El pago de ¢342 millones por un conjunto de manuales de puestos y cargos para el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) abrió un nuevo frente de confrontación entre el presidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Robert, y la gerente general, Cindy Bravo.
Tanto Robert como la coordinadora de Capital Humano de Inder, Marlene Chaves, se refirieron por primera vez al tema el pasado 24 de noviembre, durante una sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
En aquella oportunidad, el jerarca señaló que el manual de puestos “no sirvió” y que la Junta Directiva ordenó una investigación. Sostuvo que los documentos no se utilizaron porque los rechazó la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda.
Ante una pregunta de la diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), indicó que los manuales fueron elaborados por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
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El pasado jueves, ante la misma comisión, el presidente ejecutivo indicó que la investigación no ha concluido, pero señaló que “son ¢342 millones que se botan” y atribuyó directamente a la gerente general la responsabilidad sobre ese gasto.
Ambos jerarcas mantienen una fuerte confrontación luego de que Bravo denunciara que en el Inder se efectuaron 191 movimientos de personal a dedo en solo tres meses y cinco días. Por estos hechos, ella denunció a Robert ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de II Circuito Judicial de San José.
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En cuanto al tema de los manuales de puestos, la versión de Robert y Chaves difiere por completo de la de Cindy Bravo y su abogado, Marcos Salazar.
Salazar aseguró a La Nación que el presidente ejecutivo manipuló la información, pues sostuvo que los productos entregados por Cicap sirvieron durante mucho tiempo. “Además, doña Cindy no es responsable de eso, pues cuando ella ingresa ya esos manuales estaban”, aseveró.
El jurista detalló que los manuales sí funcionaban, pero quedaron desactualizados luego de que se aprobó la Ley de Empleo Público. Según Salazar, fue hasta ese momento que la STAP ordenó que debían homologarse los manuales con lo establecido por el Servicio Civil.
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“La autoridad presupuestaria lo que archiva es el conocimiento de esos manuales hasta tanto no se subsanaran los elementos técnicos que ellos pidieron. No es que ellos rechazaran los manuales o dijeran que el trabajo del Cicap no servía. Eso no es cierto”, manifestó.
Añadió que los puntos señalados por la STAP se corrigieron y se enviaron a la presidencia ejecutiva en mayo del 2022, con el objetivo de que Robert los pusiera en conocimiento de la Junta Directiva del Inder, pero aseguró que esto no se hizo.
Salazar compartió con este medio un oficio firmado por Marlene Chaves, el 1.° de diciembre, en el cual ella reconoce que “Capital Humano a la fecha, tiene lista la primera versión del nuevo Manual de Puestos Institucional, que se encuentra acorde a las recomendaciones giradas por la Autoridad Presupuestaria y conforme al manual de puestos del Servicio Civil”.
Incluso, Chaves añade que esperan tener el manual listo para aprobación a principios del 2023.