En reunión con diputados de prácticamente todas las fracciones legislativas, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó que aún analiza si la propuesta del Gobierno para equilibrar las finanzas públicas es suficiente y sostenible.

Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI que negocia con Costa Rica un crédito de $1.750 millones (más de ¢1 billón), les manifestó a los legisladores que, para el viernes próximo, se espera tener un panorama claro de qué viabilidad tienen los elementos del plan que les presentó el Ministerio de Hacienda.

El jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, aseguró que la misión del Fondo “ve que a finales de esta semana podría tener una hoja de ruta clara y definida”.

En la cita, básicamente, Goretti se dedicó por una hora y media a atender las preguntas de los legisladores sobre la negociación, en la cual el FMI no hizo ninguna petición puntual a los congresistas.

Lo que sí dejó en claro la jefa del Fondo es que la propuesta del Gobierno tiene que plantear la reducción del déficit fiscal y alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB).

Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.

En el 2020, en vez de tener un superávit primario, el país tuvo un déficit primario del 3,5% del PIB. Es decir, los gastos sin intereses superaron a los ingresos en ¢1,2 billones.

Según el jefe liberacionista, esa meta se tendría que alcanzar en tres años.

“Marzo sería un mes definitivo para la formalización y para esa negociación, de aquí a marzo, depende mucho de la confianza hacia fuera que genera Costa Rica, de que tenga voluntad y capacidad de reducir el déficit fiscal”, apuntó el vocero liberacionista.

Las medidas propuestas por el Gobierno para negociar el crédito con el FMI son las siguientes:

-Un decreto presidencial con fuertes medidas de contención del gasto en las compras de bienes y servicios, transferencias, remuneraciones eventuales, suplencias y servicios especiales. Por ejemplo, en el 2025, las instituciones de Gobierno únicamente podrán gastar bienes y servicios un monto equivalente al 67,7% de lo que ejecutaron en el 2020.

-Un proyecto de ley para congelar los incrementos en las pensiones de Gobierno superiores a ¢462.200, mientras la deuda no baje del 60% del PIB, así como para prohibir llenar plazas que queden vacantes durante el periodo 2021-2025.

-Recortes presupuestarios en los presupuestos del 2020 y 2021.

-Reforma a empleo público

-Eliminación de exoneraciones en los impuestos a rendimientos de fondos de pensiones, excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y el salario escolar que reciben los funcionarios públicos, así como un aumento temporal de un punto y medio en el impuesto a las ganancias y rentas de capital.

-Aumento permanente de cinco puntos en el impuesto a las remesas.

-Nuevo impuesto a casas de lujo de un 0,5% para las viviendas valoradas en más de ¢200 millones; este proyecto no ha sido presentado.

-Introducción del esquema de renta global. Esta reforma podría implicar bajarles impuestos a unos y subirles a otros, pues se deberá buscar un punto intermedio en las tasas entre asalariados y personas físicas con actividad lucrativa.

Ni aumento del IVA ni impuesto a transacciones bancarias

El jefe de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, enfatizó que el FMI no habló en ningún momento del aumento del impuesto al valor agregado (IVA) ni de tasar las transacciones bancarias.

“No hay una agenda oculta ni hay nada que no haya sido anunciado públicamente”, añadió el oficialista.

También explicó que, para que el FMI apruebe el crédito por $1.750 millones, objetivo principal de la negociación por parte de Costa Rica, se requiere primero alcanzar el acuerdo con la misión del Fondo y, luego, ese acuerdo iría al directorio del FMI.

De aprobarse en el directorio, el acuerdo de financiamiento llegará a la Asamblea Legislativa para su aprobación, sin necesidad de que los proyectos incluidos dentro del acuerdo se hayan aprobado de una vez.

“Los proyectos no tienen que estar aprobados, pero la evaluación es continua y los desembolsos dependen de que los proyectos del acuerdo se vayan aprobando, para cumplir la meta de reducción del déficit”, apuntó.

Fondo no hace peticiones específicas

Aunque estaba claro que el FMI no pide medidas específicas al país, pues no pide particularmente tales o cuales medidas, la jefa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, aseguró que el Gobierno les ha mentido.

“La conclusión que nos queda es que el Fondo nos vino a decir que el Gobierno nos estaba mintiendo, porque el FMI ni está pidiendo plazos ni requerimientos, ni metas específicas”, dijo la restauracionista.

No obstante, reconoció que Goretti les dijo que el país debe tener una disminución de la deuda y sostenibilidad del déficit primario. ¿Cómo? “Es el Gobierno el que debe poner los planteamientos. Los aumentos de impuestos, transacciones, a fondos de pensiones, eso viene del Gobierno”, indicó.

Rodríguez adujo que, para eso, es necesario “la reactivación económica y aumentar los empleos”, para dar seguridad del Fondo en levantar la sostenibilidad fiscal, “sin metas ni plazos”.

El jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, difundió un audio en el que argumenta que la propuesta del Gobierno es contraria a lo manifestado por el FMI.

“No podemos limitarnos a una agenda cortoplacista como la que ha querido introducir el Poder Ejecutivo, dejando todas las medidas postergadas por años, para la eficiencia de la función pública”, arguyó Peña.

Añadió que, según él, hay que trabajar en reformas estructurales, revisión de instituciones, duplicidad de funciones, cambios en la estructura productiva y un orden a largo plazo en el crecimiento del gasto público.

Pese a sus críticas, el vocero socialcristiano adujo que la Unidad tiene “total anuencia de colaborar para que el país salga adelante, siempre y cuando la agenda del Ejecutivo no esté cargada de impuestos y haya un compromiso a largo plazo para no salir apenas del paso”.