Al vender la propiedad del Teatro Arnoldo Herrera, ubicada en Sabana norte, San José, la Fundación del Conservatorio Castella estableció una condición para utilizar los $3,5 millones de la venta en la construcción de un nuevo auditorio y la reparación de la sede central del centro educativo ubicado en Ulloa, Heredia.
La condición es que el Estado devuelva a la Fundación, en un plazo máximo de 18 meses, la administración del terreno del Castella situado en Ulloa, al costado sur de la carretera General Cañas. La cláusula también incluye la administración del lote del teatro.
Si en ese periodo no se logra un “mutuo acuerdo” o una resolución por la vía legal, conciliación o arbitraje, la Fundación utilizará los $3,5 millones para desarrollar otro conservatorio como el Castella, en un sitio que considere adecuado.
Según la escritura, se trataría de un proyecto “semejante”, en donde se cultiven las artes y los principios académicos, de manera que se cumpla con lo estipulado por el señor Carlos Millet de Castella en su testamento.
Mientras tanto, los fondos permanecerán en un fideicomiso a nombre de la Fundación en una entidad del sistema bancario nacional.
Por parte de la Fundación del Conservatorio Castella, firmó el presidente y actor, Gustavo Rojas. Así consta en el documento inscrito en el Registro Nacional, el viernes pasado.
Compradora consciente de ocupación
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En el mismo documento, notariado por la abogada Carla Baltodano Estrada, se consignó que la empresa compradora del inmueble, denominada 3-102-897301 SRL, sabe que no puede tomar posesión del inmueble de 1.546 metros cuadrados, porque “está siendo ocupado en precario por el Estado costarricense”.
Incluso, la sociedad de responsabilidad limitada aceptó realizar las gestiones necesarias, en la vía judicial y administrativa, para tomar posesión del terreno ubicado a la par de la agencia de Nissan.
La escritura dice que la compradora aceptó hacer diligencias para “desalojar del inmueble a la ocupante o tolerar su permanencia según sea su decisión, aceptando soportar cualquier tipo de afectación temporal indefinida en la defensa que, eventualmente, haga el Estado de su ocupación precaria, corriendo con los gastos que ello ocasione y renunciando a cualquier reclamo civil, penal, administrativo, arbitral y de toda índole contra la vendedora o contra sus miembros que la representan en lo personal.
“La vendedora deberá colaborar con la compradora en todos los trámites y procesos que sean necesarios y que estén a su alcance para lograr el desalojo de la finca, con el fin de que la compradora pueda usarla libremente”, se lee en la escritura.
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Ante el Registro Nacional, la sociedad compradora se inscribió el pasado 13 de febrero, 15 días antes de la compra. No aparece nadie nombrado en la junta directiva. El único nombramiento inscrito es el de Rolando Beeche Durán, de 68 años, como gerente y apoderado generalísimo con la representación judicial y extrajudicial.
La empresa tiene su sede en Avenida Escazú, en las oficinas del bufete Gómez y Galindo, y se dedica al negocio de los bienes raíces.
Como parte de los compromisos adquiridos en la compraventa, la fundación desmontará, guardará, trasladará e instalará en otro sitio, bajo su responsabilidad, la escultura de los artistas Rafael García y Néstor Zeledón, la cual se encuentra en la fachada del teatro.