Representantes de los cinco partidos políticos con más diputados en la próxima Asamblea Legislativa coinciden en que ordenar la política de salarios públicos será una de sus tareas ineludibles.
Los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario (ML) concuerdan en la necesidad de frenar uno de los principales disparadores del gasto público.
Eso sí, tres de ellos advierten que la medida que se aplique debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales.
Así lo señalaron el candidato verdiblanco Johnny Araya – líder de la futura bancada, pese a su retiro de la campaña electoral–, el equipo económico del PAC y Gerardo Vargas, jefe de la futura fracción del Frente Amplio.
Bajo su lupa están los pluses o sobresueldos que en muchos casos se otorgan sin estudio que los justifique y sin evaluar el desempeño de los empleados.
También están dispuestos a discutir los denominados “enganches” que permiten a un sector beneficiarse automáticamente de un ajuste salarial otorgado a empleados de otro sector.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, estos pluses consumen el 42% del gasto del Gobierno en remuneraciones, el mismo porcentaje que se gasta en salarios base. Este último es el componente directamente relacionado con el trabajo que hace un funcionario.
El pago de salarios, a su vez, consume un 42% del gasto corriente del Estado (¢1,8 billones), lo que limita la inversión.
Control del déficit. En sus citas con líderes sindicales, en febrero, Araya insistió en que una de sus propuestas para contener el déficit fiscal era precisamente una ley de empleo público.
Para él, ese nuevo marco jurídico debe nacer de una consulta a los sectores y no de un proyecto preelaborado.
“Los aumentos deben ser al final del salario y no a la base. Hoy uno puede decir voy a subirle al sector público 5%, pero puede ser que un trabajador solo requiera un 2,5% a la base para que tenga un alza global de 5%”, contó.
Araya también cree que deben revisarse los pluses salariales de forma que no se mantengan pagos exagerados y homologar el pago de las anualidades.
Pago por eficiencia. Para el PAC, hay que buscar la sostenibilidad fiscal mediante un esquema salarial que evite alzas aceleradas.
Plantea promover una relación más estrecha entre remuneración y consecución de objetivos, calidad y eficiencia de servicios.
“Hay espacio para una mejora considerable y es allí donde el PAC visualiza la oportunidad para establecer pagos por desempeño, de manera que se premie a aquellas instituciones que alcanzan metas de relevancia nacional”, dijo el PAC en su respuesta a este medio.
De la misma forma, propone revisar la efectividad de los incentivos salariales.
“Parece necesario evaluar si un incentivo como la disponibilidad está siendo adecuadamente monitoreado y si las actividades desarrolladas a su amparo son tantas como para mantenerlo”, indican los voceros de Acción Ciudadana.
Gerardo Vargas, diputado y futuro jefe de fracción del Frente Amplio reconoció su preocupación por las diferencias de salarios.
“Unos ganan mucho y tienen salarios exorbitantes, mientras a otros no les alcanza para cubrir la canasta básica”, lamentó.
En el tema de pluses, Vargas marca una diferencia, pues considera que son derechos que los trabajadores se han ganado, pero reconoce la necesidad de revisarlos.
Para Rodolfo Piza, excandidato y vocero del PUSC, ya el informe de Notables entregado al Gobierno a inicios de 2013 planteaba la búsqueda de principios generales para el empleo público y reglas que eviten el crecimiento del gasto por ese concepto.
Según él, en gran medida se trataría de decisiones administrativas más que legales.
El líder y diputado electo del Movimiento Libertario, Otto Guevara, también ha sido claro en su propuesta de impulsar un sistema de pago único por categoría de empleado, sin el sistema de pluses. Colaboró Aarón sequeira.