EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción analiza el presunto impago de cargas sociales a exempleados de la campaña del hoy presidente, Rodrigo Chaves Robles, cuando trabajaron bajo administración del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera.
El pasado 5 de junio, ocho personas declararon, bajo juramento, haber trabajado sin contrato laboral, seguro social, horas extra o póliza de riesgos del trabajo, a pesar de que cumplían horario en la sede de Progreso Social Democrático (PPSD), en barrio La California, San José. Dijeron que solamente tenían un “contrato verbal”.
Ante los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, confirmaron que trabajaron entre julio y setiembre de 2021 bajo las órdenes de Sofía Agüero, exasistente personal de Rodrigo Chaves e hija del actual diputado, Waldo Agüero. Varios de ellos pasaron luego a laborar para el partido oficialista en el resto de la campaña.
LEA MÁS: Exempleados de campaña de Rodrigo Chaves declaran que no les pagaban cuotas de CCSS
Luego de detectar esa situación, los legisladores aprobaron de forma unánime una moción para solicitarle al Ministerio Público, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Inspección Laboral investigar el presunto impago de cargas sociales. También pidieron investigar una presunta explotación laboral.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que recibieron la denuncia, la cual se encuentra actualmente bajo análisis.
La Nación también consultó a la CCSS si abrió un proceso administrativo de revisión sobre estos aparentes impagos de cargos sociales; sin embargo, aún no se recibe respuesta.
LEA MÁS: Diputados piden a CCSS investigar impago de cargas sociales a exempleados de campaña de Chaves
Los trabajadores presuntamente afectados fueron Álvaro Picón, exjefe del centro de contacto de la campaña de Chaves; Crystal Castillo, Mariana Villalta, Rohan Barrios, Karla Mora y Fanny Garita, quienes realizaban y atendían llamadas; así como Margarita Parra, quien fungió como miscelánea, y Kathia Calvo, que administró la sede del fideicomiso Costa Rica Próspera y hoy es jefa de despacho de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Adilia Caravaca.
“A nosotros nos despidieron porque en un momento llegó el Ministerio de Salud a comprobar si teníamos seguro, pero nos despidieron para no pagarlo porque éramos muchos. Nos contrataron por servicios profesionales. Al final de mes pagábamos Hacienda y teníamos un contador”, aseveró Villalta.
Los trabajadores explicaron que debían tomar de su propio dinero para pagar “impuestos” a un contador que les asignaba la propia campaña.
Por su parte, el exjefe del centro de contacto, Álvaro Picón, reconoció que él también trabajó bajo un “contrato verbal”, sin pago de cargas sociales, ni póliza; tampoco le pagaron liquidación cuando dejó el puesto.
Añadió que su jefa era Sofía Agüero, aunque el depósito de su salario y el de sus colaboradores lo realizaba la sociedad ATA Trust Company, firma vinculada al actual canciller, Arnoldo André Tinoco. Esa sociedad se encargaba de administrar el fideicomiso.
Alonso Vargas, abogado representante de ATA Trust, aseguró a este medio que no tienen conocimiento de ninguna causa penal.
El diputado liberacionista, Francisco Nicolás Alvarado, hizo público el historial de liquidaciones de los exempleados del fideicomiso, según el cual Picón tenía un salario de ¢180.000 mensuales.
De acuerdo con el congresista, de las ocho personas que acudieron a comparecer el pasado lunes 5 de junio, tres de ellas no aparecen en el historial; por lo tanto, cree que no las liquidaron conforme a la ley.
Los diputados indagan, precisamente, si el fideicomiso Costa Rica Próspera captó recursos y ejecutó gastos electorales al margen de las cuentas del PPSD, como una aparente estructura paralela, sin reportes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
LEA MÁS: Fideicomiso nació para impulsar candidatura de Rodrigo Chaves, relata exasistente del candidato
