El Ministerio de Hacienda presentó este viernes el Presupuesto Nacional del 2019 por un monto de ¢10,9 billones para financiar los gastos de la Presidencia, 18 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El gasto del Gobierno Central crecerá en un 17,5% en comparación con el 2018, pero principalmente empujado por un enorme crecimiento en el costo de la deuda pública.
El dinero requerido para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana crecerá en un 50%, al pasar de casi ¢3 billones a ¢4,55 billones.
El crecimiento se debe principalmente a la necesidad de devolver a los acreedores, el próximo año, el dinero que le prestaron al Gobierno mediante la compra de títulos de corto plazo, este año. La amortización de deuda para el 2019 crecerá 80,5%, con respecto al año anterior; se presupuestaron ¢2.9 billones.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, añadió que también influyó que la administración anterior subestimó el costo de la deuda del 2018.
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En cuanto al resto del gasto del Gobierno, el crecimiento es de un 1% en el Presupuesto 2019. Según la jerarca de Hacienda, esa variación se ajusta al compromiso adquirido en campaña por el presidente Carlos Alvarado con el actual ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Sin incluir el servicio de la deuda y las pensiones, el presupuesto decrece en un 0,8%.
Por otra parte, este plan de gastos se pagará en más de un 50% mediante la colocación de más deuda pública. El déficit financiero equivaldría a un 7,9% del producto interno bruto (PIB).
Para el próximo año, Hacienda prevé una caída en los ingresos tributarios. Calcula que estos rondarán el 12,8% del PIB.
Según Aguilar, las medidas de contención anunciadas en mayo lograron reducir el crecimiento en salarios, cuyo gasto será un 0,7% mayor al del 2018, mientras que los incentivos salariales crecerán en un 1,1%. En total, Hacienda destinará ¢2.6 billones para remuneraciones, lo cual representa el 24%.
Para el próximo año, la planilla estatal crecerá en 744 plazas, lo cual es inferior al crecimiento de años anteriores. Solo entre 2014 y 2018, se presupuestó el incremento de 13.300 plazas.
Por otro lado, el gasto social bajará en un 12,6%. La ministra reiteró que, de no haber reforma fiscal, se deberá recortar este rubro.
La jerarca aseguró que algunas decisiones de inversión para este año se pospusieron o se cancelaron. No detalló ningún proyecto en específico.
Por institución, la Presidencia de la República presenta el mayor crecimiento porcentual por la asignación de ¢46.000 millones que se destinarán para la atención de desastres, a través de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); este monto aumentó el gasto en un 277%.
El Ministerio de Hacienda también destinó ¢6.000 millones para atender el fenómeno migratorio en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía; y otros ¢4.000 millones para el Plan de Atención de Sequía para las Regiones Chorotega y Pacífico Central, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Tal como lo había adelantado el ministro de Educación Pública (MEP), Edgar Mora, el presupuesto de su cartera se mantuvo sin crecimiento.
Aguilar insistió en que es imperativa la aprobación de reforma fiscal. Explicó que si se aprueba la reforma fiscal, los ingresos no entrarían de inmediato; el mayor provecho a corto plazo provendría de lo que se recaude a partir de la amnistía tributaria, dijo.
Destacó que, más allá del efecto cuantitativo, la reforma da la posibilidad de solicitar préstamos de apoyo presupuestario y facilita el combate a la evasión por el seguimiento que permite el impuesto de valor agregado. Agregó que incluye la regla fiscal y reformas importantes en materia de empleo público.
La entrega del plan de gastos se dio este viernes 31 de agosto en la Asamblea Legislativa. La Constitución Política ordena enviar el presupuesto a más tardar el 1 de setiembre de cada año.
Silvia Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Hernández, señaló que este primer presupuesto de la administración Alvarado Quesada debería dar señales de su política fiscal y de gastos de su gobierno. Además, espera que no se repita el hueco dejado por la administración de Luis Guillermo Solís en el presupuesto de la deuda del 2018.
El proyecto de ley será discutido, inicialmente, en la Comisión de Asuntos Hacendarios que deberá remitirlo a más tardar el 25 octubre al Plenario Legislativo.
El primer debate será el 27 de noviembre y dos días después el segundo debate, según el cronograma que detalló el diputado y primer secretario del Directorio Legislativo, Luis Fernando Chacón.