La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga si el Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro R. L. (Coocafé R. L.) le entregó un cheque por $25.000 (¢14,7 millones) a un funcionario del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), en agosto del 2013.

Se trata de José Alejandro Jiménez Blanco, gerente de Crédito del Instituto, actualmente suspendido por la auditoría de esa entidad, como parte de una pesquisa por supuestas irregularidades en un préstamo a Coocafé.

Además, la Fiscalía hace gestiones para determinar las razones para que dicho consorcio cooperativo hiciera, en apariencia, cuatro desembolsos, por un total de ¢850.000, a una cuñada de Jiménez, por concepto de servicios en contabilidad.

La cuñada del funcionario del Infocoop, de apellidos Román Borloz, habría recibido ese dinero a pesar de que no está colegiada como contadora, ni está habilitada para ejercer dicha profesión, según un documento de la Fiscalía, del cual La Nación tiene copia.

En específico, los supuestos giros a la hermana de la esposa de Alejandro Jiménez, ocurrieron el 7 y el 14 de setiembre del 2012, así como el 4 de abril del 2013 y el 14 de febrero del 2014.

Levantamiento de secreto bancario

Precisamente, por la prueba documental que refiere a un pago hecho a Jiménez y cuatro a su cuñada, la Fiscalía solicitó, en mayo de este año, la apertura de las cuentas bancarias del funcionario.

Entre las indagaciones de los fiscales, se logró determinar que el cheque del Banco Lafise, por $25.000 fue emitido a nombre de Jiménez Blanco, desde una cuenta de Coocafé R. L.

“Para la Fiscalía, esos hechos son notitia ee de actuaciones de funcionarios públicos que podrían configurar delitos de cohecho, aceptación de dádiva por acto cumplido y enriquecimiento ilícito”, indicó el fiscal a cargo de la investigación, Randy Hermández Obregón.

De acuerdo con la petición de apertura de las cuentas bancarias, los documentos citados (cheque y facturas) dan cuenta de transferencias que, al menos en grado de probabilidad, permiten establecer que Alejandro Jiménez Blanco y sus familiares recibieron pagos de parte de Coocafé, a pesar de que el investigado era, para el momento de los hechos, funcionario público sujeto al régimen de prohibiciones, añade el documento.

En julio, además, la auditoría solicitó la suspensión de Jiménez, quien desde el inicio de la intervención del Infocoop había venido fungiendo como gerente de Crédito.

En las fechas en que se habrían dado los pagos al funcionario, era ejecutivo de asistencia técnica para las cooperativas y daba seguimiento a las participaciones asociativas del Infocoop con varias cooperativas, en particular a Coocafé R. L.

Según la información obtenida por la Fiscalía, esa asistencia técnica se daba en materia de flujos y estados financieros, contabilidad, proyectos, créditos e informes de la estructura de control.

Jiménez Blanco trabaja para el Infocoop desde 1992, según consta en el documento en que la Fiscalía solicita la apertura de sus cuentas bancarias.

Este domingo, se intentó conversar con Jiménez Blanco, para conocer los detalles de ese dinero recibido por parte de Coocafé; sin embargo, nadie respondió los números de teléfono que aparecen a su nombre.

Óscar Campos: ‘No es lógico hacerle préstamos a un funcionario’

Según el exdiputado Óscar Campos, presidente de Coocafé para la época en que Jiménez recibió el dinero, él y el consejo de administración del consorcio no conocieron del pago que se le hizo al funcionario, hasta meses después.

“Eso no se hizo con autorización ni conocimiento del consejo de administración. Así sucedía con pagos menores, que los resolvía la administración”, dijo Campos.

En cuanto al monto mayor, el de los $25.000, primero alegó que a hoy no puede decir claramente para qué fue. “Siempre creí que había sido un préstamo temporal, de emergencia, de carrera”, precisó a La Nación.

Justificó que el dinero de Coocafé no eran recursos públicos, por ser un actor privado; no obstante, reconoció que “está sobre el tapete la duda de para qué fueron”.

Por vía telefónica, Campos alegó primero que él no le dio mucha importancia; luego, cuando se le volvió a preguntar si era normal que una cooperativa como la que él presidía le hubiera dado un monto tan fuerte a un empleado público, dijo que cuando supo le “causó mucho disgusto”.

“No es lógico hacerle préstamos a un funcionario público. Nunca ese tema estuvo puesto sobre la mesa”, alegó.