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El Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa cambios al apartado de empleo público de la reforma fiscal para que se adecúe a las medidas de contención del gasto que anunció el 30 de mayo.
Los cambios serán presentados por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a los diputados de la comisión de Finanzas Públicas, este jueves, según adelantó el ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien compareció este miércoles ante la comisión.
Entre los cambios se encuentran las anualidades. El texto actual de la reforma fiscal fijaría el beneficio en un porcentaje que oscilaría entre un 1,94% y un 2,54% del salario base por cada año laborado, pero el Gobierno decidió que el plus responderá a un monto fijo para evitar el crecimiento exponencial.
En el caso de la dedicación exclusiva, la idea es que el beneficio no sea superior a un 10% del salario base para bachilleres y a un 25% para licenciados, en lugar del 20% y del 55% que se pagan a los funcionarios antiguos y que se establecen en la reforma fiscal.
El Gobierno ya redujo los porcentajes para los nuevos empleados mediante una resolución del Servicio Civil y mediante una reforma al decreto ejecutivo 23.669 de 1994, pues la dedicación exclusiva se fija por decreto, no por ley.
No obstante, la actual reforma fiscal no solo le daría rango de ley a la dedicación exclusiva, sino que fijaría los porcentajes más altos: 20% para no profesionales, 55% para profesionales y 30% para docentes de la educación superior.
En cuanto al plus por prohibición, que sí está fijado por ley, el Gobierno pidió al Congreso establecer que los bachilleres no reciban más de un 15% del salario base y los licenciados un 30%, pues actualmente se paga un 30% y un 65%, respectivamente.
Los aumentos salariales por costo de vida para los funcionarios públicos también tendrían cambios, pero Núñez no los precisó.
