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La construcción de otro puente en Corredores es objeto de nuevas pesquisas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que desde meses atrás abrió una causa judicial para indagar si otra estructura levantada en agosto del 2020, cerca de una embotelladora ligada a un supuesto líder narco, habría sido financiada con fondos municipales.
Esta vez, se trata de un paso de alcantarilla ubicado en una propiedad privada por la que pasa un camino público que conecta la carretera Interamericana Sur con la casa del presidente de esa misma embotelladora de agua. La empresa está instalada dentro de una finca del supuesto líder narco Darwin González Hernández, quien según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habría contado con el apoyo del alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, para usar recursos municipales en la construcción de ese puente, propiamente, en la zona de Río Bonito.
Actualmente, González cumple prisión preventiva como sospechoso de delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales, mientras que Viales es imputado en una causa judicial que pretende determinar si hubo alguna dádiva o uso de fondos públicos en la construcción del puente en la finca de González Hernández.
Esta segunda obra, de menor envergadura que la anterior, se habría hecho en febrero del 2020, cerca de la comunidad de Veracruz, en Paso Canoas, sobre una ruta pública cantonal que conecta con otra vía donde solo hay cuatro casas.
Una de esas viviendas está a nombre de la esposa de Manuel Fernández Sancho, alias “Manuel El Profe”, quien también figura como imputado en la causa contra el alcalde Viales. Él, además de ser presidente de Embotelladora La Cascada S. A., es profesor de Estudios Sociales en el Colegio Diurno de Ciudad Neilly
La Fiscalía atribuye a Viales Fallas y a Fernández Sancho el delito de peculado, que se comete cuando se distraen o sustraen fondos públicos dejados para su administración en razón de su cargo.
“Manuel El Profe” era el encargado de proveer los materiales y la maquinaria pesada para los trabajos en el puente de Río Bonito, además se encargaba de cuidar la finca y se refería a Darwin González como el “patrón”, según el testimonio que maestro de obras de ese proyecto, Miguel Ángel Cubero Fallas, dio al OIJ.
Fernández Sancho también tiene vínculos con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e incluso, fue electo como miembro del Comité Ejecutivo en Corredores, en julio del 2017, donde ocupó el cargo de presidente suplente hasta el 2021. Además, se postuló, aunque sin éxito, al cargo de síndico en las elecciones municipales del 2020.
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Segunda denuncia anónima
Las pesquisas en torno a este segundo puente, se iniciaron el 14 de octubre del 2021, luego de que ingresara una denuncia anónima a la Fiscalía Anticorrupción, en su sede de Corredores, “relacionada con presuntas irregularidades en la construcción de otro puente en esa zona”.
La Nación tuvo acceso a ese documento, en el cual se detalla que ese paso de alcantarilla se ubica en una propiedad privada, cerca del Colegio Madre Divino Pastor. Posteriormente, este medio corroboró que dicha infraestructura se divisa en imágenes de Google Maps y en fotos y videos de Telenoticias.
Además, se constató que el camino que conecta el puente fue declarado público en octubre del 2012, por el Concejo Municipal de Corredores, según corroboró la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ante una consulta de este diario.
La finca por donde pasa ese camino, denominado Veracruz 02 y que tiene extensión de aproximadamente 693 metros, aparece en el Registro Nacional a nombre de la sociedad anónima Agropecuaria Monte Verde, cuyo presidente es Wilson Picado Godínez.
Picado Godínez dijo desconocer quién construyó ese paso de alcantarillas, que él se dio cuenta cuando ya estaba hecho, pues no va a esa finca con frecuencia. Relató que él adquirió esa propiedad como una oportunidad de negocio y que desde que estaba en conversaciones para la compra, el anterior propietario le dijo que ya estaba en trámite la declaratoria de camino público, a lo cual él no se opuso porque más bien lo beneficiaba.
“Un día entré yo ahí, a la propiedad esa, y me encontré ese puente, yo ni siquiera me di cuenta que hicieron eso. No sé quién lo hizo, no sé nada. Solo sé que don Víctor Arauz y el veterinario que viven en la calle de atrás fueron quienes solicitaron eso, pero ya la calle era pública, ya estaba todo aprobado cuando yo compré, solo faltaba que yo dijera que sí. Eso fue hace mucho tiempo y yo nunca he hablado con ellos de eso”, expresó Picado Godínez en una llamada telefónica.
