EscucharLos funcionarios encargados de supervisar a la constructora contratada por el Banco Nacional (BN), para dar mantenimiento a las oficinas centrales de esa entidad, en San José, mantenían una “relación personal y comercial” con el dueño de la compañía.
Este nexo con Óscar Gómez Álvarez, presidente de la firma Conreina S. A., fue cuestionado por la Auditoría General del BN, la cual recomendó abrirle una investigación por conflicto de intereses a siete funcionarios vinculados a esa empresa, que facturó ¢854 millones en reparaciones menores, de enero del 2013 a julio del 2014.
En ese periodo, la Auditoría detectó una serie de transacciones bancarias entre las cuentas de la constructora y su dueño con las de tres altos funcionarios del Banco Nacional: Norman Cordero, entonces director general de Operaciones; Gian Carlo Restani, director de Logística de Recursos Humanos, y Manuel Rodríguez, jefe de la sección de Construcción y Mantenimiento.
En esos 19 meses, los tres funcionarios depositaron ¢23 millones en las cuentas de la firma o de Gómez, en 72 desembolsos. A la inversa, dos de ellos (Cordero y Rodríguez) recibieron ¢8,5 millones, mediante 53 giros.
“Su vinculación con la sociedad proveedora podría generar un conflicto de intereses que comprometa su objetividad e independencia en el desarrollo de su trabajo, en especial en las responsabilidades de fiscalización contractual y, por ende, ocasionar eventuales faltas al deber de probidad que podría producir la pérdida de confianza objetiva en el funcionario”, señala el informe de la Auditoría.
Ante el Banco, ellos alegaron que los depósitos fueron para la compra de caballos, préstamos de dinero, compra de materiales y trabajos de construcción para los empleados investigados.
Óscar Gómez reconoció a La Nación que mantenía una relación extralaboral con esos funcionarios durante las horas que no trabajaban para el BN.
Él argumentó que no hay nada de malo en esa relación, ya que ellos no son los únicos funcionarios del Nacional con quienes tenía negocios.
“Le he hecho trabajos en el Banco casi que a todo el mundo; le hice trabajos a la jefa de la jurídica ( sic ), le hacía trabajos a don Manrique Chacón (director corporativo de Tecnología y Operaciones); a él le fuimos a hacer la cocina de la casa que tiene en la Guácima; él me pagaba, es lo normal. Como empresa constructora, yo le puedo trabajar a cualquiera, ninguna ley me impide que le haga un trabajo a cualquiera, y yo no veo que eso sea un delito”, dijo Gómez.
El director de Tecnología fue, precisamente, la persona a la que se le encomendó la apertura de la investigación.
El presidente de Conreina S. A. también negó estar al tanto de que estuviese siendo investigado en el Nacional y en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“No sabía nada de eso, ni he sido notificado y nadie me ha comentado nada”, añadió Gómez.
La Nación intentó contactar a Cordero, Restani y Rodríguez, pero al cierre de esta edición, fue imposible localizarlos.
Además, la Dirección de Relaciones Institucionales del Banco se negó a localizarlos.
Los hechos. En octubre del 2014, la Auditoría concluyó que los empleados podrían haber comprometido su objetividad.
Según ese órgano, tal vínculo está prohibido en directrices de la Contraloría General de la República y en el Código de Conducta Institucional del Nacional, el cual establece que sus empleados deben abstenerse de “mantener relaciones comerciales particulares, de carácter frecuente, con clientes o proveedores u otros colaboradores, a fin de no comprometer la imparcialidad”.
Además recomendó la apertura de un proceso administrativo –para, eventualmente, sentar responsabilidades– contra los siete empleados. Los otros cuatro laboraban en las oficinas de Administración del Edificio y la Sección de Construcción y Mantenimiento, las cuales son subordinadas de la Dirección de Logística de Recursos Humanos, dependencia que le responde a la Dirección General de Operaciones.
Desde hace 20 meses, el caso fue trasladado a la Oficina de Relaciones Laborales del Banco, donde actualmente se encuentra en la “fase de instrucción e investigación”, según informó la Dirección Jurídica.
Además, en abril del 2015, el Nacional denunció los hechos ante el Ministerio Público, donde se indaga un presunto delito de malversación de fondos.
Sobreprecios. La Auditoría también detectó “posibles pagos en exceso” a Conreina, debido a debilidades en la fiscalización por parte de los siete funcionarios.
De acuerdo con ese órgano, los encargados de supervisar a esa empresa omitieron pedirle los cronogramas de trabajo y tampoco presentaron un informe después de los trabajos realizados.
Además, las justificaciones para girar dinero a Conreina en ocasiones eran ilegibles, o bien, la información era escueta.
También, se detectaron pagos que en apariencia resultaron irracionales, debido a que no guardaban proporción con los trabajos realizados.
Por ejemplo, el BN pagó ¢203.000 por obtener 10 copias de la llave de uno de los baños, o ¢102.000 (el equivalente a 12,5 horas de trabajo) por cambiar unos fluorescentes en un comedor.
“El comedor de cajas rápidas de la Oficina Principal consiste en un pequeño espacio con una mesa para dos personas, según observación del sitio. La documentación no consigna detalle suficiente para determinar la razonabilidad del tiempo cobrado”, señaló la Auditoría.
En total, a ese proveedor, en apariencia, se le pagaron al menos ¢30 millones de más en el Nacional, según el auditor.
Además, se detectó que se le giraba por hora más de lo estipulado en el contrato. En una oportunidad, se le depositaron ¢6,7 millones por reparar unos muebles, cuando en realidad se le tenían que desembolsar ¢5,7 millones.
“El BN no justifica el cobro de sobreprecios por servicios recibidos. Por ello, a partir del 23 de enero del 2015 finalizó la relación contractual con el proveedor Conreina S. A. y declinó ampliar o prorrogar el contrato vigente en ese entonces. Asimismo, la empresa fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público en abril del año anterior”, respondió el Banco mediante la Dirección de Relaciones Institucionales.
Normalidad. A la espera de que se concluyan las investigaciones, los siete funcionarios continúan laborando en la institución, al tiempo que Conreina S. A. sigue siendo proveedor del Nacional.
“Fueron reubicados en tareas de soporte operativo no relacionadas con compras ni con la administración de contratos de mantenimiento e infraestructura”, reconoció el Banco.
Agregó: “No existen previsiones legales que impiden a dicha empresa concursar para la prestación de servicios en esta u otras instituciones públicas”.
”Mientras se desarrollan los procesos judiciales y administrativos en su contra. Y sobre las sanciones, el Nacional no puede imponer sanciones hasta tanto no se determinen las responsabilidades en los órganos administrativos y judiciales habilitados para tal fin”, puntualizó la entidad.
