EscucharLa fusión de las tres entidades del sector vivienda en un nuevo ministerio que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat) le ahorraría al Estado alrededor de ¢8.000 millones anuales, sostuvo frente a los diputados la ministra de Vivienda, Jéssica Martínez Porras.
El ahorro vendría de la fusión de oficinas y reducción de personal de estas instituciones, eliminando así duplicidad de funciones, sostuvo Martínez. Así, en lugar de tener tres departamentos de asesorías legales, tres proveedurías y tres de recursos humanos, se pasaría a tener un departamento de cada uno, puso de ejemplo la jerarca, quien es arquitecta, especializada en mercados y políticas de suelo.
“Vamos a tener un ahorro importante respecto a la cantidad de personal”, indicó Martínez en la comisión especial de Modernización y Reforma del Estado, días atrás.
Sin embargo, no detalló el número de funcionarios de las actuales instituciones que dejarían de laborar en el nuevo ministerio. Solo dijo que quienes quede fuera serían trasladados a otras instituciones del sector público. Es decir, la reestructuración no traerá despidos.
“No podríamos sostener una planilla que no es necesaria para poder atender la necesidad de la institución y en eso hemos sido enfáticos con los señores de los sindicatos y con algunas autoridades internas”, añadió Martínez.
En la comisión especial se discute el proyecto de ley del Gobierno que plantea la absorción, por parte de la nueva cartera, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La ministra dijo que la operación del Mivah cuesta ¢5.706 millones anuales, el Banhvi ¢8.271 millones y el INVU ¢9.930 millones, para totalizar ¢23.907 millones cada año en las tres entidades.
La idea, según explicó, es reducir el costo a poco más de ¢15.000 millones por año, una vez que las tres instituciones se fundan en Mihabitat.
Martínez dijo que aún se requieren hacer evaluaciones sobre cuánto costaría al Gobierno la reestructuración del sector vivienda. Una vez que se apruebe el proyecto, añadió, se entraría a un proceso de revisión de perfiles planes y puestos que entren en la nueva estructura administrativa de Mihabitat.
Consultada sobre el tema, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, dijo que el ahorro principal vendría de la reducción de tiempos para suministrar soluciones de vivienda.
“Lo que ahora toma muchos meses en articular entre tres instituciones diferentes, se tendrá en una sola. Creemos que el mayor beneficio país será inyectarle eficiencia a un sector importante para el país que es vivienda, hábitat y territorio”, resumió Fernández.
En esa línea, la viceministra de Planificación de vivienda y Asentamientos Humanos, Wendy Molina, explicó que un plan regulador en un cantón dura aproximadamente 9 años en elaborarse.
En parte por la revisión y los cobros que debe aprobar el INVU a cada municipalidad, y por los estudios de viabilidad ambiental que deben ser avalados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Es decir, por los altos costos que ascenderían a los ¢290 millones por cada plan y la tramitología, aseguró Molina.
Esta no es la primera vez que se sugiere la fusión de las instituciones del sector. En febrero pasado, el entonces presidente, Carlos Alvarado, aseveró que una integración mejoraría la eficiencia e incluso sugirió que conversaría con los aspirantes a la presidencia para dejar una iniciativa encaminada en el Congreso.
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Dicho plan estuvo entre los planes del gobierno de Alvarado; no obstante, la atención de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplazaron su impulso.
Cambios de fondo
Por el fondo de la actual iniciativa, la ministra de Vivienda explicó que la nueva cartera asumiría las funciones y competencias, con más claridad, de las tres entidades que se cerrarían, tanto en el área de planificación urbana, ordenamiento territorial , gestión del suelo y formulación de proyectos.
De hecho, Martínez explicó que la redacción plantea cambios en la forma de cobrar el impuesto a las casas de lujo que financia programas de vivienda social. La idea es que el tributo lo cobren las municipalidades, en lugar del Ministerio de Hacienda y que se pase a un esquema en el que el Estado identifique quiénes deben pagar.
Actualmente, este es un gravamen que depende de que los dueños de propiedades hagan una declaración para tributar.
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La parte financiera, añadió el viceministro de Vivienda, Roy Jiménez Céspedes, sería manejada a través de una figura que se llamaría Vehículo de Propósito Especial (VPE) que, según dijo, bien puede traducirse en un fideicomiso administrado por la banca estatal comercial.
De esa forma Jiménez argumenta el cierre del Banhvi, el cual funciona en la actualidad como un banco de segundo piso. Es decir, es una institución que no trata directamente los subsidios con los usuarios, sino que los transfiere a entidades autorizadas como las mutuales.
Añadió que la colocación del banco este año, que administra el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi), asciende a los ¢26.000 millones, monto que considera muy poco al tratarse de créditos de vivienda para la clase media.
“Creemos que en ese sentido la intermediación financiera no es necesaria. La estructura bancaria más bien pone en el camino una serie de procesos que hacen que los proyectos sean más caros y más dilatados en el tiempo”, justificó Jiménez.
La idea de crear un VPE genera dudas a los diputados, dado que su planteamiento no está claro en la redacción del proyecto y el Gobierno pretende detallar el instrumento vía reglamento.
“Crearía inseguridad jurídica a los desarrolladores y personas que recibirán los beneficios”, señaló Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.
