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La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, eliminó el nombre de Johnny Araya Monge de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
De acuerdo con una queja presentada por una funcionaria judicial el pasado 23 de octubre, de la cual La Nación tiene copia, en la gestión a favor de Araya habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López.
Lo anterior le permitió al actual alcalde de San José, no aparecer con investigaciones judiciales pendientes cuando figuraba como candidato en las elecciones municipales de febrero de 2016.
Aunque finalmente los otros tres investigados en la causa fueron sobreseídos en julio del año pasado, el político ya había desaparecido del expediente. En su caso, en el Sistema de Gestión de la Fiscalía de Probidad no consta que se haya dictado una desestimación o sobreseimiento por parte de un juez.
Al respecto, el alcalde josefino aseguró que no recuerda haber conversado con Gamboa o López para esta diligencia y que, aunque había sido denunciado, no debía aparecer en la causa. “El procedimiento que yo hice fue normal, fue pedir que me aclararan”, alegó.
El caso
Los hechos se remontan a diciembre del 2015, previo a las elecciones municipales. En esa oportunidad, La Nación pidió a la Fiscalía General corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La oficina de prensa respondió que Araya figuraba en el expediente 12-000096-0621-PE, como parte de una denuncia por el aparente delito de influencia contra la hacienda pública, estipulado en el artículo 57 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito.
La información enviada a este medio provocó que la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, fuera interpelada por el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa.
Así lo afirmó la funcionaria, el pasado 23 de octubre, en una declaración rendida al ser citada a comparecer ante el tribunal de la Inspección Judicial, como parte de las investigaciones que sigue ese órgano relacionadas con el caso del cemento chino.
“Me pregunta que porqué yo envié esa información si Johnny (Araya) no tenía ninguna causa, yo le contesto que Probidad me confirmó mediante un correo la existencia de la misma, que estaba en trámite; él me dice que ya revisó el expediente y que no está implicado. En el mismo acto le pide a Justo (Pastor López) que llame por teléfono al señor Araya para decirle que mande una nota a la Fiscalía de Probidad solicitando certificación de que él no figura como imputado y que lo envíe al medio de comunicación. Justo sale de la oficina para hacer la llamada por su teléfono celular y cuando regresa le dice a Celso que Johnny le pidió a él (Justo) que redacte la carta, a lo que Celso le contesta, que Johnny es un cabeza de teflón y que se la redacte”, se lee en la declaración de Vargas.
Por su parte, Celso Gamboa, aseguró que no tuvo ninguna intervención directa, en el trámite de Araya, pero sí conoció el caso, porque llegó a la Fiscalía General.
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Este domingo, se trató de contactar a Justo Pastor López, sin embargo, no respondió a las llamadas hechas a su celular.
La Nación intentó ampliar detalles con Vargas, pero declinó referirse . “Al tratarse de una investigación disciplinaria en la cual figuro como testigo, no me es posible contestar ninguna de sus preguntas”, dijo.
Trámite rápido
La carta que, según el testimonio de la jefa de prensa, sugirió Celso Gamboa, efectivamente fue enviada por Araya a la Fiscalía de Probidad.
Este medio tuvo copia del documento en enero del 2016, cuando el actual alcalde lo envió como prueba de que no estaba imputado en la causa.
En la misiva dirigida a Berenice Smith Bonilla, entonces fiscala adjunta de Probidad, Araya solicitó una certificación de que él no figuraba como parte del expediente.
“Pido que se corrija el asiento informático con el propósito que no sea lesionado mi derecho de imagen”, agregó el alcalde en la nota a Smith, quien en octubre pasado renunció como fiscala subrogante, luego de los cuestionamientos surgidos por haber pedido la desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias, contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.
El 6 de enero del 2016, un día después de que Smith recibió la solicitud de Araya, la fiscala Natalia Rojas respondió que, siguiendo instrucciones superiores, se iba a proceder a actualizar el sistema informático.
“Efectivamente se presentó una denuncia contra su persona y otras que dio origen a la causa penal número 12-000096-621-PE, que se tramita en este despacho, razón por la cual se incluyó su nombre en el sistema informático, que no diferencia a los imputados de los denunciados. Usted no figura como imputado dentro de la sumaria respectiva, sino como denunciado” se lee en el documento, que también remitió Araya.
El político, hasta ese momento, sí era parte del expediente, pero al corregir el supuesto error se le sacó del sistema. El pasado jueves, la oficina de prensa de la Fiscalía reiteró que, de acuerdo con el Sistema de Gestión, Araya no figura en esa causa.
El hoy alcalde josefino reiteró, este domingo, que en ese proceso no había ningún tipo de participación de su parte, y que no tenía por qué aparecer con un caso judicial pendiente.
Consultado sobre la posibilidad de excluir a una persona de un expediente judicial con solo hacer la corrección en el sistema informático, el presidente de la Asociación de Fiscales, Ronald Segura, precisó que eso no es posible ni correcto.
“Hay un sistema de gestión y tienen que ingresarse todos los nombres de las personas que figuran en una causa. Si, por ejemplo, hay tres personas denunciadas y la investigación se sigue contra dos, a la que queda fuera debe dictársele un sobreseimiento o desestimación, pero no se puede ocultar que fue parte de esa causa. Nadie puede desaparecer a una persona del sistema informático”, afirmó.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la fiscala general, Emilia Navas, está realizando las averiguaciones del caso, pero que no se referiría al asunto porque no conoce a profundidad los detalles.
Entretanto, la queja de Vargas fue remitida a Corte Plena, la cual se encarga de ver las denuncias contra magistrados.
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