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En junio de 2021, la escuela República de Chile, en Barrio Luján, San José, estaba de vacaciones. No había estudiantes ni docentes en las aulas, ni personal administrativo en las oficinas, ni madres y padres, en las afueras, a la espera de sus hijos. Sin embargo, el 4 de junio de 2021, a dos días de la convención electoral del Partido Liberación Nacional (PLN), la Junta de Educación encargó artículos de limpieza y materiales de oficina como sobres, marcadores, lápices de colores y tijeras por casi medio millón de colones.
Según Jorge Morera, director de la escuela, la compra le pareció sospechosa y, en una reunión, le preguntó a Alfredo Vargas Mora, presidente de la Junta de Educación de la escuela y delegado liberacionista en San José, para qué se habían adquirido los productos. Según el director, la respuesta del dirigente verdiblanco fue: “Para la convención del PLN”.
“Yo le dije: ‘¿Cómo? ¿Productos de limpieza si ni siquiera hay chiquitos en la escuela? ¿Para qué fue esto?’ Responde que fue para la convención interna del Partido Liberación Nacional. Nosotros les prestamos la escuela. Si Liberación la iba a ocupar, ellos tenían que dar los productos de limpieza y darle el mantenimiento durante la convención, no que la escuela sacara plata para pagar eso”, declaró Morera ante una consulta de este diario.
Ante una denuncia, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que abrió una investigación contra Vargas Mora por el presunto delito de peculado. La causa fue abierta el 14 de julio del año anterior bajo el número de expediente 21-000157-1218-PE.
Como parte de las pruebas, los denunciantes presentaron copias de tres facturas emitidas el 4 de junio de 2021 por la empresa Distribuidora Calvo, a nombre de la Junta de Educación de la escuela República de Chile por un total de ¢432.000, así como el cheque con que se canceló el pedido el jueves 10 de junio.
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Vargas Mora participó en la contienda electoral para ser delegado por el distrito Catedral, en San José, por la tendencia de José María Figueres Olsen, candidato a la presidencia de la República del PLN. Según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Vargas Mora ocupa ese cargo en la actualidad.
En las facturas de la adquisición cuestionada fueron incluidas toallas de papel para manos, bolsas de basura, toallas húmedas, cloro, tijeras, gomas, borradores, rollos de papel adhesivo, cajas de fólder, marcadores, grapadoras y lápices de colores, entre otros.
La Nación llamó al dirigente liberacionista para preguntarle sobre la compra y si él admitió, ante el director de la escuela y otros miembros de la Junta de Educación, haber ordenado esos artículos para la convención partidaria, pero cortó la llamada.
Antes de cortar la comunicación, Vargas Mora dijo desconocer la causa judicial en su contra. “Yo no tengo copia de la denuncia, no me ha llegado ningún documento, oficio o algo de algún juzgado; no sé si eso sea cierto o no, porque no he visto nada”, enfatizó.
El director de la escuela añadió que el presidente de la Junta de Educación ofreció devolver el dinero pagado en artículos de limpieza y oficina, pero que hasta ahora no ha hecho la devolución.
“Él hasta dijo: ‘Si tengo que devolver esa plata de mi bolsa, la devuelvo’ (...). Por supuesto que no la ha devuelto”, declaró el director del centro escolar. Además, en el oficio ERCH-014-2021, solicitó a su supervisor, William Salazar Hernández, iniciar una investigación administrativa relacionada con la supuesta adquisición de bienes para la convención del PLN.
“Este pedido (artículos de limpieza y oficina) lo hizo el presidente de la Junta de Educación por medio de la secretaria María Acosta Angulo al proveedor el día viernes 4 de junio, con el fin de limpiar la escuela para dicha actividad, siendo que el protocolo interno del PLN indica que ellos contratan al personal de limpieza y suministran todos los implementos necesarios para la misma”, señala el oficio, del cual La Nación tiene copia.
¿Qué dice la campaña de Figueres?
El viernes 7 de enero, por medio de un correo electrónico, fueron enviadas a Figueres cuatro preguntas relacionadas con este tema. Álvaro Azofeifa, jefe de campaña del verdiblanco, respondió que han “sido claros en manifestar cero tolerancia a la corrupción y falta de ética en el ejercicio de cualquier cargo o representación activa que tenga relación con la contienda electoral liberacionista”.
Añadió que Figueres solicitó que cualquier persona investigada por actos de corrupción o ligados al narcotráfico sea separada de la campaña política.
Específicamente, al político se le preguntó si sabía de la investigación, sobre la participación de Vargas Mora en su lucha por llegar a Casa Presidencial y sobre las medidas a tomar frente a este caso.
Partido se desmarca
Enrique Alvarado Peñaranda, presidente del Tribunal de Elecciones Internas del PLN, aseguró que no conoce al delegado distrital cuestionado. También, manifestó que ignoraba la investigación judicial por presunto peculado.
Alvarado garantizó que financiaron los gastos de la convención con los aportes dados por los precandidatos. Según el PLN, a todos los centros educativos que sirvieron como puntos de votación se enviaron todos los materiales necesarios, incluidos los implementos para el aseo. Para demostrar lo dicho, aportó un documento en el que se incluye a la escuela República de Chile entre los lugares a los que se enviaron paquetes de limpieza y una fotografía del tipo de productos entregados.
En la escuela República de Chile, durante el 6 de junio, fecha de la convención liberacionista, funcionaron siete juntas receptoras de votos.
“No conozco la denuncia, me extraña mucho esta situación porque en cada centro de votación enviamos las tulas de las juntas receptoras de votos y el kit completo de lo que exigían el Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones para la apertura del centro de votación”, comentó Alvarado.
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El Código Penal establece que “será reprimido con prisión, de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”. Esta norma también es aplicable a particulares o gerentes, administradores o apoderados de compañías privadas.
