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No hay forma de que un proyecto de ley como el 19.506, que procura limitar las retribuciones adicionales de los salarios públicos, avance en la Asamblea Legislativa sin que se le allane el denso trámite parlamentario que podría tener enfrente.
Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, ayer por la tarde, luego de la reunión del Consejo de Gobierno.
Es más, el jerarca asegura que ni ese proyecto, ni el de la regla fiscal o los planes sobre el impuesto de la renta y el del valor agregado (IVA) pueden reunir los 38 votos necesarios para caminar por la vía rápida.
Tampoco está trabajando el Gobierno, tal como se desprende de la respuesta de Alfaro, en romper el cerco del bloqueo legislativo con una moción de vía rápida para el proyecto sobre los pluses, conocido como “plan de empleo público”.
Sí lo hizo antes para llevar al más feliz término posible el trámite de los proyectos sobre lucha contra el fraude fiscal y el impuesto a las sociedades.
“La realidad de hoy es que ninguno de esos proyectos tiene los 38 votos para aplicarles vías rápidas (o vías de no bloqueo, como prefiere llamarlas el ministro)”, comentó Alfaro.
La oferta de bloqueo, que ya hicieron 14 diputados (cinco del partido de Gobierno, ocho del Frente Amplio y una independiente), frenarían toda posibilidad de reunir los 38 votos para aplicar la vía fácil del trámite.
Además, tampoco el Gobierno tiene muchas ganas de mover ese ruta acelerada, según cree el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, pues la única posibilidad de reunir esos votos sería juntarse con partidos que hoy están más que alejados de la Presidencia.
Vargas Rojas cree, en cambio, que Zapote sí está dispuesto a presionar por renta e IVA con la ayuda del Frente Amplio y de Liberación Nacional, que ya favorecieron la vía expedita para el impuesto a las sociedades.
En el camino. En medio del camino para los planes de impuestos del Gobierno está el plan para limitar los pluses salariales.
Sin embargo, tanto la Presidencia como Hacienda enfocan su discurso en advertirle al próximo inquilino de Zapote cuán pesada sería la carga sin recursos tributarios frescos.
José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, enfatizó ayer en la Casa Presidencial que “si no se aprueba la agenda fiscal, el próximo gobierno tendrá que llevar un peso sumamente grande, porque el 55% o el 60% del presupuesto estaría orientado al pago de la deuda”.
La ventaja del Gobierno (y trampa a la vez en todo lo que haga) está en la potestad exclusiva que tiene, desde ahora y hasta abril, para definir cuáles son los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa.
De hecho, por ahora no está en la convocatoria el plan de empleo público, bajo la excusa de que está en consulta de todas las instituciones públicas y que no es necesario estar convocado para que avance de esa forma.
La semana anterior, la liberacionista Sandra Piszk, impulsora de la iniciativa, pidió la convocatoria, pero por ahora terminará el año sin que la discusión sobre los pluses aderece los tamales.
En tanto, Luis Guillermo Solís espera que la suya no sea la cuarta administración al hilo que fracase en la aprobación de un plan de fortalecimiento tributario.
