EscucharDos funcionarios de la Municipalidad de Garabito fueron suspendidos sin goce de salario, uno durante 30 días y otra durante 20, por incluir calles de una finca privada del distrito Jacó en el inventario de vías cantonales del ayuntamiento.
Lo hicieron al margen de los requisitos legales, según determinó la Contraloría General República (CGR).
El terreno pertenece a la finca Quebrada Bonita, donde la empresa la empresa RBG Holdings Group planea construir en alianza público privada un proyecto llamado Distrito Gubernamental, un complejo de oficinas que albergaría a las instituciones estatales del cantón.
La firma se había comprometido ante la municipalidad a “reparar y mejorar las calles públicas existentes que atraviesan sus propiedades asumiendo de su peculio el costo de mano de obra, lastre y conformación de calles y maquinaria”.
En el 2018, uno de los funcionarios declaró las vías públicas y otra avaló los planos ante el Registro Nacional, a pesar de que, para ese momento, no se había completado la sesión de las calles a la Municipalidad de Garabito como corresponde en un terreno con fraccionamiento con fines urbanos.
En ese momento, según comprobó la Contraloría, tampoco estaba lista la regulación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y las calles no estaban totalmente construidas.
Por ello, en octubre del 2022, la CGR resolvió castigar a los ingenieros Greivin Mauricio Rodríguez Rojas y Susana María Rodríguez Chaverri con 30 días y 20 días de suspensión laboral sin goce de salario, respectivamente.
La Contraloría les atribuye a los sancionados haber colocado innecesariamente los recursos municipales en estado de vulnerabilidad, por el riesgo de tener que cargar con costos que no le correspondían, en beneficio de un particular.
Siendo director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Garabito, el primero gestionó y avaló la inscripción de los terrenos al margen de los procedimientos fijados por ley, concluyó la Contraloría. El ingeniero renunció a la municipalidad en 2021 y ahora trabaja en Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Por su parte, la segunda funcionaria, en su calidad de coordinadora de Proceso de Servicios Técnicos del ayuntamiento, visó los planos catastrales para que fueran inscritos ante el Registro Nacional, de acuerdo con el expediente. La Nación intentó obtener una reacción de los sancionados.
Ante la Contraloría, el ingeniero Greivin Rodríguez alegó que la inclusión de las calles en el inventario de vías cantonales fue acordada por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal, además de que el proyecto había sido declarado de interés cantonal.
En tanto, la ingeniera Susana Rodríguez alegó, en un principio, que la CGR no tenía competencias para resolver el caso. Esta institución rechazó dos apelaciones interpuestas por los sancionados.
CGR les atribuyó culpa grave
El órgano contralor achacó a los funcionarios haber transgredido el deber de probidad contemplado en el artículo en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al no velar por los intereses comunales. Les atribuyó culpa grave a ambos.
“La culpa grave es entendida como aquel acto humano realizado sin intención de llegar a un resultado determinado, pero con un descuido o desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño o impedir un mal”, señala el expediente.
Para la Contraloría, el ingeniero Rodríguez Rojas omitió toda la normativa que regula la sesión de terrenos con fraccionamiento con fines urbanísticos.
Además, siendo responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial y al mismo tiempo secretario de la Junta Vial Cantonal, gestionó en 2017 la inclusión de los terrenos asegurando que eran vías públicas, en el inventario de vías cantonales.
“Dicha Unidad propuso se declararan como calles públicas, entre otras, las calles del Distrito Gubernamental de Jacó, avalando la Junta Vial dicha propuesta”, dice la resolución de la CGR. Luego, la gesitón fue elevada al Concejo Municipal, que avaló la inclusión a finales de ese mismo año.
En tanto, Rodríguez Chaverri avaló los planos que fueron inscritos ante el Registro Nacional y, según la Contraloría, los planos presentaban una serie de falencias que no fueron advertidas por Rodríguez Chaverri a pesar de su condición de ingeniera.
“En este sentido, se tiene que al otorgar el denominado ‘visado para efectos catastrales’ a planos que describen calles del proyecto Distrito Gubernamental, hizo caso omiso de la naturaleza de fraccionamiento urbano de dicho desarrollo, ya que independientemente de que las calles de dicho proyecto hubiesen sido declaradas como públicas por el Concejo Municipal de Garabito, tal declaratoria no inhibía su responsabilidad de verificar el apego de lo dispuesto en los planos a la normativa urbanística”, le achacó la Contraloría.
