La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga un presunto delito de nombramientos ilegales en la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL). El Ministerio Público confirmó a La Nación que el expediente se abrió de oficio el pasado 2 de octubre.
Según la Fiscalía, las indagaciones bajo el expediente 23-000333-1218-PE se iniciaron debido a “información disponible en medios de comunicación”. Aclaró que el caso se tramita contra “ignorado”, es decir, hasta este momento, no hay personas específicas imputadas.
El lunes 2 de octubre, este medio publicó un audio que revela la aparente presión que ejerció Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas, sobre la exencargada de Recursos Humanos, Fabiola Salas Leal.
Al parecer, el mensaje tenía como intención que la exjefa de personal cambiara de criterio respecto a la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado del del Partido Liberación Nacional (PLN), Rafael Arias Fallas.
En el audio, Bolaños le habría solicitado “ayuda” a Fabiola Salas para dejar sin efecto un oficio en el que ella concluyó que Arias Molina incumplía los requisitos para el cargo de asistente de Porras. El asesor legal pidió “discutir y ver cómo acomodar” el oficio para contratar a esa persona.
Bolaños no ha respondido consultas de este medio sobre el audio.
Dos días después de la publicación de La Nación, el miércoles 4 de octubre, los alcaldes miembros del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) rechazaron abrir una investigación administrativa contra Bolaños.
La moción para abrir una indagación preliminar fue presentada por el alcalde de Río Cuarto y miembro del Consejo, José Miguel Jiménez Araya. Solamente él votó a favor, mientras que nueves directores votaron en contra, según muestra el acta de la sesión.
Según Jiménez Araya, sus compañeros alegaron que el audio fue grabado sin el consentimiento de Bolaños y, por lo tanto, no ameritaba una revisión.
“Más allá de cómo se grabó ese audio, a mí lo que importa es que se investigue el fondo del asunto”, dijo Jiménez.
En esa misma sesión los alcaldes se quejaron de la filtración de información de interés público sobre la UNGL a La Nación.
Salas renunció por supuestas presiones
Además de la grabación, las presiones constan en la carta de renuncia de Salas, quien dejó la jefatura de Recursos Humanos el 31 de agosto pasado.
En la misiva, Salas afirmó que Karen Porras y Carlos Bolaños le solicitaron anular el oficio, firmado el 29 de agosto (RH-FS033-29082023O), en el que expresó que Arias no cumple con los requisitos para ser contratada como asesora de la Dirección Ejecutiva.
Agregó que recibió reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva, “donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”.
El 6 de setiembre, el presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, confirmó a La Nación que los directivos acordaron contratar una auditoría externa que investigue la gestión de Porras.
El presidente de la UNGL dijo, durante la sesión del 4 de octubre, que Bolaños presentó una denuncia penal por, supuestamente, haber sido grabado sin consentimiento. Por ese motivo, Rojas sostuvo que los directivos prefieren dejar que el asunto se aclare en la vía judicial.
Al consultarle si está satisfecho con la labor de Porras, respondió que no puede responder esa pregunta hasta obtener los resultados de la Auditoría Interna.
Por último, expresó que desconoce si María José Arias al final fue contratada por la UNGL o el proyecto mUEve, una iniciativa financiada por la Unión Europea y administrada por la UNGL que promueve obras de movilidad en los 15 cantones que atraviesa el tren.
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