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El Gobierno alcanzó este viernes un acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo de Servicio Ampliado le permitirá al país acceder a un crédito de $1.750 millones en tres años, con condiciones blandas, a cambio de cumplir medidas para sanear las finanzas públicas.
Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, declaró que el programa acordado “es progresivo y ayudará a reducir la desigualdad de ingresos”.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de la gerencia y el directorio ejecutivo del FMI, así como de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, precisó Goretti.
La jefa de misión confirmó que el objetivo es que Costa Rica aplique un conjunto de medidas para alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el año 2023.
Además, la meta es que la deuda pública baje a un 50% del PIB para el 2035. El año pasado, el endeudamiento cerró en casi un 70% del PIB y, en este 2021, podría subir a un 80%.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), expuso que el ajuste fiscal rondará el 5% del PIB, si se toma en cuenta que el Gobierno Central cerró el 2020 con un déficit primario cercano al 4% de la producción y que la meta es alcanzar un superávit del 1% en el 2023.
El jerarca del BCCR hizo dos anotaciones sobre las cifras. La primera es que el cálculo del déficit o superávit primario incluye a los órganos desconcentrados del Gobierno Central y la segunda es que el PIB utilizado es el actualizado, dado a conocer el 21 de enero, que para el 2020 está estimado preliminarmente en ¢35,9 billones.
Un superávit primario significa que los ingresos corrientes del Gobierno superan los gastos corrientes, sin tomar en cuenta el dinero que se va en pago de intereses de la deuda.
Según comunicó el FMI, el plan permitirá “reforzar la respuesta del país a la pandemia y sentar las bases para una recuperación económica sólida y duradera”.
“Las principales medidas de política, en el marco del programa formulado por el país y apoyado por el FMI, se centrarán en garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la estabilidad monetaria y financiera, y al mismo tiempo proteger a los sectores pobres y más vulnerables”, expusieron las dos partes.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, precisó que el plan incluye, por ejemplo, la introducción del esquema de renta global, eliminación de exoneraciones y modificación del impuesto a las casas de lujo, así como aportes solidarios de las empresas públicas al pago de la deuda y reforma al régimen de empleo público.
El FMI afirmó: “Los esfuerzos que el gobierno está realizando para mejorar la cobertura y focalización de los programas de asistencia social pueden ayudar a limitar las secuelas económicas de la crisis de la COVID-19 y, junto con las reformas previstas en el proyecto de ley de empleo público que se está debatiendo, también pueden mejorar la equidad y eficiencia del gasto público”.
El ministro destacó que el acuerdo no incluye ninguna modificación al IVA ni al impuesto sobre bienes inmuebles. Tampoco, continuó, se incluyó la creación del impuesto a transacciones financieras, gravar pensiones complementarias o privatización de empresas del Estado.
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En tanto, el Fondo agregó: “Un programa estructural de gran alcance destinado a elevar el crecimiento potencial y abordar la desigualdad dependerá de que se mejore la educación, se impulse la innovación, se reduzcan los trámites burocráticos y se aproveche más a fondo la digitalización. Promover la formalización, por ejemplo mediante iniciativas reforzadas para fomentar la participación de la mujer en la fuerza laboral, también ayudaría a elevar ampliamente la productividad y los niveles de vida”.
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Para alcanzar la meta, el Gobierno deberá aplicar cambios que antes requieren aprobación legislativa.
Según lo anunciado por el Ejecutivo, se requiere que los diputados aprueben al menos seis leyes, en plazos determinados, para cumplir con los requerimientos del Fondo.
Estos son los componentes del acuerdo que el Gobierno anunció formarían parte del acuerdo con el FMI:
Restricciones presupuestarias
El Gobierno promete que la mayor parte del ajuste fiscal recaerá en la reducción del gasto público.
