EscucharLa bancada del Frente Amplio (FA), integrada por seis diputados, mantiene cuatro proyectos de ley bajo una intensa descarga de mociones. Esta situación tiene prácticamente paralizadas cuatro comisiones de la Asamblea Legislativa.
Dichas iniciativas ya fueron dictaminadas y, de acuerdo con el reglamento legislativo, la discusión de las mociones para hacerle ajustes a los textos tiene prioridad.
Los frenteamplistas han presentado un total de 573 propuestas de enmienda a los expedientes. A ellas se les suman 271 que dejó presentadas la ahora exdiputada independiente Paula Vega en la comisión de Asuntos Hacendarios y que el FA defiende como propias. O sea, en total hay 844 mociones.
En la Comisión de Gobierno y Administración, los diputados Antonio Ortega, Sofía Guillén y Ariel Robles presentaron 70 mociones al plan presentado por la administración de Carlos Alvarado para que los generadores privados de energía exporten sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional (MER).
En el foro de Económicos, Guillén, Ortega, Robles, Rocío Alfaro y Priscilla Vindas plantearon 130 mociones al plan para ampliar en cinco años la antigüedad de los autobuses y, en la comisión de Sociales, con 225 mociones, Vindas, Robles y Guillén tienen bloqueado el proyecto para legalizar pozos a los productores agropecuarios.
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La cifra más voluminosa de mociones hace fila en la Comisión de Hacendarios. Si bien el Frente Amplio propuso 148 ajustes al proyecto de jornadas 4-3, el jefe de bancada Jonathan Acuña también defiende las 271 propuestas planteadas por la exdiputada Paola Vega.
Acuña alega que el objetivo de la presentación de tantas mociones es que se ajusten los proyectos, haciendo uso del reglamento. Sostuvo que le han abierto las puertas del diálogo al Poder Ejecutivo, pero lamentó que este no ha acogido sus principales observaciones.
“Por ejemplo, en jornadas de 12 horas (proyecto 4-3) les hemos hecho de conocimiento nuestras observaciones en varias ocasiones, pero no han atendido los elementos principales. Seguimos abiertos a dialogar sobre este y otros proyectos en discusión”, aseveró el legislador.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo se acercará al FA para buscar acuerdo sobre los proyectos de legalización de pozos y venta de excedentes de energía.
Sobre el plan para ampliar la antigüedad de los autobuses, dijo que, el jueves 8 de diciembre, participó en un encuentra con el Frente Amplio acompañada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), pero no indicó sobre los resultados, mientras que sobre las jornadas 4-3 añadió que se buscan mociones de consenso.
Horas y horas de discusión
En la comisión de Gobierno y Administración, gracias a una maratónica de nueve horas distribuidas en siete sesiones, se han logrado evacuar 28 mociones de fondo y 27 mociones de revisión presentadas al proyecto para que los generadores eléctricos privados vendan sus excedentes al MER.
El diputado Antonio Ortega, del FA, aseguró que sus propuestas van dirigidas a delimitar la energía eléctrica que será exportable. Esta solo sería aquella producida a partir de la capacidad excedente de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
“Igualmente, mocionamos para que sea el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) el encargado de determinar la existencia de la capacidad ociosa de generación, y se establezca un marco contractual de venta de energía para poder vender los excedentes de los generadores que no es adquirida por el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)”, añadió.
Por otra parte, la socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la comisión de Económicos, explicó que, en tres sesiones de 75 minutos cada una, se han votado apenas seis mociones. Además de las 130 correcciones propuestas por el Frente Amplio, existen otras seis planteadas por otras bancadas.
“Esta muy lenta la discusión porque hacen uso de los procedimientos para emplear la totalidad del tiempo cuando toman la palabra”, explicó Castro.
En este caso, los diputados pueden hablar hasta 15 minutos a favor y hasta 15 minutos en contra de cada propuesta de cambio. Por esa razón, se han evacuado en promedio dos mociones por sesión. “Vamos a sesionar extraordinario para ver si avanzamos”, adelantó la presidenta del foro.
Entre las mociones discutidas, se aprobó una presentada por la socialcristiana María Marta Carballo, para que se extienda de 15 años a 18 años el límite de antigüedad permitido para la operación de autobuses de transporte público, en vez de 20 años como lo plantea el texto base.
La frenteamplista Sofía Guillén ha dicho desde un principio que aumentar la vida útil de estas unidades es contraproducente. Sin embargo, ve posible aplicar la norma solo para pequeñas empresas de autobuses.
Mientras, en la Comisión de Sociales, se han votado desde principios del mes de noviembre 100 mociones, del total de 271 que recibió el plan de amnistía para que los productores registren sus pozos legalmente en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Días atrás, la diputada Priscilla Vindas, del FA, señaló que la amnistía está diseñada para que dos sectores específicos, el de cultivo de sandía y de melón, “sigan exportando” a Estados Unidos y a la Unión Europea.
“Guanacaste sufre serios problemas de acceso al agua potable. Como fracción, presentamos una cantidad alta de mociones para poder negociar puntos que consideramos importantes, para garantizar la sostenibilidad de la actividad económica en respeto a nuestro marco jurídico”, añadió la legisladora.
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En la comisión de Hacendarios, la discusión de mociones de ajuste planteadas al proyecto de jornadas 4-3, ya han absorbido 20 horas, distribuidas en 13 sesiones.
En total, el plan acumula 415 mociones presentadas. Las del FA buscan, por ejemplo, prohibir a los patronos impedir a los trabajadores regresar a su jornada ordinaria, cuando hayan superado el periodo de tres meses de prueba y no se hayan sentido satisfechos en la jornada 4-3.
Al respecto, Pilar Cisneros, jefa de bancada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dice que, entre los ajustes que se discuten para este texto, est+a que los empleados puedan negociar con el patrono los días libres que puede disfrutar.
