EscucharGloria Navas, diputada del Partido Nueva República (PNR) y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, señaló que los cinco proyectos que el mandatario Rodrigo Chaves urge al Congreso aprobar no son la solución para el problema de inseguridad que afronta el país.
“Observen que él (Chaves) no nos explica en qué consiste cada uno de ellos ni cómo cada uno de esos proyectos —los que hay que enderezar, por cierto—, son aptos para ese tipo de criminalidad organizada”, afirmó la vicepresidenta legislativa y abogada penalista.
En los últimos meses, Chaves ha insistido en que el aumento de los asesinatos se debe a que los legisladores no han aprobado cinco proyectos de ley que el Ejecutivo presentó en abril, los cuales están en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Según Gloria Navas, el gobernante comete un error al responsabilizar a los diputados por la ola de inseguridad que afronta el país, para evitar reconocer la verdad.
“El señor presidente repite y repite lo mismo con esos proyectos que, según él, son necesarios para combatir el narcotráfico y el sicariato. Comete un craso error y no dice la verdad a la ciudadanía. Él quiere descargar en la Asamblea Legislativa, la que está haciendo el trabajo pertinente”, expresó Navas.
Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación, dijo a La Nación que, desde el Gobierno, esperan lograr consenso sobre los cinco proyectos de ley.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad insistió en que los legisladores trabajan en la aprobación de proyectos de agenda propia que sí tengan impacto, como los aprobados este jueves 5 de octubre.
Los parlamentarios aprobaron, en primer debate, eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aumentar su disponibilidad de recursos, así como ampliar el uso de vehículos sin rotulación para fines investigativos, penar con cárcel a quienes interfieran o bloqueen señales de celular o de datos, y agilizar el levantamiento de cuerpos de fallecidos en hechos violentos.
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Los cinco proyectos que Chaves exige
La primera de las iniciativas del Poder Ejecutivo se tramita bajo el expediente N.º 23.688. El plan otorgaría rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP que, entre otras funciones, establece las condiciones que deben cumplirse para que el Ministerio de Justicia sopese trasladar a reos del programa de cárcel permanente al sistema semiinstitucional o de confianza.
Gloria Navas dijo al respecto: “La ley penitenciaria es un tema ya en etapa de ejecución de las sanciones impuestas, una vez que se termine el proceso penal. Es la última etapa, nada que ver con prevención de ataque a nivel policial, como se requiere y reclaman los órganos policiales”.
El segundo proyecto es el expediente N.º 23.689: este texto propone una reforma parcial a los artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter, de la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, aumentando penas y creando nuevas sanciones para los portadores ilegales de armas.
Sobre este texto, la presidenta de la Comisión de Seguridad sostiene que se requiere la opinión de varios especialistas, debido a que son muchos los tipos de armas que se utilizan.
“Hacer una ley de armas no combate ese tipo de delincuencia. Ahora lo que se necesita son evidentemente los fondos para dotar a las policías de los equipos esenciales que necesitan para hacer el combate”, insistió la penalista.
El tercer expediente es el N.º 23.690: Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones. Esa propuesta permitiría las escuchas telefónicas en investigaciones sobre delitos de homicidio simple y feminicidio.
Sin embargo, también permitiría a la policía política, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), participar en intervenciones de teléfonos.
Para la diputada Navas, ampliar esas intervenciones a otros delitos no soluciona el problema de seguridad actual.
“Esto ya existe y tampoco sirve para la captura de esos delincuentes salvajes y ofensores de la sociedad”, agregó.
El cuarto proyecto que Chaves reclama aprobar es el expediente N.º 23.691: Ley para adecuar la respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada.
Dicha propuesta busca ampliar el plazo que los jueces tienen para examinar la prueba y dictar sentencia en casos en que los imputados sean menores de edad.
“La de los menores de edad es una jurisdicción especial y se fundamenta en criterios importantes para prevenir mayor delincuencia de ellos y también ya existen sanciones de hasta 15 años de prisión cuando se cometen delitos graves. El presidente seguro no ha visitado esas cárceles de menores”, dijo Navas respecto a ese expediente.
La quinta propuesta es el expediente N.º 23.692: Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad.
Según expone el proyecto, lo que se busca es limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas, impedir libertad condicional cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos de crimen organizado, delitos sexuales, delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero o similares.
Tampoco procedería la libertad condicional cuando la persona condenada haya incumplido anteriormente las condiciones del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Para la vicepresidenta legislativa, lo que se requiere es escuchar las sugerencias de Randall Zúñiga y Carlo Díaz, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscal general de la República, respectivamente.
Tanto el fiscal general como el director del OIJ han reiterado la necesidad de mayor inversión, para contar con equipos, softwares especializados, vehículos y más policías.