Para lograrlo, al iniciar la negociación con el FMI, el Ministerio de Hacienda decretó fuertes restricciones en las partidas de compras de bienes y servicios, suplencias, sueldos eventuales y salarios especiales de las instituciones del Poder Ejecutivo, entre el 2021 y el 2025.
Por ejemplo, en el 2025, las entidades no podrán gastar en bienes y servicios más del 67,5% de lo que ejecutaron en el 2020. Para cada periodo, se establecieron los topes que deberán respetar las instituciones.
Además, el Ejecutivo decretó que, para el 2025, las transferencias de dinero que estas instituciones hagan a otras entidades no podrán superar, en más de un 2,53%, las que hicieron en el 2020.
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La meta del Gobierno con ese decreto es que, al final del periodo, el gasto corriente primario se haya contenido en 3,45 puntos porcentuales del PIB.
Según el Ejecutivo, la idea es que, al término del 2025, el ajuste fiscal esté compuesto en un 60% por reducción del gasto y en un 40% de nuevos ingresos.
Esta medida es adicional a la aplicación de la regla fiscal, la cual establece que mientras la deuda pública supere el 60% de la producción, el crecimiento interanual del gasto total debe ser inferior al 65% del promedio de crecimiento del PIB.
A partir del 2022, la regla fiscal ordenará una estricta austeridad en todas las categorías de gastos, desde los corrientes (salarios, transferencias, servicios e intereses) hasta los de capital, es decir, la inversión en obra pública y equipamiento.
Los salarios públicos, por ejemplo, no recibirán ajustes por costo de vida de manera indefinida, mientras la deuda no baje del 60% del PIB.
Congelamiento de pensiones y de vacantes
Otro proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone suspender los aumentos por costo de vida para las pensiones que son pagadas con el Presupuesto Nacional. De hecho, la reforma consiste en un ajuste a la regla fiscal, que ya toma esa medida con los salarios públicos en época de crisis.
La medida aplicaría para las jubilaciones superiores a los ¢462.000 mensuales y se mantendría por tiempo indefinido, hasta que se logre reducir la deuda pública a menos de un 60% del producto interno bruto.
El ahorro anual mínimo sería de ¢84.000 millones anuales, equivalentes a un 0,23% de la producción.
Este plan de ley, a su vez, plantea la prohibición de reponer plazas que queden vacantes en el Gobierno durante el periodo 2021-2025, con ciertas excepciones.
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Reforma del empleo público
El proyecto de empleo público, que se tramita en el Congreso, crearía un esquema de salario global, sin los numerosos pluses que desequilibran los sueldos entre instituciones y que presionan al alza el gasto público, por factores como la antigüedad de los funcionarios.
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En los primeros diez años, los más críticos por la crisis fiscal actual, el ahorro promedio esperado sería de casi un 1,4% del PIB, para todo el sector público.
Según el Fondo, la reforma propuesta por el Ejecutivo es coherente con las mejores prácticas internacionales en esta materia.
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Reducción de exoneraciones
El plan, ya presentado ante el Congreso, reduce tres incentivos fiscales para aumentar la recaudación de impuestos ya existentes en un 0,41% del PIB.
Uno es la exoneración del impuesto de renta sobre los salarios escolares iguales o superiores a los ¢840.000.
Actualmente, el pago adicional que reciben en enero los empleados públicos tiene una exoneración del 100%. Con la reforma, sobre el exceso de los ¢840.000 y hasta ¢1,23 millones, se les cobraría una tasa del 10%. Conforme mayor sea el monto, se añadirían cobros del 15%, el 20% y el 25%.
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Los salarios escolares menores al mínimo definido permanecerían exentos.
El Poder Ejecutivo estima que esta modificación le generaría un ingreso adicional al Estado equivalente al 0,12% del producto interno bruto (PIB).
El plan, además, plantea subir a un 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y los planes de ahorro abiertos en esas organizaciones. Esta medida generaría un monto anual equivalente al 0,13% del PIB.
