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La Fiscalía General de la República investiga a la diputada independiente Shirley Díaz por el presunto delito de motín, a raíz de los hechos que sucedieron el 26 de enero en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, cuando un grupo de manifestantes antivacunas ingresó a la fuerza en ese centro médico.
Así lo confirmó este viernes la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta enviada por La Nación el pasado lunes.
“La Fiscalía General confirmó que el presunto delito de motín que investiga en la causa 22-000010-0033-PE, la cual es seguida contra la diputada Díaz, corresponde a los hechos ocurridos en el hospital de Heredia”, dice en el correo enviado.
La congresista, quien se retiró del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en setiembre pasado, participó en una manifestación de personas antivacunas, que derivó en un ingreso forzoso al centro médico.
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Los manifestantes ingresaron al hospital, en medio de empujones y fuertes intercambios de palabras, lo cual obligó a la Fuerza Pública a intervenir.
Por ser días integrante de un supremo poder de la República, la investigación en su contra debe estar en manos de la Fiscalía General, tal como lo establece la ley.
En imágenes que circularon en las redes sociales sobre ese zafarrancho, se observa a la congresista, quien para ese momento era candidata a la vicepresidencia de la República con el Partido Nueva Generación (PNG), en las afueras del centro médico herediano.
También hubo videos que mostraron a manifestantes forcejeando con oficiales de seguridad e insultando a oficiales de seguridad.
La manifestación se organizó a través de un grupo de Telegram administrado por Marco Morales Albertazzi, donde se precisó que la diputada Shirley Díaz solicaba que la acompañaran al hospital de Heredia “para solicitar que liberen a un niño de 6 años a quien tienen retenido porque lo quieren vacunar contra la voluntad de sus padres”.
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Morales Albertazzi fue luego detenido por las autoridades policiales y las autoridades judiciales le impusieron tres meses de arresto domicialiario, como sospechoso de liderar el incidente ocurrido en el centro médico.
El Código Penal, en su artículo 304, establece que serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años quienes “se alzaren públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión”.
Un día después de los hechos en el hospital de Heredia, varias diputadas fustigaron fuertemente a Shirley Díaz por haber acuerpado a los antivacunas.
Mientras la legisladora independiente Zoila Volio repudió los hechos y dijo que no podía ni decirle diputada, la oficialista Catalina Montero la calificó de impresentable.
En tanto, Laura Guido, representante del Partido Acción Ciudadana (PAC), acusó al grupo reponsable del incidente de estar motivado por la anticiencia y las teorías de conspiración, mientras la presidenta legislativa, Silvia Hernández, acusó a Díaz de alcahuetear a un grupo de personas que “han perdido la razón y el sentido común”.
Respecto a la investigación judicial en su contra, la diputada Díaz aseguró esta semana que se encuentra a las órdenes de los fiscales con toda la disposición de atenderlos “cuando sea necesario”.
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“Les hago un llamado para que con la misma vehemencia, o más, que han tenido en este caso, también lleven adelante las investigaciones y logren una justicia pronta y cumplida en los casos de corrupción pendientes y que tanto daño le han hecho al país”, alegó.
Shirley Díaz Mejías es conocida no solo por su apoyo a los antivacunas, sino también del grupo autodenominado “Rescate Nacional”, organizador de las protestas que bloquearon vías nacionales entre setiembre y octubre del 2020, contra las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno de Carlos Alvarado por la pandemia de covid-19.
El jueves de la semana pasada, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un periodista que abiertamente alentó al grupo de antivacunas a irrumpir en las instalaciones del San Vicente de Paúl.
