afirmando que Casa Presidencial se ponía a disposición de las investigaciones.
Otra de las viviendas allanadas es la de Andres Villalobos en Tres Ríos, en el cantón de La Unión. Después de las 7 p. m., tras 11 horas de custodia por parte de vehículos del OIJ, estos ingresaron a esa casa.
