Escuchar
“En resumen, él personalmente (Juan Carlos Bolaños) y sus empresas fueron beneficiados o se intentó que se beneficiaran en licitaciones con la intervención de dos señores exdiputados (...). En una sí se logró y en las otras no, quedó en tentativa porque la señora Vanessa Rosales no accedió a los trámites que hicieron las personas sospechosas de cometer presuntamente estos ilícitos”.
La fiscala general, Emilia Navas, confirmó con esas palabras que los exdiputados Víctor Hugo Víquez y Wálter Céspedes (2010-2014) son investigados bajo la tesis de que, aprovechando sus puestos en la Asamblea Legislativa, intercedieron en favor de los negocios del empresario Juan Carlos Bolaños ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Añadió que ambos figuran como imputados en la causa 17-821218-PE por un presunto tráfico de influencias, en torno a hechos cometidos desde el año 2007 hasta la fecha.
Las influencias habrían ocurrido en relación los proyectos que la CNE sacó a concurso para desarrollar las obras en las rutas Ciudad Colon-El Rodeo y Bribrí-Sixaola, así como en el Dique de Nosara.
Navas precisó que gestionó una orden judicial de allanamiento, secuestro, decomiso y análisis de información de correspondencia en las casas de Víquez y Céspedes, así como en la CNE. En cuanto a la correspondencia, dijo que se trataba de las comunicaciones entre los sospechosos.
En la comisión las diligencias se centraron en las oficinas de la Proveeduría, de la Auditoría Interna y de la secretaria de la Presidencia Ejecutiva.
A Víquez y Céspedes "se les imputa el hecho de que, valiéndose de su puesto, entonces como diputados, intervinieron a favor de Juan Carlos Bolaños y sus empresas Sinocem Costa Rica S. A. y JCB Alquiler y Maquinaria S. A. ante Vanessa Rosales, quien para esa fecha ocupaba el cargo de presidenta ejecutiva de la CNE, para obtener beneficios patrimoniales y ventajas indebidas en la adjudicación de licitaciones", afirmó Navas.
La fiscala insistió en que las diligencias en los tres sitios allanados aún no terminan y que por ende, no puede precisar todavía si los dos exdiputados serán detenidos.
"Eso no se lo podría adelantar, las razones por las que el Ministerio Publico y el OIJ deciden detener a una persona se pueden dar antes o durante el transcurso dependiendo de situaciones que se den, entonces, como no se han finalizado no puedo adelantarle si esa decisión se va a tomar o no", respondió Navas.
Ella tampoco descartó nuevos allanamientos por el caso del cemento chino, pero dijo que no se podía referir al respecto para no estropear la investigación.
Los casos denunciados
El caso de Víctor Hugo Víquez data del 2013 cuando fue denunciando por la Auditoría Interna de la CNE por un aparente tráfico de influencias, cuando era diputado del PLN
La denuncia se presentó ante la Procuraduría de la Ética Pública bajo el alegato de que él presuntamente envió mensajes de texto a la entonces presidenta ejecutiva de esa institución, Vanessa Rosales, en apoyo al empresario Juan Carlos Bolaños quien aspiraba a ganar un contrato de obra pública que estaba por adjudicarse.
Si bien la Procuraduría dio por ciertos los mensajes, la denuncia se desestimó porque no se consumó el hecho.
En específico, Víquez le comentó a Rosales sobre una contratación de emergencia para la construcción de obras de estabilización de taludes en el camino entre Ciudad Colón y El Rodeo de Mora, de febrero del 2013.
Al final, el proyecto se le adjudicó a otra empresa, luego de que Vanessa Rosales se apartara del proceso de contratación.
En cuanto al socialcristiano Wálter Céspedes, él es cuestionado por enviar al menos 12 oficios a la CNE solicitando información sobre gestiones relacionadas con empresas de Bolaños, entre el 2010 y el 2012.
Por ejemplo, el 29 de setiembre del 2010, en el oficio JPUSC-WCS-231-09-10, indicó que conoció a Bolaños en un tope en Pococí y éste le comentó que estaba negociando con la CNE la rescisión del contrato de construcción de la ruta 36 en Limón.
Con respecto al accionar de Céspedes, los diputados de la comisión especial investigadora de créditos bancarios concluyó: "Los múltiples oficios relacionados con obras a cargo de Juan Carlos Bolaños, enviados por el señor Wálter Céspedes a la señora Vanesa Rosales, expresidenta de la CNE, muestran presiones de parte del exdiputado que procuraban alcanzar beneficios para el señor Bolaños, con lo que podría estar incurriendo en un incumplimiento al deber de probidad. A ello se suman las múltiples llamadas telefónicas entre Bolaños y Céspedes, que demuestran la existencia de una relación entre ambos".
Además, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita otra causa en su contra, también por el supuesto delito de tráfico de influencias, por unir "esfuerzos" con los ahora legisladores Otto Guevara Guth (Moviemiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (independiente, pero que fue del PAC) para asegurarle a Juan Carlos Bolaños "que no iba a tener ningún impedimento formal o de trámite aduanal para constituirse en importador de cemento".
Esa investigación es producto de una denuncia anónima que se presentó en junio del 2015.
