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El crecimiento del gasto público en remuneraciones se desaceleró en los primeros cinco meses del 2020, según un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
Entre enero y mayo de este año, el gasto acumulado en salarios creció un 2,3% en comparación con el mismo periodo del 2019.
Dicho incremento fue menor al registrado entre el 2018 y el 2019, cuando el gasto en remuneraciones aumentó en un 3%, así como al promedio de crecimiento del 2015 al 2018, el cual fue de 5,7%.
No obstante, remarcó la CGR, el ritmo de crecimiento sigue superando la inflación, que se ubicó en un 0,61% para el pasado mayo.
En términos nominales, el gasto en remuneraciones subió de ¢1.033.621 millones a ¢1.056.888 millones, para un aumento de unos ¢23.270 millones.
El monto cubre a ministerios, los poderes Legislativo y Judicial, así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda recopilados por la Contraloría, diez de las 24 instituciones del Gobierno Central aumentaron su gasto en esta partida, en un total de ¢24.888 millones, mientras que las 14 restantes redujeron sus egresos en remuneraciones en ¢1.617 millones.
La institución con el mayor aumento porcentual es el TSE, con un 10,2%, seguido de los ministerios de Seguridad (5,7%), Vivienda (2,8%), Gobernación (2,6%) y Educación (2,5%).
En cambio, el gasto salarial bajó en instituciones como Cultura (-4,4%), Planificación (-4,1%), Ambiente (-3,8%), Asamblea Legislativa (-3,2%) y Casa Presidencial (-2,3%). Incluso, bajó en el Ministerio de Salud (-0,4%), pese a la pandemia.
Las remuneraciones consumen el 27,8% del gasto total del Gobierno Central, solo por debajo de las transferencias, que representan el 28,8%.
Razones de la desaceleración
La Contraloría enumeró una serie de medidas que han ayudado a frenar el crecimiento inercial del gasto en salarios, como el congelamiento de los puntos del incentivo conocido como carrera profesional y el límite a la aprobación de nuevas plazas.
Además, en junio del 2018, “en razón de la situación fiscal”, el Gobierno suspendió el acuerdo que reconocía la inflación para otorgar aumentos salariales al sector público y, en su lugar, concedió temporalmente montos nominales en vez de porcentuales.
“Esto significó una desaceleración del gasto por la vía de incrementos salariales”, dice el documento.
Además, expone la Contraloría, la reforma fiscal de diciembre del 2018 introdujo “un mecanismo con una visión integral a largo plazo”, como “primer esfuerzo por generar un cambio estructural en la evolución de las remuneraciones del sector público, y así contribuir con alcanzar la senda de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
“En los incentivos salariales se observa un cambio en la tendencia de crecimiento de las variables, en especial, en la restricción al ejercicio liberal de la profesión. Este rubro presenta la mayor desaceleración del crecimiento, con una reducción del 1,3% al mes de mayo de 2020″.
La reforma fiscal transformó las nuevas anualidades de los empleados públicos en montos fijos en lugar de porcentajes del salario base.
Esa transformación tiende a desacelerar el crecimiento del gasto, pues antes las anualidades eran cada vez mayores porque los salarios base aumentan por costo de vida.
Este incentivo consiste en un monto adicional al salario por cada año laborado. La reforma, además, redujo los porcentajes del salario base que se reconocen en los nuevos contratos de dedicación exclusiva.
“Adicionalmente, se espera que este comportamiento de desaceleración en remuneraciones se mantenga en los próximos períodos, dado que para el 2020 la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 incrementó la necesidad de contención del gasto”, añade el análisis de la Contraloría, el cual cita que el Gobierno suspendió el aumento salarial del 2020 y que los diputados dictaminaron positivamente un proyecto de ley que eliminaría las anualidades de los años 2021 y 2022 como medida de contención.
El Ejecutivo también congeló este año 2.420 plazas, al tiempo que los diputados le prohibieron llenarlas mediante una norma de ejecución incluida en el segundo presupuesto extraordinario.
Incentivos versus salarios
Pese a los esfuerzos por contener el gasto, la relación entre incentivos salariales y sueldos básicos sigue creciendo, apunta el análisis.
“En promedio, en el periodo 2015-2019 por cada ¢100.000 que se pagaron por remuneraciones básicas, se devengaron ¢110.119 por incentivos salariales, mientras que en 2020 esta suma ascendió a ¢112.930″, apunta el reporte.
Mayores aumentos este 2020
La Contraloría explicó que la mayor parte del aumento en el rubro de salarios, este año, obedece a las erogaciones en los ministerios de Educación Pública (MEP) y de Seguridad, los que tienen las planillas más grandes del Gobierno Central.
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En el caso del MEP, el aumento fue de ¢15.838 millones, mientras que en Seguridad fue de ¢4.511 millones.
“Se observa en este último ministerio un notable incremento en el pago de tiempo extraordinario (se pagaron ¢36 millones en 2020 por este concepto, frente a ¢1 millón en 2019), que podría estar asociado a la atención de la emergencia”, señala el informe.
Aunque en el Ministerio de Salud disminuyó el pago total de remuneraciones, allí también hubo un incremento considerable para los salarios de funcionarios encargados de atender la pandemia de covid-19.
Los aumentos más llamativos fueron en el rubro de suplencias, con un 289,8%, y el pago de tiempo extraordinario, con un 253,2%.
En menor medida, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también gastaron más en salarios.
El Poder Judicial aumentó en ¢2.564 millones, debido a que realizó más pagos en contribuciones patronales, así como mayores incentivos salariales y sueldos para cargos fijos.
El TSE, por su parte, registró un incremento ¢1.115 millones. Según la CGR, en esta institución hubo un aumento en la mayoría de rubros de remuneraciones, principalmente en el pago de tiempo extraordinario.
Nominalmente, las instituciones que más redujeron su gasto en este rubro fueron la Asamblea Legislativa (¢368 millones), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (¢334 millones), el Ministerio de Cultura (¢187 millones) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) (¢151 millones).
“Como se desprende de lo anterior, la diversidad de los esquemas salariales del Gobierno Central y la mayor necesidad de personal dado el contexto de emergencia, provoca que a pesar de las reducciones de este gasto en algunos títulos presupuestarios, el crecimiento de esta partida continúe por encima de la inflación”, expuso la CGR.
En el informe, también se explica que “a pesar de los esfuerzos realizados en este tema, a mayo 2020 el Gobierno destina el 43% de erogaciones en remuneraciones al pago de incentivos salariales”.
Esta proporción es similar a la observada en los primeros cinco meses del 2019 (42,9%) y el promedio de ese mismo periodo del 2015 al 2018 (42,6%).
