La moción de texto sustitutivo de la liberacionista Franggi Nicolás, que pretendía legalizar las huelgas en servicios esenciales como hospitales, policía, y el suministro de energía y agua, fracasó este lunes en la Comisión Especial sobre Huelgas del Congreso.

La iniciativa solamente logró un voto, el de José María Villalta, del Frente Amplio, quien era uno de los firmantes de la propuesta.

Recibió en contra los votos de Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN); Enrique Sánchez, de Acción Ciudadana (PAC); Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional (PIN); y del independiente Erick Rodríguez Steller.

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La decisión se tomó al puro inicio del trámite de las mociones de fondo del proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, el cual está en su recta final antes de ir a primer debate en el plenario.

La iniciativa de Nicolás pretendía legalizar las huelgas en servicios esenciales, entre los cuales también están el rescate de víctimas, el suministro de combustibles, los comedores escolares y la entrega de cuerpos en las morgues judiciales.

A la vez, la versión de Nicolás impedía aplicarles rebajos salariales, en forma retroactiva, a los funcionarios que participen en movimientos que sean declarados ilegales, como ocurre hoy. Únicamente, habría permitido aplicar las sanciones si la persona no regresaba a trabajar después de la declaratoria.

Estos dos cambios van en un sentido contrario al proyecto original, el cual fue impulsado por el presidente legislativo, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.

Este proyecto declara ilegales las huelgas en servicios esenciales y faculta a los patronos a rebajar salarios en forma retroactiva si un juez declara ilegal el movimiento.

El texto de Benavides además establece que, si se produce una huelga en un servicio esencial, el patrono tendrá la potestad de solicitarle a un juez una orden para que los trabajadores se reintegren a sus labores, pues el movimiento es ilegal.

El texto liderado por Franggi Nicolás, en cambio, permitía huelgas en servicios esenciales si, antes del inicio de la huelga, “se garantiza por medio de un plan de servicios mínimos que no se pondrá en riesgo ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas”.

El texto desechado también lo firmaron los legisladores Paola Valladares y Daniel Ulate, del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, del bloque fabricista Nueva República; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Shirley Díaz, del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio; y Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano (PRSC).

Sin embargo, de ellos solo Villalta es miembro de la Comisión Especial sobre Huelgas.

Patricia Villegas, por su parte, este lunes le retiró el apoyo al texto sustitutivo alegando que, cuando la leyó a profundidad, no correspondía con lo que Nicolás le explicó.

Carlos Ricardo Benavides adujo: “Yo no podría imaginarme cómo ponerle la cara a una comunidad que su servicio de policía, donde haya una o dos patrullas, pase a ser la mitad, cuando la delincuencia no se va a huelga nunca”.

Agregó que, en servicios hospitalarios, podría entender que no se restrinja la huelga en servicios administrativos u operativos, pero los demás sí.

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El presidente del Congreso sostuvo que para los servicios esenciales hay sistemas de compensación, como el derecho de exigirle al patrono que vaya inmediatamente a arbitraje para solucionar un conflicto y ajustarse a lo que se resuelva en esa instancia.

El texto de Nicolás además le quitaba a los sindicatos la obligación de dar una dirección electrónica para recibir notificaciones sobre huelgas, así como la norma que establece que, cuando hay bloqueos, una huelga no es pacífica.

“Cuando uno ve eso, se pregunta si hay dirigentes que consideran que eso es necesario para que sus demandas sean escuchadas, quitando la posibilidad de ingresar en un aeropuerto o un hospital”, dijo el verdiblanco.

Suprimen causa de disolución de sindicatos

Durante el trámite de las 222 mociones al proyecto sobre las huelgas, los diputados aprobaron varias de las propuestas, en particular la moción 9, donde se suprimió un inciso que proponía la disolución de sindicatos en caso de que se promoviera acciones ilegales.

Específicamente se trataba del inciso f del artículo 350, donde decía que si los sindicatos organizan o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en las vías públicas o en el acceso a instalaciones públicas o de servicios públicos, se podía decretar la disolución de esa organización.

De igual forma, se proponía que también se castigaría a las organizaciones cuando realicen sabotaje sobre bienes públicos o lleven a cabo conductas que impliquen ilícitos penales.

“Cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner la denuncia ante la oficina del Ministerio Público más cercana”, añadía el inciso eliminado.

El resto del artículo, que según Carlos Ricardo Benavides nunca se ha aplicado realmente, se mantiene igual. Eso sí, la moción aprobada agregó un nuevo párrafo, donde establece que si una autoridad judicial condena al representante legal o alguno de sus miembros, se enviará copia de la sentencia al ministro de Trabajo, para que analice las acciones que correspondan.

Además, la liberacionista Yorleny León pidió el apoyo, y lo obtuvo, para una moción de la socialcristiana María Vita Monge, que incluyó los servicios de alimentación en los hospitales como un servicio esencial en el que no se podrán realizar huelgas.