Otro 0,2% del PIB anual, durante dos años, provendría de elevar temporalmente de un 15% a un 16,5% el impuesto a las ganancias y rentas de capital por dos años.
Asimismo, este texto propone aumentar en cinco puntos los impuestos a las remesas de forma permanente.
Las remesas son las ganancias generadas por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero elaborados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
Dichas tarifas oscilan entre el 5,5% y el 50%; el proyecto de ley las aumentaría en cinco puntos porcentuales para generar un 0,14% de la producción.
De momento, el proyecto plantea también reducir a la mitad la exoneración que tienen los fondos de pensiones complementarias, voluntarias y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), para generar el equivalente a un 0,17% del PIB. Sin embargo, este jueves el Gobierno anunció que desiste de esa idea.
Renta global
Se trata de un mecanismo que hace pagar más a quienes ganan más, y menos a quienes tienen menos ingresos.
En este sistema, se suman todos los ingresos de una persona, con el fin de conocer su nivel de ingresos bruto. Dependiendo de ese resultado, el contribuyente se coloca en una categoría de pago tributario, ya sea más baja o más alta.
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Esta metodología se diferencia del esquema de renta vigente en el país, el cual es de tipo territorial cedular, pues grava de manera diferente, y a diferentes tasas, los diversos ingresos del contribuyente.
La modificación la propuso la mesa de diálogo en la que participaron el Gobierno y los sectores sociales y productivos a finales del 2020.
Aportes de empresas estatales
El Gobierno les pidió a los diputados aprobar un proyecto de ley para que 14 empresas estatales destinen hasta el 30% de sus ganancias anuales por un periodo de cuatro años. En total, el Gobierno pretende obtener el equivalente al 0,20% del PIB en cada uno de los años de vigencia de la norma, unos ¢72.600 millones anuales.
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Impuesto a premios de lotería
Se le cobraría un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a ¢225.000. Con esta medida, el Gobierno busca generar ingresos por unos unos ¢41.800 millones anuales, el 0,12% del producto interno bruto (PIB).
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Impuesto a casas de lujo
El Poder Ejecutivo propone cobrar un tributo anual del 0,5%, sobre el valor, a todas las casas valoradas en más de ¢150 millones.
Según el Ministerio de Hacienda, este tributo generaría ingresos por ¢35.000 millones anuales, equivalentes a un 0,8% del PIB.
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Actualmente, existe un gravamen sobre las casas de más de ¢133 millones, en el que las tasas aumentan de forma progresiva: conforme mayor sea el valor, mayor es el porcentaje de impuesto. Las tarifas escalan desde el 0,25% hasta el 0,55% para las viviendas de ¢2.010 millones o más.
En el plan propuesto por el Gobierno, la tasa sería plana y aplicaría a unas 10.000 viviendas.
Inspección de mercadería en Aduanas
Otro proyecto en trámite legislativo establecería la obligatoriedad de que las mercancías que ingresen al país se inspeccionen por medios no intrusivos, es decir, sin necesidad de que se abran los medios de transporte en los que viajan los cargamentos.
Según el Gobierno, la incorporación de nueva tecnología permitiría mejorar la recaudación de impuestos, al aumentar la eficiencia en la detección de posibles ingresos irregulares de mercaderías.
Venta de cartera crediticia de Conape
El segundo componente derivado del diálogo multisectorial es la venta de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
Según el Gobierno, la operación no implicaría la venta de la institución, ni tampoco despidos de personal. La transacción, además, se haría con un banco público.
Según el Gobierno, esta medida generaría unos ¢175.000 millones.
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Las negociaciones se extendieron durante dos semanas. Al inicio del proceso, el 11 de enero, el Gobierno adelantó que no se aumentaría el impuesto al valor agregado (IVA), ni tampoco se introduciría el impuesto sobre las transacciones bancarias.
La tarde del jueves, la Casa Presidencial anunció que también desistía de gravar los rendimientos de los regímenes de pensiones complementarias.