El veterinario Andrés Tello Atencio, vecino de “El profe Manuel”, confirmó a este periódico que él era una de las personas que acudió, en reiteradas ocasiones, desde el 2017, al Concejo Municipal de Corredores para solicitar la construcción de ese paso de alcantarillas.
Contó que pese a la insistencia, la cúpula municipal no levantaba el puente, aunque los vecinos corrían peligro al pasar por ahí, principalmente, en época lluviosa. Relató que, en ocasiones, los carros no podían pasar, o debían esperar hasta dos horas, porque crecía mucho la quebrada.
Agregó que no fue hasta un año después de que Manuel Fernández Sancho se fue a vivir a esa zona, que lograron que la Municipalidad de Corredores hiciera el paso de alcantarilla, a principios del 2020.
“Fuimos como unas seis veces a sesiones municipales, muchos estaban de acuerdo y unos no, como siempre pasa, pero finalmente, no le puedo asegurar si fue por esto (la llegada de Fernández Sancho) o por alguna otra influencia, el paso de alcantarillas se construyó.
“(...) Él (”Manuel El Profe”) dijo que iba a hacer lo posible por ayudarnos, que tal vez él podría hacer algo ahí, que tuviéramos un poco de paciencia. Sí le puedo decir que es amigo del alcalde porque eso todo el mundo lo sabe, sería como tapar el sol con un dedo. Pero él sí nos dijo que iba a ver qué podía hacer para agilizar todo eso un poco, que tuviésemos paciencia”, dijo Andrés Tello, quien trabaja en la veterinaria La Garrapata, en Ciudad Neily.
El el sitio web de la Municipalidad de Corredores consta que Tello fue el 6 de agosto del 2018 al Concejo Municipal para abogar por el puente. En el acta de la sesión de ese día se consignó: “El señor Andrés Tello manifiesta que también es vecino y lo que nosotros ocupamos es un pequeño paso de alcantarilla, para llegar a nuestras casas tuvimos que hacer cuatro pasos más de nuestro propio bolsillo, abrir un camino en donde no había nada. Entonces lo que queremos es una pequeña ayuda para terminar algo que ya empezamos”.
En una entrevista por teléfono con La Nación, Tello también afirmó que a él le consta que fueron empleados de la Municipalidad del cantón los que construyeron el cuestionado puente. Su testimonio coincide con el del peón de construcción de ese ayuntamiento, Luis Alberto Arce Chavarría, quien contó a este diario, también vía telefónica, que él trabajo en esa obra un par de horas, pero después fue movilizado a otro proyecto.
Sin registro y bajo la lupa
Ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía no se informó de esa obra ni se tramitó ninguna solicitud de permiso, confirmó su director Jose Miguel Zeledón. Según el jerarca, al tratarse de un camino municipal, lo procedente era que les informaran del proyecto.
“Únicamente se debe informar a las instancias como Dirección de Agua y Setena para hacer ingreso. Y los interventores deben cumplir con los fines de la citada norma (Ley N.° 9789), bajo responsabilidad institucional”, aseguró Zeledón.
En la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) tampoco consta ningún expediente de ese paso de alcantarillado, ubicado en Paso Canoas.
En el Ministerio Público, el caso se tramita bajo el expediente N.° 21-000016-1775-PE, se investiga un presunto delito de malversación de fondos y todavía no hay personas imputadas.
“La Fiscalía se encuentra investigando los hechos para determinar si existe o no acción delictiva, así como quiénes podrían ser las personas responsables. El caso avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase no es pública, por lo que es todo lo que se puede indicar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó la oficina de prensa del órgano acusador, tras una gestión de este periódico.
La Nación también consultó a la Municipalidad de Corredores si había algún expediente o registro de la construcción de ese puente en las cercanías de la comunidad de Veracruz, y algunos detalles de la obra, como el origen de los recursos, el costo y el número de funcionarios municipales que trabajaron; sin embargo, al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta al correo enviado.
