EscucharUna acción de la bancada del Frente Amplio (FA) frenó la aprobación en primer debate del proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea.
La demora pone al país al límite del plazo para transformar el proyecto en ley, fijado para el 8 de septiembre. En esa fecha, el país debe enviar un informe con la legislación a los Estados miembros de la UE para su evaluación; una semana más tarde, los representantes decidirán si el país cumple con los requisitos y es removido de la lista.
Originalmente, se tenía previsto que los diputados aprobaran el texto en primer debate al final de la sesión extraordinaria del miércoles 30 de agosto. El plan gravaría con impuesto de renta las ganancias que las “empresas de papel” radicadas en Costa Rica obtengan en el exterior mediante inversiones pasivas, como rendimientos financieros, arrendamientos, subarrendamientos, regalías por uso de patentes y la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.
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Sin embargo, Jonathan Acuña, miembro del FA, comunicó a la presidencia legislativa que presentaría mociones de reiteración que habían sido rechazadas en la etapa de ajustes en una comisión especial. Su objetivo es gravar con impuesto de renta a grandes empresas radicadas en el país que generan ganancias en el extranjero.
Las empresas “de papel” o “de maletín” son aquellas que no tienen empleados ni infraestructura en el país, además de que no asumen riesgos significativos al desarrollar una actividad económica, sino que se instalan aquí para aprovechar una ventaja fiscal.
No obstante, el plan les permitiría descontar el impuesto que les cobraría el Ministerio de Hacienda si demuestran haber tributado por sus ganancias en el extranjero.
Debido a la celebración del Día de la Persona Negra y Cultura Afrodescendiente, la Asamblea Legislativa sesionará de manera extraordinaria el 31 de agosto en Limón. Esto significa que el plazo para presentar mociones en el plenario, como pretende hacer el FA, culmina el viernes 1° de septiembre.
Por lo tanto, la discusión de las mociones se pospondría hasta el lunes 4 de septiembre. Si la discusión no se prolonga, la votación en primer debate sería ese día; de lo contrario, se postergaría hasta el 5 de septiembre. El segundo debate y definitivo tendría lugar dos sesiones después de la aprobación en primer debate, es decir, hasta el 7 de setiembre, un día antes de que Costa Rica presente el informe a los europeos.
Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presentó el texto base del proyecto, lamentó que durante la revisión inicial en comisión, Acuña insinuara que no presentaría reiteraciones si se eliminaba el Transitorio II del texto.
“Como un acto de buena voluntad se sacó ese transitorio en el segundo día de mociones 137 (de revisión), esperando que este miércoles se pudiera votar en primer debate sin mociones de reiteración”, señaló la socialcristiana.
Sin embargo, el FA decidió continuar con las mociones de reiteración. Rojas subrayó que, de esa forma, la votación se realizaría justo en la fecha límite.
El Transitorio II implicaba la retroactividad de la legislación para casos aún en disputa. Acuña argumenta que esta disposición permitiría reclamos sobre cobros previos que afectarían los ingresos del Ministerio de Hacienda.
Esto se debe a que el proyecto, con excepción de las “empresas de papel”, impediría a la Dirección de Tributación cobrar impuesto de renta a las personas y compañías por ganancias obtenidas mediante inversiones en el exterior, aunque lo hayan hecho con dinero generado en Costa Rica.
Recientemente, fallos de la Sala I y de la Sala IV respaldaron una interpretación de la Dirección de Tributación según la cual el Estado sí puede cobrar impuesto a quienes obtengan rendimientos en el exterior si lo hicieron con ganancias obtenidas en suelo costarricense.
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Jonathan Acuña aclaró que nunca afirmó en comisión que no presentaría reiteraciones, y subrayó que tiene el derecho de hacerlo. Insistió en que su objetivo principal es que las grandes empresas tributen en el país por rentas pasivas extraterritoriales con vínculos económicos con la actividad en el país, en línea con la legislación actual y las decisiones de la Sala I y Sala Constitucional.
El propósito central de este proyecto es eliminar la doble no imposición que actualmente permite el sistema tributario costarricense para ganancias generadas en el exterior. Es decir, se busca que un inversor no esté exento de pagar impuestos ni en un país ni en otro.
