EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Hacienda levantar el secreto bancario a Gabriela Araya Morera, hija del alcalde de San José, Johnny Araya Monge, porque, según el expediente judicial del caso Diamante, ella habría recibido $5.000 en su cuenta bancaria, que un empresario inmobiliario le regaló a su padre para apoyarlo en su defensa legal en un juicio celebrado en marzo pasado.
El Ministerio Público procura confirmar si Fuad Farach Abdalah, presidente de la firma Bambú Rivera Residences, hizo el obsequio a Araya Monge a través de su hija, como se mencionó en una llamada intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El miércoles anterior Farach Abdalah confirmó a La Nación que él le regaló el dinero a Araya Monge sin ningún interés de por medio, porque él es simpatizante del Partido Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, dijo no recordar cómo se lo entregó.
El órgano acusador también pretende determinar si el aparente depósito en la cuenta de Gabriela Araya Morera es un hecho aislado o, por el contrario, un modus operandi y aparecen más giros para el papá.
“Se requiere realizar un estudio contable completo que abarque no solo la información bancaria del funcionario, sino también la de su hija a fin de confirmar o descartar si el perfil financiero de estos es acorde con su actividad económica identificada o si, por el contrario, ella ha estado recibiendo pagos en nombre de su padre”, consignó la Fiscalía en la petitoria, el 27 de octubre anterior.
Al mismo tiempo, la fiscala auxiliar Luz Marina Arias Espinoza solicitó levantar el secreto bancario de la empresa donde labora Araya Morera, Corporación Multiservicios del Oeste S. A., “con el fin de determinar el destino del dinero que iba a depositar Fuad Farach Abdalah en las cuentas de Gabriela Araya”.
‘No constituyó ninguna dádiva’
Al respecto, Federico Campos, abogado defensor del alcalde josefino, insistió en que el obsequio de $5.000 no constituye ninguna ilegalidad.
“Sobre los $5.000, debe verse con sumo cuidado, porque ello no constituyó ninguna dádiva para que don Johnny —como funcionario— le hiciera un favor a nadie, ya que fue un ofrecimiento del señor Fuad Farach a título personal, con el exclusivo propósito de cubrir parte de los gastos de su defensa penal en el juicio que tuvo en marzo pasado y del cual salió absuelto”.
“El asunto del impuesto que salió a relucir en la conversación está relacionado con una empresa (no con Fuad Farach como persona) y, de todos modos, los impuestos correspondientes se pagaron de forma completa, sin exoneraciones de ningún tipo, por lo que dicha empresa no recibió ningún favor del alcalde o de la Municipalidad.
“Debe distinguirse que don Johnny, como persona, no tiene prohibido recibir una donación u obsequio, lo que es muy distinto a una dádiva para favorecer a alguien como alcalde.
“Por eso, consideramos que no existe el delito de cohecho en este caso. Consideramos más grave lo que ha salido a relucir, que el teléfono de una persona que está afrontando un juicio esté intervenido, se estén escuchando también las conversaciones que mantuvo con sus abogados defensores y, peor aún, que en ese juicio los principales testigos eran fiscales, pero aun así resultó absuelto”, expresó Campos.
24 solicitudes de levantamiento
En total, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario de 20 personas físicas y cuatro jurídicas, desde el 1.° de enero del 2020 a la fecha de la orden judicial. Hizo esa petitoria para siete alcaldes: Johnny Araya, de San José; Arnoldo Barahona, de Escazú; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Mario Redondo, de Cartago; Mangell Mc Lean Villalobos, de Siquirres; y Jorge Alberto Cole, de Osa.
Cinco militan en el Partido Liberación Nacional; uno, Redondo, en Alianza Demócrata Cristiana; y otro, Barahona, en Nueva Generación.
También se pidió el levantamiento, entre otros, para Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, regidor en Golfito del Partido Nueva República (PNR); Marco Vinicio Corrales Xatruch, gerente de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José; y Daniel Cruz Porras, presidente de la empresa Explotec.
En cuanto a sociedades anónimas, se solicitó abrir las cuentas de las municipalidades de San José y San Carlos; de las empresas Corporación Multiservicios del Oeste S. A., donde, según la Fiscalía, trabaja la hija de Johnny Araya; y de M. T. S. Multiservicios de Costa Rica, del empresario Cruz Porras.
En este caso, denominado Operación Diamante, el Ministerio Público denuncia delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, relacionados con aparentes hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública.
Colaboró con esta información la periodista Vanessa Loaiza.
