EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación para determinar si existió un financiamiento paralelo en la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), del candidato Rodrigo Chaves, de previo a la primera ronda del 6 de febrero.
“En relación con el señalamiento de una supuesta estructura paralela relacionada con el presunto financiamiento y gasto de la campaña del PPSD, esta Fiscalía indicó que, actualmente, el asunto se encuentra en valoración, para determinar si existe o no delito por investigar”, respondió el Ministerio Público, en un correo electrónico, ante una consulta de este diario.
Un fideicomiso denominado Costa Rica Próspera, constituido por Rodrigo Chaves y el empresario Jack Loeb, recibió aportes por al menos $165.000, de nueve personas físicas y dos jurídicas, entre febrero y setiembre del 2021. Esos recursos que se utilizaron para costear gastos propagandísticos del PPSD, según reconoció el propio Loeb. Así consta también en estados financieros.
La legislación electoral prohíbe que terceras personas efectúen aportes y costeen gastos partidarios, al margen de los controles internos de la agrupación.
Los recursos del fideicomiso se utilizaron para financiar, entre otros rubros, el alquiler de la sede de campaña de Chaves, viáticos para giras electorales, publicidad, salarios, servicios profesionales y alquiler de vehículos.
Según Arnoldo André Tinoco, el presidente ATA Trust, la firma que administró los fondos del fideicomiso, Chaves y Loeb, entre otras personas, eran quienes definían cómo, cuándo y dónde se usaban esas contribuciones.
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Sanciones previstas en Código Electoral
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido, ya que se dificulta trazar el origen de los fondos.
De hecho, el Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
En el artículo 274, inciso d, sanciona con penas de dos a cuatro años de prisión “a quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no están previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido”.
El apartado 275, inciso c, castiga con penas de dos a seis años de cárcel “a los miembros del comité ejecutivo superior del partido, las jefaturas de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte ilegal”.
En el inciso d, además, se establece la misma sanción “a los candidatos y precandidatos oficializados por el partido político que reciban contribuciones, donaciones o aportes directamente”.
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Expediente abierto
La Fiscalía evalúa los hechos bajo el expediente N.° 22-000210-0276-PE, en el cual se investiga a Progreso Social Democrático por “el presunto delito de aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades políticas electorales”.
Esa causa se abrió luego de que una persona (su identidad no fue revelada) interpuso una denuncia contra Rodrigo Chaves ante la Fiscalía de Desamparados, la cual se remitió a la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, el 2 de febrero anterior.
“Ese asunto se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba”, añadió el órgano acusador, a través de su oficina de Prensa.
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