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La fiscala general, Emilia Navas, allanó este martes por la mañana el despacho de la diputada Floria Segreda, de Restauración Nacional, por un presunto tráfico de influencias.
“Se trata de hechos ocurridos en febrero del 2019, cuando, presuntamente, Segreda Sagot, valiéndose de su cargo, solicitó al director financiero de la Asamblea Legislativa que no ejecutara un embargo a su salario, el cual había sido ordenado previamente por los Tribunales de Justicia”, informó la Fiscalía General.
“Con dicha orden, ella habría logrado recibir su salario íntegro en ese mes. El embargo tiene relación con un conflicto tramitado en la vía civil, por la venta de una propiedad”, agregó el Ministerio Público.
La diligencia se realiza con el objetivo de recabar prueba para el expediente 19-000021-033-PE.
El embargo al salario de la diputada fue solicitado por un tercero de nombre Carlos Luis Hidalgo, quien ha mantenido un litigio contra la congresista por la venta de una casa y por la deuda que generaron las costas procesales del litigio.
En vista de que Segreda Sagot mantuvo su deuda, un tribunal ordenó el embargo de su remuneración.
La Dirección Financiera del Congreso habría sido notificada de la orden judicial en febrero, primero por ¢26 millones. Un segundo embargo se le notificó a esa misma oficina, en marzo, por ¢12,3 millones.
No obstante, al parecer, la legisladora de Restauración Nacional le alegó al departamento Financiero del Congreso que tenía en sus manos una orden para el levantamiento de esa retención.
Según información revelada por el medio digital crhoy.com, la denuncia no solo se enfocó en la legisladora, sino que también fueron señalados el director financiero de la Asamblea, Mario Delgado, y un juez del Tribunal Civil del Primer Circuito Judicial de San José, de apellido Porras. Así lo confirmó también el Ministerio Público.
No obstante, en declaraciones a la prensa esta noche, la fiscala dijo que los imputados son solo Segreda y Delgado.
“A ella (a Segreda) se le atribuyen los delitos de tráfico de infuencias y enriquecimiento ilícito, y al señor Delgado, incumplimiento de deberes. A ella por haber influido en él para que no se ejecutara un embargo que fue ordenado por un tribunal civil”, afirmó Navas.
Además de la oficina de Segreda, la Fiscalía allanó la Dirección Financiera de la Asamblea, ubicada en Los Yoses.
La fiscala aseguró que, con las diligencias de allanamiento, la Fiscalía alcanzó los objetivos que buscaba.
“Estamos en la etapa preparatoria, buscando prueba para determinar qué fue lo que sucedió, saber si, efectivamente, hay un hecho delictivo, y averiguar quién y cómo lo cometió”, concluyó Navas.
Legisladora niega los hechos
Por su parte, la diputada de Restauración negó haberse valido de su cargo para, supuestamente, solicitarle al director financiero del Congreso que no ejecutara el embargo sobre su salario.
“En ningún momento he mandado ningún documento para me hagan algún tipo de favor”, expresó la congresista horas después del allanamiento a su oficina.
“Como están sucediendo las cosas, hay temas más importantes e interesantes que venir a allanar por una cartita que dice que existe y no existe. Hay cosas importantes que no se están tomando en cuenta”, argumentó.
Este martes por la mañana, Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó por vía telefónica que el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, le avisó sobre las diligencias judiciales.
Según Magaly Camacho, jefa de Seguridad del Congreso, la fiscala Emilia Navas ingresó a la oficina de Segreda a eso de las 9:40 a. m. El despacho de la diputada se encuentra al costado este del edificio Sión del Congreso, 25 metros al sur del Parque Nacional.
La pesquisa contra Segreda se realiza desde julio pasado, cuando la Fiscalía General recibió una denuncia en contra de la diputada por supuesto tráfico de influencias, desobediencia y prevaricato.
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En agosto pasado, la diputada también realizó gestiones ante el Congreso y la Dirección General de Tributación para librar a los diputados de pagar impuesto sobre la renta sobre el ¢1 millón que reciben los diputados mensualmente por concepto de gastos de representación.
Dicho monto forma parte de la remuneración que reciben cada mes los 57 diputados. Con las dietas, el pago suma ¢4 millones.
Con ese ingreso, los legisladores deben tributar ¢540.000, según el aumento aprobado en la reforma fiscal. Si la gestión de la legisladora de Restauración hubiera prosperado, el impuesto de los congresistas bajaría a ¢331.000, es decir, casi ¢210.000 menos.
El inmueble donde se encuentra la oficina de Segreda es una de las muchas edificaciones que alquila el Congreso y se le conoce como Casa Rusa.
