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El gobierno anunció una “sólida” y “robusta” agenda de transformación de instituciones públicas para los cinco meses de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que empiezan el 1.° de diciembre, en los que el Ejecutivo marca la pauta.
Así lo adelantaron por separado el presidente de la República, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; y la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
El presidente Alvarado afirmó que el objetivo es "mejorar la eficiencia de la institucionalidad pública”.
“Todo lo que hemos llevado adelante es para tener un Estado social de derecho que le sirva a las personas, pero que también sea más eficiente”, dijo.
En tanto, el ministro de la Presidencia destacó que la agenda estaría lista desde finales de noviembre y será prioridad hasta el 30 de abril. Dijo que será “importante", pues seguirá contribuyendo a la "transformación y a las reformas de las instituciones que el país necesita”.
La ministra de Planificación anunció que dos de los proyectos que integrarán la agenda son la simplificació de las 76 instituciones desconcentradas del Gobierno central y el nuevo texto de reforma al empleo público.
Al esbozar el contenido de la primera iniciativa, Garrido explicó que esta definiría “cuáles servicios se pueden optimizar mediante una reingeniería” de los órganos desconcentrados.
Las instituciones desconcentradas operan de manera independiente a los ministerios, con sus propias proveedurías, asesorías legales o departamentos de recursos humanos.
Entre ellas están el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), así como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), las administraciones de los museos y las de los teatros públicos.
En concreto, el plan escogerá los órganos que podrían reconcentrarse a un ministerio, cuáles quedarían igual y cuáles pasarían a un nivel de desconcentración mínima, explicó la ministra.
Desde marzo pasado, el Ministerio de Planificación (Mideplán) evalúa si es necesario mantener 76 instituciones como órganos desconcentrados.
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“¿Cuáles de estos, entonces, perdieron sentido a la luz de la Ley de órganos desconcentrados? ¿En cuáles hay duplicidad funcionales ya no tanto a nivel del marco legal, sino propiamente de su operación diaria? En ese trabajo estamos y ese es uno de los (proyectos) que vamos a presentar”, explicó Garrido.
En marzo anterior, Garrido afirmó que el futuro de cada una de las instituciones sometidas a análisis dependerá del valor público que tengan a largo plazo, es decir, en dos o tres décadas.
La tarea de revisión se inició con el Ministerio de Cultura por ser la entidad con más órganos desconcentrados; en total, tiene 15 dependencias.
Cambios en empleo público
Morales, Alvarado y Garrido mencionaron que otro de los proyectos de la agenda para el periodo de sesiones extraordinarias será un nuevo texto sobre empleo público.
Esta iniciativa pretende estandarizar el empleo en el Estado y establecer un salario único que sea competitivo por sí solo, sin necesidad de contener pluses que disparan el gasto.
Aunque Garrido indicó que el nuevo texto se encuentra en etapa de “dibujo”. Adelantó que este plantearía excluir a las empresas públicas en competencia, dado que estas constituyen “un régimen privado”.
También, luego de que la Contraloría General cuestionara la primera propuesta del gobierno de crear ocho subregímenes, la ministra comentó que la nueva iniciativa buscaría simplificarlos, pero no detalló a cuántos.
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Sobre salario único o global, explicó lo siguiente:
"Aunque reconocemos que en el empleo público tiene que haber diferencias, especificidad, especialidad y racionabilidad, también tiene que haber una columna vertebral común en materia de remuneraciones que, para lo que señala la Constitución, sería a igual trabajo igual salario. Es decir, que las mismas condiciones de responsabilidad se homologuen”.
El gobierno había presentado en abril de este año un primer proyecto de empleo público.
Sin embargo, a mediados de octubre, la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa acordó frenar la discusión durante dos meses, a la espera de que el Ejecutivo envíe un texto sustitutivo.
Esa propuesta establecía un salario global que procuraba nivelar las desigualdades de sueldos existentes.
También, creaba un régimen general de servidor público y siete subregímenes diferenciados los cuales son: trabajadores de la salud, de policías, de educación, del servicio exterior, de universidades públicas, del Poder Judicial y de confianza.
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Empero, la iniciativa recibió la crítica de la Contraloría General de la República (CGR) que calificó la estructura del texto como “incompleta”, “insuficiente” e “inconsistente”.
El ente contralor añadió que la iniciativa, al establecer subregímenes, mantenía las desigualdades al no lograr estandarizar la regulación jurídica de todo el sector de empleo en el Estado.
La propuesta tampoco lograba equidad en los salarios, a pesar de que ese era el espíritu del documento; de acuerdo con la Contraloría.
