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Dos gerentes de Datasys, empresa de proyectos tecnológicos con numerosos contratos en el Estado, fueron quienes contactaron al ministro de Justicia, Gerald Campos, con la empresa española ARPA para que esta presentara su oferta de carpas en el marco del polémico plan para construir cárceles con este material en Costa Rica.
El encuentro se efectuó el pasado 7 de marzo en el despacho del ministro. Menos de cuatro meses después, Gerald Campos y la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, visitaron las instalaciones de ARPA en Zaragoza, España.
El Ministerio de Justicia y Paz informó de que a la reunión de marzo asistió Tomás Bujeda Rami, como representante de la empresa española, junto a los gerentes de Datasys, Arturo Salazar Valverde y Alberto Salazar Valverde, “quienes dieron la referencia” de ARPA.
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Bujeda es el director comercial de la firma, según una publicación de la compañía española en LinkedIn.
“Se trató de una reunión de exploración sobre el tema”, argumentó el Ministerio ante una consulta de La Nación. Además de Gerald Campos, a la cita asistió el entonces viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien fue destituido el 11 de julio luego de calificar la idea de instalar cárceles de carpas como una “ocurrencia” y un grave error.
Sánchez dejó un informe en el que advirtió de los problemas de seguridad, costos y salubridad del plan. No obstante, el mandatario Rodrigo Chaves dijo que la posición del exviceministro no lo haría cambiar de criterio y defendió la idea de las cárceles de carpas, aunque Justicia no tiene estudio de factibilidad alguno para ello.
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El Ministerio, incluso, alegó que la visita a la fábrica de ARPA, en Zaragoza (a 347 kilómetros de Madrid), tuvo como objetivo hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario.
En su informe final, el exviceministro Exleine Sánchez mencionó que les presentaron dos tipos de carpas, “de las cuales se considera que es mejor la carpa militar que la de Datasys”.
Consultado sobre si la empresa Datasys suministró información de carpas, el Ministerio de Justicia respondió que “la información recibida es de la empresa ARPA, como insumo para entender la magnitud del proyecto”. La institución agregó desconocer quién representa a la empresa española en Costa Rica.
Entre el 2018 y el 2024, Datasys ganó al menos 273 contratos en el Estado costarricense, tanto en ministerios como en instituciones descentralizadas y municipalidades, según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el presente gobierno, los contratos más grandes los obtuvo con Radiográfica Costarricense (Racsa), por casi $2,8 millones; la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por $2,4 millones; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por $1,8 millones, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por $1,3 millones.
La Nación procuró contactar a los gerentes de Datasys citados por Justicia. A Alberto Salazar se le envió un mensaje a su buzón de Facebook, mientras que a Arturo Salazar se le envió un correo electrónico. No hubo respuesta.
Mediante Facebook, la empresa suministró el correo de una encargada de prensa, a la cual se le escribió.
Una de las principales críticas del exviceministro Sánchez es que la empresa española no mostró ningún modelo de carpas utilizadas en cárceles, sino que les presentaron este tipo de materiales para pernoctar, para habitar y para cocina
El Ministerio de Justicia alega que ARPA es una empresa especializada en la fabricación y suministro de soluciones móviles e instalaciones temporales para diversos sectores, incluyendo defensa, emergencia, salud y misiones humanitarias.
Según la institución, las carpas se usan en campamentos para fuerzas armadas, sistemas de alojamiento, cocinas, hospitales de campaña y otros servicios esenciales, así como la atención de emergencias y refugiados.
A la reunión con ARPA, en el despacho del ministro, también asistieron Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social; y Sarai Ulloa Mora, jefa del Patronato de Construcciones y de Arquitectura, entre otros funcionarios del despacho.
*Colaboró la periodista Natasha Cambronero
