Funcionario de Defensoría omitió entregar audio de Carlos Alvarado sobre UPAD a Fiscalía

Un funcionario de la Defensoría de los Habitantes omitió entregarle a la Fiscalía el audio de la entrevista realizada el 24 de febrero al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre el caso de la UPAD, pese a que la propia jerarca de esa institución, Catalina Crespo, le encomendó esa tarea.

Como resultado, tardó dos meses en llegar al Ministerio Público la materia prima requerida para abrir la pesquisa penal sobre las circunstancias en las que se habría perdido un segmento de la grabación.

El extravío, que ahora se encuentra bajo investigación penal, fue revelado públicamente por la propia defensora de los Habitantes, el miércoles 27 de mayo.

Al día siguiente, la jerarca dijo a La Nación que el informe de la Auditoría Interna que confirmó la pérdida de una parte de la entrevista fue trasladado a la Fiscalía el 23 de marzo.

Copias de correos electrónicos facilitadas por el órgano defensor a La Nación confirman que, en esa fecha, la jerarca remitió el informe de la Auditoría por correo electrónico a Emilia Navas, fiscala general de la República.

No obstante, la oficina de prensa del Ministerio Público explicó que dicha gestión fue insuficiente, pues, para realizar el peritaje forense requerido, los fiscales necesitaban que la Defensoría entregara el audio.

Pasaron semanas y el archivo no llegaba.

Según relató la Fiscalía, la defensora de los Habitantes se enteró de esa situación dos meses después. Fue hasta el 26 de mayo, un día antes de que el incidente se hiciera público, que el Ministerio Público obtuvo la grabación.

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“A finales del mes de marzo, específicamente el 23 y el 30, la Defensoría de los Habitantes puso en conocimiento la situación derivada del audio en cuestión, por medio de dos correos electrónicos".

"Sin embargo, según comunicó la jerarca de esa institución al Ministerio Público, ella creía que la persona a la que delegó la entrega del disco ante la Fiscalía ya lo había presentado.

"No obstante, al enterarse, a finales de mayo, que eso no había ocurrido, fue cuando envió dicha evidencia y una denuncia por escrito, por lo que fue hasta ese momento cuando se dio apertura a la investigación”, informó la Fiscalía.

Ya con el material necesario en sus manos, el Ministerio Público abrió un expediente penal para investigar las circunstancias en las que se extravió el segmento de la entrevista realizada al mandatario.

Ese audio fue parte de los insumos utilizados por la Defensoría para investigar si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) accedió o no a datos confidenciales de los habitantes.

Al final, esa institución le pidió al Ministerio Público elaborar un análisis pericial técnico al respecto.

La pesquisa sobre el audio cortado se tramita en el expediente 20-000330-0619-PE, en la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.

La mañana de este miércoles, luego de que La Nación publicara este reportaje, la defensoría de los Habitantes envió un comunicado en el que negó que algún funcionario haya omitido entregar el audio a la Fiscalía.

Con estas palabras, ella argumentó por que envió el informe de Auditoría el 23 de marzo, mientras que el audio lo remitió más de dos meses después, el 25 de mayo: ″Dado que en el Ministerio Público están los especialistas técnicos que realizan este tipo de investigaciones, y el audio como tal es prueba de una investigación, lo correcto es que esta entidad extraiga el audio".

“Cuando la señora fiscala general me solicitó el envío del audio, procedí a enviar una copia de conformidad, el pasado 25 de mayo”.

Este medio le repreguntó a la defensora si, con su versión, desmiente la información suministrada por el Ministerio Público; no obstante, la jerarca declinó comentar al respecto.

Crespo optó por revelar el extravío de la grabación en Casa Presidencial el 27 de mayo, una semana después de que Luis Salazar, uno de los exasesores presidenciales investigados por el caso de la UPAD, presentara un recurso de amparo contra la Defensoría por no entregarle el expediente de la investigación en su contra.

Para la jerarca, “toda la información fue entregada según lo solicitado” a Salazar.

“En el caso en particular del audio, se le entregó una vez que el recurrente facilitó un dispositivo electrónico para brindarle la copia. Dependerá de la Sala IV determinar si hubo o no algún incumplimiento en cuanto a lo que el recurrente solicitó”, respondió Crespo, por escrito, a La Nación.

La investigación de la Defensoría sobre el caso de la UPAD, para la cual se realizó la entrevista al presidente Carlos Alvarado, señaló que dicha unidad tuvo acceso a “datos sensibles” de los habitantes, debido a su posibilidad de ingreso a las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Además, determinó que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de datos, protocolo de identificación y manejo.