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Una iniciativa de ley busca que los funcionarios nombrados en puestos de confianza por ministros y jerarcas de instituciones públicas tengan la obligación de hacer declaraciones de sus patrimonios ante la Contraloría General de la República (CGR), con el propósito de prevenir el enriquecimiento ilícito en la gestión pública.
Hoy esa misma obligación la tienen, por ejemplo, el presidente de la República, así como sus ministros y viceministros. También los diputados, alcaldes, fiscales y otras autoridades de las instituciones estatales, como auditores generales y personas encargadas de las licitaciones públicas.
De acuerdo con la propuesta, impulsada por el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), en muchas ocasiones estos empleados de confianza “pueden llegar a concentrar en sus funciones un alto nivel de poder por su estrecha cercanía, confianza y responsabilidades con el jerarca”, pero no se conoce si ese funcionario tiene aumentos de su patrimonio anómalos mientras ostenta el puesto.
No obstante, la norma propuesta aclara que no será necesario que todos los funcionarios bajo el régimen de confianza declaren anualmente su patrimonio, sino solo aquellos que brindan servicios directamente al jerarca de la institución para la que laboran.
La iniciativa, que se discute actualmente en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, recibió el beneplácito de la Contraloría General de la República (CGR), ente que consideró oportuna la iniciativa para la prevención de la corrupción.
“La incorporación del personal de confianza es consistente con el espíritu de la misma en cuanto apunta hacia el fortalecimiento del régimen preventivo en la lucha contra la corrupción en la función pública. Se enfatiza así acerca de la importancia de mantener la información sobre la situación patrimonial de funcionarios que por su designación, tienen una relación directa con el jerarca y en particular con las funciones que generalmente se ligan con la jerarquía superior”, destacó la Contraloría.
Esta obligación no solo aplicaría a trabajadores de confianza que laboren directamente para ministros, por ejemplo, sino también para las autoridades de todos los poderes de la República, municipalidades, empresas estatales y entidades autónomas y semiautónomas. Es decir, también aplicaría para instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y las universidades estatales.
“Es una medida favorable, conveniente y oportuna para el ejercicio de la prevención y el control, especialmente en cuanto a eventuales enriquecimientos ilícitos en el ejercicio de la función pública de dichos servidores”, sentenció el órgano contralor.
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Los servidores públicos con esta obligación deben declarar, en forma clara, precisa y detallada, los bienes, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen sus patrimonios, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero. También deben consignar una valoración estimada en colones.
Dentro de su patrimonio, los funcionarios públicos deben considerar todos los bienes inmuebles, bienes muebles, pasivos y otros intereses patrimoniales, así como sus respectivos orígenes.
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito reprime con prisión de seis meses a un año a quienes incurran en falsedad en sus declaraciones, sin perjuicio de las respectivas responsabilidades civiles y penales por otros posibles delitos.
‘Compra de conciencias’
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtió de la urgencia de intensificar el combate contra la corrupción. Según dijo a los diputados de la Comisión Investigadora sobre la Penetración del Narcotráfico en la Zona Sur, es muy usual que los narcotraficantes “compren conciencias” en todos los poderes de la República.
Ante consulta de los legisladores que están por cerrar ese foro legislativo sin mayores resultados, Espinoza aseguró que la delincuencia organizada paga tanto a policías que laboran en retenes como a funcionarios del más alto nivel, y permean a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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El 28 de setiembre, con seis votos a favor y uno en contra, los diputados de esta comisión decidieron cerrar la investigación sobre la penetración del narco en la política y pasar directo a la etapa de redacción de un informe, sin realizar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar datos.
